Desafíos de la convergencia a estándares internacionales de reporte financiero

Ricardo Vásquez Bernal Magíster en Economía y Finanzas  Socio de Baker Tilly Colombia Consulting  rvasquez@bakertillycolombia.com

En el marco de la globalización y estabilización de los flujos de capital, existe una macro regulación denominada arquitectura financiera internacional, que orienta la necesidad de que los Estados nacionales mantengan una legislación común para evitar problemas de arbitraje y crisis desestabilizadoras de las economías. 

Con ese propósito se han definido los conocidos estándares internacionales de reporte financiero (IFRS), que dicho sea de paso vienen siendo estudiados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que sean adoptados en Colombia. Con esa visión, se considera que la trasparencia de la información sobre la situación de las empresas a nivel internacional resulta ser clave para la toma de decisiones de los inversionistas y prestamistas de capital, que deben permitirse la posibilidad de comparar y analizar el desempeño y resultados de las empresas sobre bases uniformes, a nivel global.

Por estas razones, nadie discute en el mundo la necesidad de que las empresas de interés público y emisores de deuda que tienen la responsabilidad de rendir cuentas se acojan, sin excepción, a estos principios y criterios técnicos de reporte. Las estadísticas son claras. De una muestra de 170 países, más del 70% ha optado por hacer obligatoria la adopción de los estándares de reporte para sus empresas del mercado de valores. El 30% restante son países que han definido una transición voluntaria o simplemente no cuentan con bolsas de valores o empresas de tal naturaleza. En estos procesos es evidente que se generan impactos para tales empresas, y por supuesto, se esperan en las empresas colombianas cuando empiecen a desmontar el modelo de contabilidad tributaria para generar un modelo de contabilidad  económica.

Sin embargo, es fundamental advertir que en estos casos no se estudian impactos para establecer posibles desviaciones regulatorias, sino para establecer planes de gradualidad en la implementación. Por esta razón, es suficiente con que las autoridades gubernamentales formulen los plazos y planes de entrada, para que las propias empresas valoren sus impactos y estrategias de cambio y se preparen, de manera ordenada y sistémica, para una transición que no tiene reversa. De no hacerse así, se producen expectativas falsas y efectos negativos para ciertas empresas del mercado de valores, que de golpe prefieren mantenerse en el status quo vigente, por simples consideraciones de beneficio sobre costo, bajo una consigna elemental: entre más se alargue el proceso, mejor.

Distinto es el tema de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que en el argot internacional se reconocen como empresas de interés, por cuanto no tienen la responsabilidad de emitir reportes públicos para toma de decisiones. El tema es que el organismo emisor de los estándares de reporte internacional propuso también un marco de estándares para este tipo de empresas, partiendo de la consideración de una relación global de algunas de estas empresas con terceros y proveedores a nivel internacional. Pero las estadísticas advierten que este marco está pasando, primero, por un examen de conveniencia local y su efecto en el desarrollo económico de los Estados nacionales. De una muestra similar a la anterior, esto es de 170 países, cerca de un 25% ha establecido la aplicación obligatoria de estos estándares, y el 75% restante, donde se encuentran las principales economías, ha definido transiciones voluntarias o simplemente no han acogido el estándar de pymes (IFRS-SME).

Son varias las razones, y una muy fuerte es que son empresas que en la mayoría de los países sustentan las variables del desarrollo económico en dos temas cruciales: empleo y pobreza,  y en el caso de Colombia no es menor, por cuanto requiere acciones de formalización de un sinnúmero de empresas para que accedan al crédito y de un marco que estimule la transparencia financiera. Esto controvierte esas tesis que pregonan que como aportan poco en el PIB estás empresas son menos relevantes, sin advertir que, en últimas, representan a la mayor población colombiana.

En efecto, los impactos del marco internacional de reporte de pymes para las empresas locales en Colombia se traducen en ciertas exigencias que pueden ser gravosas para las empresas locales y que resumo, simplemente, en la no posibilidad de incorporar ciertos activos en el futuro: valorizaciones de activos, costos de financiamiento para adquisición de activos, costos de investigación y costos asociados a los ingresos, amén del cambio que, por supuesto, generará el desmonte de activos y pasivos con fines meramente tributarios sin esencia económica para generar beneficios.

La intervención de las autoridades en este frente requiere tener claros los impactos para establecer los caminos más convenientes para potenciar una regulación que, insisto, tiene más trascendencia local que internacional, cuando se habla de un país cuyas empresas, salvo algunos sectores, no son precisamente competitivas a nivel internacional. En este proceso es viable establecer posibles desviaciones regulatorias, manteniendo la voluntariedad de que ciertas empresas puedan acoger el marco internacional IFRS-PYMES, pero son ellas las que toman la decisión y no las autoridades. En este caso, se privilegia la necesidad de que el Gobierno tenga profundamente claro esos impactos, dado que si bien son menos importantes los plazos y planes de entrada, sí lo es la necesidad de formular un marco regulatorio integral y base de aplicación local, con tres características básicas: convergencia, flexibilidad y alineación. Convergencia con los criterios y principios de los estándares IFRS-PYMES; flexibilidad para mantener ciertas políticas de reconocimiento y medición de conveniencia local de conocimiento público, y alineación con la regulación comercial, fiscal, financiera y de control gubernamental. 

Termino diciendo que esto, tal vez, no lo tiene suficientemente claro el Consejo Técnico de la Contaduría Pública,  por cuanto el documento de direccionamiento estratégico recientemente emitido propone una aplicación total de los estándares internacionales de información, incluidos aquellos que emitió el cuerpo ISAR de Naciones Unidas para empresas que no tienen información, para mi gusto, inferior al marco de principios de general aceptación que se aplica en Colombia para las empresas y personas naturales que deben llevar contabilidad.

*Estas son opiniones personales que no comprometen la posición de la firma.