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Actualizado hace 11 hours | ISSN: 2805-6396

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Columnistas


Competitividad e incertidumbre legal (II)

02 de Abril de 2013

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Mauricio Rosillo

Mauricio Rosillo Rojas

Director de la Especialización en Derecho del Mercado de Capitales, PUJ

mauriciorosillo@gmail.com

 

 

Hace un par de meses en esta columna comentábamos sobre la inflación regulatoria y su efecto en la competitividad. Mencionábamos que para que existiera competitividad se requerían políticas y acciones articuladas de los diferentes actores de la sociedad pero especialmente del Estado. Destacábamos que las condiciones mínimas para que el país fuera competitivo eran justicia, infraestructura, educación, tecnología, innovación, seguridad, competencia en los mercados, un sistema financiero sólido e  igualdad social, entre otras. Concluíamos que la inflación regulatoria que padece el país era un elemento limitante para mejorar nuestra competitividad.

 

Vale la pena complementar esta reflexión con otro fenómeno relacionado que afecta la competitividad: la inestabilidad jurídica. Para que un país pueda desarrollarse necesita estabilidad en sus reglas de juego. Un agente económico debe tener claridad en las normas y reglas que le aplican a su actividad para poder tomar decisiones de negocios o de otra naturaleza. Esto igualmente aplica para cualquier ciudadano en los temas más sencillos de su diario vivir. Si las reglas cambian permanentemente o las mismas tienen múltiples interpretaciones dependiendo de factores políticos, sociales o coyunturales, se genera desconfianza, confusión e inejecución. 

 

Al cambiar los supuestos que se tuvieron en cuenta para realizar un negocio o una actividad, necesariamente cambian los efectos y los resultados del mismo. Por eso, los agentes económicos tienen muy en cuenta esta circunstancia a la hora de hacer negocios, emprender proyectos o invertir. Por ejemplo, para realizar un negocio debe hacerse una planeación financiera que lógicamente incluye un componente tributario. Pero, ¿cómo puede hacerse una planeación financiera seria si cada dos años en promedio, después de incumplir promesas de campaña, se cambian las normas tributarias dependiendo de los gustos o tendencias del funcionario de turno? Se pregunta uno si alguien mide el costo-beneficio para una sociedad y una economía de esos constantes cambios en las reglas de juego. ¿Alguien tiene en cuenta el impacto transaccional, operativo y tecnológico, con sus respectivos costos, de estos cambios?

 

Otro ejemplo palpable de incertidumbre es lo que está pasando en el país con las funciones de los entes de control, donde permanentemente hay un ojo avizor que interpreta y juzga cómo se aplican las reglas y si la actuación fue buena o mala. Estas funciones que cambian de alcance y que en ocasiones son una reacción a presiones mediáticas, exacerban la incertidumbre legal. No quiere decir esto que no se ataque con todo el rigor el fenómeno de la corrupción, fenómeno que es quizá de los que más afecta la competitividad. Pero tampoco se puede administrar ese control de tal forma que en la práctica comience a generar una parálisis del quehacer estatal con sus respectivas consecuencias.

 

Y es que a raíz de esta situación ya comienza a ser evidente en ciertos sectores una parálisis de lo público y lo privado. Los privados, tienen temor  de emprender proyectos o negocios por la falta de certeza en las reglas de juego visualizando riesgos de demandas, denuncias, investigaciones y todo tipo de procedimientos que desgastan y tienen consecuencias sobre la reputación. Por su parte, los funcionarios del Poder Ejecutivo analizan con temor y cuidado los riesgos frente a los órganos de control que pueden tener sus actuaciones y hasta qué punto estas pueden ser cuestionadas. Conclusión, un círculo vicioso donde nadie actúa y donde el gran perjudicado es el país. Un típico ejemplo de esta circunstancia es el del sector de la infraestructura, que lleva años sin poderse desarrollar a profundidad a pesar de todo su potencial, por situaciones como la mencionada.

 

Esta incertidumbre jurídica, además, está generando otros problemas de suma gravedad  como que los profesionales mejor preparados y competentes se están alejando del sector público por los riesgos personales que trae esta actividad. Hay que ponerle atención a esta situación que es gravísima para una Nación.

 

Experiencias recientes sobre esta problemática de inestabilidad jurídica a nivel regional también se ven a diario. ¿Qué tal los nefastos efectos que se  están generando en Bogotá por el cambio en las reglas de juego para construir en la ciudad?

 

En fin, nos podríamos quedar citando innumerables situaciones. Por eso, como cualquier sociedad madura deberíamos centrarnos en debatir, corregir y resolver los problemas que realmente nos afectan y propender porque en lo demás exista estabilidad. La incertidumbre jurídica es antidemocrática.

 

A raíz de los fenómenos económicos globales y de la particular situación de Colombia, hemos tenido unos años de bonanza. Pero si no hay certeza en las reglas de juego, esta no será sostenible. No podemos olvidar que los capitales, que traen desarrollo y bienestar, migran a países donde encuentren institucionalidad y estabilidad. Por eso, todos somos responsables y debemos resolver esta problemática en donde lo que está en juego es nuestra competitividad.

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