El Gobierno no había terminado de divulgar los beneficios que recibirían los deudores que se sometieran al régimen de insolvencia para personas naturales cuando la Corte Constitucional anunció la inexequibilidad de la Ley 1380 del 2010 por un vicio de trámite. El Decreto 3274, que reglamentó la norma, duró en vigencia menos de dos semanas. La Corte no ha publicado la sentencia.