Lo denunció la Procuraduría, que indicó que solo 44 de los 77 despachos de la capital cuentan con esta célula, que debe estar integrada, por lo menos, por un trabajador social, un sicólogo y un nutricionista. El Ministerio Público le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que garantice la presencia de estos grupos en las diferentes defensorías, tras las visitas efectuadas en la sede nacional de esta institución, la regional de Bogotá y 16 centros zonales. Además, tras fijar varias recomendaciones, instó al ICBF para que, en un tiempo perentorio de dos meses, presente un cronograma de acciones en las que se materialicen las sugerencias. Finalmente, se mostró en desacuerdo con la posibilidad de que la rectoría del Servicio Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) sea trasladada del Instituto al Departamento para la Prosperidad Social.