Caleidoscopio de las instituciones financieras

Hernando Bermúdez Gómez

Abogado. Profesor asociado del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana

Las instituciones financieras, es decir, aquellas descritas en el Capítulo I de la Parte Primera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, son objeto de distintas percepciones por parte de la comunidad colombiana. Esto se debe, en primer lugar, a la gran diversidad de conocimientos que poseen los diferentes individuos de nuestra sociedad, en la cual hay expertos en ellas, así como personas que ignoran su existencia.

En segundo lugar, entre las personas que las conocen, hay quienes las aprecian y quienes las aborrecen. En tercer lugar, algunos sostienen relaciones con ellas, mientras otros no tienen ningún vínculo con tales instituciones.

Por lo general, el Gobierno, el propio gremio y muchos economistas, incluyendo profesionales específicamente dedicados a las finanzas, suelen sostener que las instituciones financieras son esenciales para el funcionamiento de las sociedades contemporáneas, puesto que estas son inconcebibles sin instrumentos que permitan dirigir recursos de los inversionistas hacia los empresarios.

Desde una perspectiva legal, las consideran como entidades de orden público, cuyo funcionamiento interesa en grado sumo, al punto de que su debilidad perjudica tanto a sus clientes como a la comunidad en general. En las últimas décadas, las instituciones financieras han sido percibidas como un medio eficaz para enfrentar uno de los más graves comportamientos sociales: la corrupción.

A partir de esa concepción, se están adelantando, incluso en nuestro país, campañas para bancarizar a la generalidad de la población. La cosa llega al punto de considerar no deducibles en materia de impuesto a la renta un porcentaje de los pagos que se hicieren en efectivo, con lo cual se busca incentivar las transacciones por medio del sistema financiero. Se trata de entidades muy grandes con relación a las demás que componen el empresariado colombiano. En torno a ellas giran gigantes proveedores de bienes y servicios, el aparato estatal en todos sus niveles territoriales y muchas entidades para quienes las instituciones financieras son los compañeros ideales para realizar acciones en los más diversos aspectos de nuestra vida social.

Al mismo tiempo, una gran mayoría de la población trata de no tener contacto alguno con el sistema financiero, convencida de que todo lo que este toca lo encarece y dificulta. Si no lo logran, como cuando los trabajadores de salario mínimo se ven forzados a tener una cuenta para recibir su salario, suelen retirar todos sus fondos en una sola transacción. Como muchos individuos, odian el famoso cuatro por mil. Además, no faltan los intelectuales, muchos de ellos sin medios de comunicación que los visibilicen, que siguen pensando que el sistema financiero es el ejemplo más perfecto del mundo capitalista, aquel al cual se le califica de salvaje.

Educación económica y financiera

Es en este escenario que debemos pensar en la Ley 1735 del 2014, en cuyo artículo 9º se lee: “El Ministerio de Educación Nacional incluirá en el diseño de programas para el desarrollo de competencias básicas, la educación económica y financiera, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994.”, disposición que, según su exposición de motivos (Gaceta 352 del 2014), se expidió “… con el fin de refrendar lo establecido en el artículo 145 de la Ley 1450 de 2011…”.

Empecemos por anotar que su eventual impacto estará determinado por el nivel de escolarización de la población, el cual ha ido en aumento, al tiempo que sigue experimentando altos y, por tanto, preocupantes niveles de deserción. Entre los que no están escolarizados, los que estándolo no aprenden y lo que se retiran luego de aprender las bases de la lectura, la escritura y la matemática, se conforma un grupo importante que no será impactado por este nuevo ingrediente de la formación básica.

¿Cuál será la orientación de este esfuerzo?, que deberá estar cruzado por las libertades constitucionales de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. ¿Será un medio publicitario en beneficio del sector? ¿Será un instrumento para combatir la ignorancia, desmitificar el sector, contradecir a los enemigos del capitalismo? ¿Será un elemento que apoye la sostenibilidad de los hogares, la formación y administración de nuevos emprendimientos, un medio para que todos contribuyamos a mejorar la asignación de nuestros recursos limitados, que, de paso, nos habilite para colaborar en la lucha contra la corrupción? ¿Tendrá un poco de todo lo anterior?

Hace tiempo que la formación remotamente llamada “en banca” era entendida como parte fundamental de la preparación de los estudiantes, que debían aprender las técnicas básicas de las finanzas. Hoy es claro que muchas instancias de la sociedad ubican la economía en el contexto de la política, la sociología, la antropología, el Derecho y, en general, de las ciencias sociales. Ya no es posible pensar en meras técnicas, sino que es necesario visualizar la citada educación como un medio del desarrollo humano, de la formación de la personalidad y, más específicamente, de una ciudadanía activa.