Andrés Flórez Villegas Socio Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos aflorez@esguerrabarrera.com

Desde la creación en 1929 de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa de Bogotá, la autorregulación en el mercado de valores ha sido un tema de continuo debate entre los inversionistas, las autoridades y las entidades financieras.

Estos debates han resurgido a propósito de la debacle de Interbolsa y de Proyectar Valores. Para los inversionistas afectados por dichas entidades, los perjuicios sufridos son la prueba reina de la inutilidad de la autorregulación, mientras que para algunas entidades autorreguladas es la demostración de que se están destinando cuantiosos recursos a esquemas que en la práctica no funcionan.

Mientras en Colombia el debate se adelanta de forma atropellada, hay que decir que en otras partes del mundo se hace de forma organizada y con estudios serios. En efecto, en un estudio del 2013 del CFA Institute sobre autorregulación en los mercados de valores (Self Regulation in the Securities Markets - Transition and New Possibilities) se abordan los mismos cuestionamientos mencionados pero a partir de trabajos de campo debidamente analizados.

El reporte destaca las dudas que surgieron en EE UU sobre la relevancia del sistema de autorregulación actual y de la existencia misma de las entidades de autorregulación (SRO por su sigla en inglés), especialmente con la serie de sanciones y multas impuestas en contra de algunas de ellas, al mismo tiempo que se considera el futuro de la autorregulación a nivel internacional.

En el reporte se explica cómo algunos cuestionan si las SRO pueden seguir el ritmo de los productos financieros y las tecnologías que cada vez son más complejas, mientras otros argumentan que justamente la habilidad de las SRO de “adelantarse” a los supervisores estatales, ante casos complejos, es lo que justifica su existencia.

Al mismo tiempo, el reporte pone sobre la mesa algo que es innegable: la autorregulación bien organizada puede aliviar el trabajo de los supervisores financieros –en nuestro caso de la Superintendencia Financiera– que tienen recursos limitados y un gran número de actores bajo supervisión. Pero si no hay coordinación, lo que se presenta es un caos que aprovechan aquellos que quieren esquilmar a los inversionistas.

Al margen de la discusión sana sobre si debe existir o no la autorregulación, para el caso colombiano debe decirse que, con todos sus posibles beneficios, el AMV tiene problemas que deben abordarse para mantener –o recuperar– su credibilidad.

Estamos en mora, por ejemplo, de mejorar el gobierno corporativo del AMV, para mejorar la confianza de los mercados y de los inversionistas. Como lo señaló ANIF hace un tiempo y lo resaltaron el FMI y el Banco Mundial a finales del 2012, la independencia del consejo directivo del AMV frente a sus supervisados, entre otras, debería ser objeto de discusión.

También se debe poner atención en que el AMV tenga una adecuada coordinación con la Superintendencia Financiera, en lugar de andar echándose la culpa sobre lo que salió mal en el pasado. Priorización, memorandos de entendimientos claros e información fluida entre las entidades debería ser la regla general y no la excepción.

Finalmente, hay que eliminar incentivos perversos. No puede ser que para mostrar supuestos resultados el AMV se enfoque en temas intrascendentes o en únicamente imponer multas a quienes en todo caso ya no volverán al mercado. En ese sentido, debería dársele prioridad –sin dejar de sancionar, por supuesto, a los responsables de las debacles– a supervisar a las entidades que están en funcionamiento y a los asuntos verdaderamente materiales. Siempre es mejor prevenir que lamentar.