Se prorroga por cuatro años más la vigencia de la Ley 418 de 1997, que consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. La vigencia de esta norma ha sido extendida varias veces, la última fue a través de la Ley 1421 del 2010. En ella se establecen los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación con grupos armados al margen de la ley y se brindan instrumentos para fortalecer la seguridad ciudadana y la preservación del orden público. También servirá para conservar los programas de protección en derechos humanos, atención a las víctimas del terrorismo, los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Como novedades, la nueva ley contempla la homologación de la práctica profesional con el servicio militar obligatorio, cuando los jóvenes resuelvan su situación militar luego de realizar estudios de educación superior. Por otra parte, quienes participen en acercamientos, diálogos o negociaciones, o en la celebración de acuerdos de paz, no incurrirían en responsabilidad penal o disciplinaria por razón de su intervención.