El Gobierno sancionó la ley que acelerará los procesos de expropiación por motivos de utilidad pública. Así, se reforma la Ley de Infraestructura (Ley 1682 del 2013) para que los jueces puedan ordenar la entrega de los bienes inmuebles necesarios para proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico en un término improrrogable de 10 días hábiles. Lo anterior bajo la condición de superar la etapa de oferta y negociación directa. Según la nueva ley, una vez notificada la oferta, se entenderá iniciada la etapa de negociación directa, en la cual el propietario tendrá un plazo de 15 días hábiles para manifestar su voluntad de aceptarla o rechazarla. Así mismo, indica que será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos 30 días hábiles de la comunicación de la oferta de compra no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria. Igualmente, aclara que el precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los catastros descentralizados o por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones.