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Aplicación de normas de competencia en el entorno digital

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Aplicación de normas de competencia en el entorno digital (Bigstockphoto)

Diego Cardona

Socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

 

Las tecnologías digitales han permeado de manera profunda prácticamente todos los aspectos de la sociedad moderna, desde la forma en que interactuamos como individuos hasta el surgimiento de modelos de negocios que giran en torno a los datos personales como moneda de cambio.

 

Es indiscutible que la revolución digital ha tenido un impacto significativo en nuestras vidas, ha puesto a disposición de los consumidores productos y servicios que anteriormente estaban fuera de su alcance, al tiempo que las plataformas permiten el acceso al mercado a nuevos oferentes y las economías colaborativas reducen los costos de transacción, al conectar en tiempo real oferta y demanda.

 

En general, la innovación digital ha contribuido a hacer más eficiente el aparato productivo y, consecuentemente, a incrementar el bienestar del consumidor.

 

Sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios de la innovación tecnológica, las nuevas dinámicas inherentes a los mercados digitales generan inquietudes en diversos campos, desde la privacidad de las personas hasta el poder de mercado que pueden consolidar las empresas de tecnología.

 

A nivel global proliferan las discusiones acerca de la aptitud de los sistemas legales actuales, particularmente de las normas de competencia, para proteger la economía de mercado en el entorno digital, y algunos sectores reclaman una mayor regulación dirigida a corregir las fallas de mercado y las nuevas problemáticas que se observan alrededor de la economía digital.

 

Por su parte, las autoridades de competencia en varias jurisdicciones han reforzado sus labores respecto del nuevo entorno. Recientemente, las agencias de competencia de EE UU (la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia) anunciaron la creación de grupos de trabajo y la apertura de investigaciones dirigidas a monitorear la competencia en los mercados de las grandes empresas de tecnología. Una de estas empresas ha sido sancionada por la Comisión Europea en más de una oportunidad, incluyendo una multa récord de 4,3 billones de euros, por el aparente abuso de poder de mercado en los servicios de búsqueda general en internet, y más recientemente una multa de 1,5 billones de euros por prácticas abusivas en el mercado de publicidad online.

 

Son múltiples los retos en materia de competencia que ha traído la era digital y son aún mayores los que se avecinan de la mano de la innovación y la evolución tecnológica característica de la industria.

 

La convergencia tecnológica propia del sector ha conducido a que empresas que tradicionalmente se especializaban en cierto producto desarrollen tecnologías para ofrecer bienes o servicios adicionales que comparten recursos e interactúan entre sí. Si bien esto ha permitido el desarrollo de productos que actualmente ofrecen grandes beneficios al consumidor (ej. los teléfonos inteligentes actuales), también plantea dificultades para las autoridades al momento de establecer los linderos del entorno competitivo.

 

Esta situación es ostensible en el sector TMT (tecnología, media y telecomunicaciones), particularmente en la industria del entretenimiento, donde empresas de tecnología han realizado cuantiosas inversiones para ingresar y competir de forma disruptiva con las empresas tradicionales de medios en la producción y oferta de contenidos (ej. plataformas de video OTT).

 

Estas dinámicas desdibujan las líneas entre las dos industrias y dificultan el monitoreo de las condiciones de competencia por parte de las autoridades.

 

Otra característica propia de las plataformas digitales que dificulta la aplicación de normas de protección de la competencia tiene que ver con su multidimensionalidad y la generación de efectos de red, que se producen cuando la utilidad que un usuario obtiene de un bien o servicio aumenta en la medida en que otros usuarios o agentes lo utilicen; lo anterior puede redundar en beneficios para el consumidor, pero, a su turno, bajo ciertas circunstancias, puede generar barreras de entrada y poder de mercado.

 

Los economistas aún estudian el alcance de estas externalidades y la manera en que afectan las condiciones de competencia en el mercado. Actualmente, son pocos los regímenes legales de competencia que han introducido disposiciones específicas en relación con este tipo de efectos.

 

En complemento de lo anterior, otro de los aspectos de la economía digital que plantea desafíos desde la perspectiva de la normativa de competencia tiene que ver con la moneda de cambio que se utiliza para el pago de los productos que utilizamos en línea: los datos personales del usuario. Debido a que estos servicios son “gratuitos” para el consumidor, resulta insuficiente analizar las dinámicas de competencia y poder de mercado sobre la base del precio del producto. Este rasgo propio de múltiples productos y servicios del entorno digital introduce complejidades adicionales para fomentar el entorno competitivo en estos mercados, pues las normas de competencia típicamente consideran el factor precio para evaluar el beneficio del consumidor.

 

La autoridad de la competencia colombiana no se ha mantenido ajena a estas discusiones. La SIC ha hecho parte de proyectos especiales adelantados por el International Competition Network - ICN, en los que se ha abordado el tema de restricciones verticales en el comercio electrónico y las plataformas online. Así mismo, la entidad ha desarrollado estudios propios sobre regulación y competencia en economías colaborativas, en los que analiza los retos planteados por estos nuevos modelos económicos.

 

Al margen de los retos en materia de competencia inherentes a la denominada cuarta revolución industrial, la realidad es que las tecnologías digitales avanzan de manera exponencial y la innovación continúa generando soluciones útiles y eficientes para los mercados, los consumidores y la sociedad.

 

En consecuencia, las autoridades de competencia y entes reguladores tendrán la tarea de interpretar y aplicar las normas de una manera que se ajuste a las nuevas realidades que plantean estos ecosistemas, procurando mantener un balance adecuado en la promoción de la libre competencia en los mercados y el beneficio del consumidor, sin estancar la innovación, fuerza motora del entorno digital.

 

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