La institucionalidad del mercado de capitales colombiano a la luz de los recientes acontecimientos

Mauricio Rosillo Rojas Director de la Especialización en Derecho del Mercado de Capitales, PUJ mauriciorosillo@gmail.com

La crisis de Interbolsa y sus efectos en el mercado de capitales colombiano, por su impacto económico y su trascendencia mediática, requieren un análisis profundo sobre la arquitectura actual del mercado de valores y sobre las políticas que hay que revisar para evitar que este tipo de situaciones vuelva a presentarse.

No obstante, hay que examinar los hechos con una visión pragmática y no como producto de la calentura del momento. Por eso el debate debe centrarse en cómo mejorar la institucionalidad existente y no en cuestionarla implacablemente. Y es que es imposible diseñar un esquema que garantice que una institución financiera no falle. También es imposible establecer con precisión absoluta cuál es el momento específico en el tiempo en que el Estado debe intervenir bajo el mecanismo de la toma de posesión, porque evidentemente no se tiene toda la información. Por eso es absurdo pensar que el Estado resulte responsable ante una situación como esta.

Si miramos objetivamente, las entidades reguladoras y supervisoras del mercado en este caso actuaron de conformidad con la legislación vigente y la información disponible. De hecho, se logró el principal objetivo para el cual existe la regulación financiera que es evitar el riesgo sistémico. Asunto que, por lo demás, se manejó de forma impecable. Los cuestionamientos sobre la conducta de los administradores y los actores en la sombra serán investigados por las diferentes autoridades competentes, respetando el debido proceso como ocurre en cualquier Estado de derecho. En el evento de comprobarse irregularidades, habrá sanciones ejemplarizantes para quienes incurrieron en incumplimientos a las normas del mercado y cometieron delitos, con lo cual se genera el efecto disuasivo que se requiere para que las prácticas indebidas no se repitan.

En este entorno de confusión también es bueno recordar que el rol de control y vigilancia de los emisores e intermediarios en el mercado de valores es de todos los actores. En primer lugar, de las mismas instituciones que desarrollan estas actividades para lo cual deben existir mecanismos adecuados de control interno, gobierno corporativo y administración de riesgos. Por otro lado, están los organismos de autorregulación del mercado de valores, las bolsas de valores y las superintendencias. Y finalmente, los mismos inversionistas y clientes que invierten o entregan en administración sus recursos, quienes tienen el deber de hacerle seguimiento y monitorear el comportamiento de la entidad, fenómeno que se conoce en el mundo académico como la disciplina de mercado.

Situaciones como la ocurrida escapan a cualquier diseño institucional y no hay sistema de control, privado o público, que sea inmune a decisiones erradas, riesgosas o indebidas, adoptadas por administradores o actores en la sombra. Es por eso que, cuando ocurren, conllevan la máxima expresión de la intervención estatal en esta materia, a saber, la toma de posesión para proceder a liquidar. Pretender que el diseño institucional garantice que estas situaciones no van a ocurrir, no solamente implicaría la coadministración sino que sería pretender, guardadas las proporciones, que, por ejemplo, el Estado garantice que no habrá más pobreza o que todos los ciudadanos tendrán cobertura ilimitada en salud.

Por eso no hay que perder el tiempo ni recursos en discusiones bizantinas. Algunos han planteado la necesidad de reformar la ley del mercado de valores. No estamos de acuerdo con esa apreciación. La Ley 964 del 2005 es una ley bien diseñada, que establece el marco regulatorio dentro del cual el Ejecutivo puede actuar con mucha flexibilidad para solucionar la mayoría de los problemas que se presentan en el mercado y que van cambiando con el tiempo.

Obviamente hay que mejorar diferentes aspectos de la institucionalidad del mercado de capital, lo cual no requiere en su gran mayoría ajustes de ley sino una política pública clara y definida. Por ejemplo, el diseño y alcance de las redes de seguridad en el mercado de valores; el fortalecimiento de los estándares de ética y conducta de los operadores por la vía de la autorregulación; mayor trabajo en educación financiera en estas materias; la capacitación de las diversas autoridades incluyendo la rama judicial en temas de alta complejidad técnica; la coordinación entre las diferentes autoridades del sector para que exista mayor efectividad; continuar con el proceso de consolidación de la infraestructura del mercado; endurecer la regulación prudencial y el mejoramiento de las prácticas de gobierno corporativo.

Hay otros temas que seguramente requerirán una discusión en el Congreso como la necesidad de regular los grupos financieros, asunto que ya habíamos planteado en otra columna, para que no existan vacíos ni arbitrajes en la regulación y supervisión. Pero quizá el punto más importante es el establecer las herramientas legales para que los operadores que fungen en la sombra intermediando y especulando en el mercado de valores con el ropaje de “inversionistas”, “asesores” u otras denominaciones, sean objeto de regulación, supervisión y certificación.

Todos estos temas y otros tantos serán discutidos a cabalidad en el 2013, a raíz de los recientes acontecimientos. Ojalá aprovechemos esta lamentable experiencia para mejorar y fortalecer la institucionalidad y la normativa y no utilicemos esta situación con oportunismo político o bajo la influencia de la desmedida presión mediática. Por fortuna, para el interés general, sigue existiendo confianza en el mercado y por eso, a pesar de las vicisitudes, sigue funcionando normalmente.