Competitividad de inflación regulatoria, parte I

Mauricio Rosillo Rojas Director de la Especialización en Derecho del Mercado de Capitales, PUJ mauriciorosillo@gmail.com

Son muchas las definiciones del concepto de competitividad. Vamos a asumir que este concepto se refiere a la capacidad que tiene un país, una región o una ciudad de generar unas condiciones que permitan competir en la generación, distribución, intermediación de bienes y servicios en forma sostenible, atrayendo capital y talento humano.

Para que exista competitividad se requieren políticas y acciones articuladas de los diferentes actores de la sociedad pero con un claro protagonismo del sector público. Así mismo, se requieren condiciones como una buena justicia, infraestructura, educación, tecnología, innovación, seguridad, competencia en los mercados, un sistema financiero sólido, bajos niveles de corrupción, entre otras.

Hay países, ciudades o regiones que ofrecen incentivos tributarios, condiciones especiales, estabilidad jurídica, por ejemplo, con el propósito de atraer inversión local e internacional y así ser más competitivos. Claro ejemplo de esta situación son Singapur y Hong Kong.

La estructura del Estado y el buen gobierno determinan también el grado de competitividad de una sociedad. Entre mayor competitividad exista, mayor será el desarrollo económico y social, empleo, crecimiento y oportunidades. No en vano se compite por que las empresas se asienten en determinado lugar o por traer eventos deportivos como un gran torneo de fútbol o una olimpiada.

Si las condiciones anotadas no están dadas o empiezan a cambiar, los capitales, el talento y la inversión se desplazan a lugares que sí las ofrecen afectando y alterando el mapa de competitividad regional. Por eso vemos cómo nuestro país ha mejorado en competitividad y cómo algunos países han disminuido.

Pero para que exista competitividad también se requiere un buen diseño del sistema legal donde existan reglas de juego claras, consistentes y que no se estén cambiando.

A raíz de esta reflexión surgen muchas preguntas. Estamos en un Estado con una inflación legislativa y regulatoria sin antecedentes. En las páginas de este prestigioso periódico se comentan y se informan cada quince días cientos de disposiciones normativas en diferentes materias. Es evidente que esta inflación normativa atenta contra la competitividad de un país.

¿Cuántos proyectos de ley, leyes, decretos, resoluciones, circulares hay cada año? ¿Los problemas se resuelven con normas? ¿No sería deseable un régimen legal simple y sencillo pero que todos cumplamos? ¿Es razonable que tengamos esa cantidad de legisladores y reguladores pensando básicamente en expedir reglas?

¿Por qué tenemos una reforma tributaria cada dos años pero temas estructurales como una reforma a la justicia o a la salud no avanzan o cuando lo hacen no resuelven los problemas de fondo? ¿Hasta qué punto los proyectos de ley se usan para presionar a determinados sectores o para beneficiar indebidamente a otros? ¿Cuál es el verdadero análisis de costo-beneficio que se hace antes de que un ente estatal expida una normativa? ¿No es, muchas veces, mayor el costo que el beneficio para la sociedad?

Esta inflación de normas genera inestabilidad jurídica, dificulta los negocios, disminuye la transparencia, enreda la relación entre el Estado y los particulares y entre los diferentes entes del Estado. En últimas, afecta la competitividad del país y de nuestras regiones. ¿No será que estamos desaprovechando el momento único que está viviendo Colombia? Legisladores, reguladores y cualquiera que tenga este tipo de funciones, deben ser conscientes y responsables de los efectos de sus decisiones en la competitividad del país.