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¿Qué es la insolvencia de persona natural no comerciante y a quién está dirigida?

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¿Qué es la insolvencia de persona natural no comerciante y a quién está dirigida? (Bigstock)

Patricia Schild

Abogada experta en procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante

www.exitojuridico.com; exitojuridico@gmail.com

 

El procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante, regulado en el Código General del Proceso (L. 1564/12) y sus decretos reglamentarios 962 del 2009, 2677 del 2012 y 1829 del 2013, está previsto para las personas naturales que no desarrollen actividades mercantiles de manera habitual.

 

En ese sentido, la ley permite: (i) negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias, (ii) convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores y (iii) liquidar su patrimonio, procedimiento que se ejecuta ante los juzgados civiles municipales, que tienen la competencia para conocer de estos procedimientos.

 

¿Quiénes puede acceder a la ley?

 

Las personas naturales no comerciantes cuando tengan dos o más deudas u obligaciones con diferentes entidades o personas, sean estas naturales o jurídicas, que tengan una moratoria o cesación de pagos mayor a 90 días (no procede por un incumplimiento momentáneo), o contra la cual cursen dos o más procesos ejecutivos o de cobro coactivo.

 

En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del 50 % del pasivo total a su cargo.

 

¿Ante quién se adelanta el procedimiento?

 

El procedimiento se adelanta ante los centros de conciliación debidamente avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y las notarías del lugar de domicilio del deudor.

 

Es preciso señalar que el lugar del domicilio del deudor debería ser hoy un concepto más avanzado en la ley, toda vez que disponemos de medios tecnológicos para hacer más accesible este servicio en cualquier lugar del país.

 

¿Cómo funciona?

 

Previo al lleno de varios requisitos que exige la Ley 1564 del 2012, la persona puede acogerse a esta figura y pagar sus créditos de acuerdo con su capacidad de pago, en un máximo de cinco años, con excepción de los créditos hipotecarios que pueden ser pactados a plazos más largos, de acuerdo con lo que se hubiera establecido con la entidad financiera.

 

¿Qué se puede negociar y de qué manera?

 

- Se puede realizar una negociación en bloque o globalizada. La persona puede negociar con todos los acreedores y no solo con cada uno de ellos, lo que hace que la negociación se ajuste a la realidad de sus ingresos.

 

- También puede negociar sus créditos hipotecarios, prendarios, créditos de libre inversión, libranzas y tarjetas de crédito, etc.; con todas las entidades públicas y privadas, incluyendo sus deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; las cuotas de administración del lugar donde vive o donde tiene su oficina; las cuentas de los servicios públicos atrasados; las cuotas del vehículo o moto; las deudas con cooperativas, con colegios y universidades y con almacenes en general. Incluso, aplica para los conocidos “pagadiarios”.

 

- En esta primera etapa son suspendidos todos los procesos judiciales contra el deudor, así como el cobro de cualquier tipo de interés y de embargos.

 

- Los acreedores quedan sometidos al acuerdo que se vote mayoritariamente, incluso los que lo hayan votado en contra.

 

- En esta propuesta, el deudor podrá incluir daciones en pago con bienes propios para extinguir total o parcialmente una, varias o todas las obligaciones.

 

¿Cuánto dura el procedimiento?

 

Este procedimiento tiene una duración de 60 días contados a partir de la aceptación de la solicitud, término que podrá ser prorrogado por 30 días más, a solicitud del deudor y de cualquiera de los acreedores incluidos en la relación definitiva de acreencias.

 

¿Qué otras características se contemplan?

 

- La ley tiene una serie de controles para que se acojan personas de buena fe que realmente necesiten este respiro económico.

 

- Las personas que se incluyan en este trámite podrán comenzar otra vez desde cero y rehacer su vida crediticia, volver a ser útiles y productivas, para sus familias y su comunidad, lo que es de gran utilidad para sector productivo y financiero del país, pues este se beneficiará con personas que, en el futuro, adquirirán productos y servicios, con lo cual se dinamiza la economía.

 

- No tiene ninguna consecuencia para la vida laboral o profesional. Por el contrario, la persona se encuentra reorganizando su pasivo para reiniciar una vida financiera.

 

- A la economía local y nacional no le sirve de nada un ejército de personas morosas que no pueden volver a consumir, contratar y adquirir bienes y servicios.

 

- En otros países, leyes de esta naturaleza han contribuido, en gran medida, a la reactivación económica y financiera de muchos sectores, lo cual, por el efecto dominó de la economía, permea e involucra a casi todos los estamentos sociales y económicos, con lo cual produce resultados de provecho, utilidad y productividad a corto, mediano y largo plazo.

 

En términos generales, este procedimiento concursal es un salvavidas para muchos hogares colombianos, pero hay que aclarar que no es para aquellas personas que no quieran pagar, sino para quienes, de buena fe, están en esta crisis económica o están próximas a caer en ella. Es decir, que ven que su liquidez cada vez es menor y no les va permitir seguir atendiendo los pasivos.

 

En síntesis, es similar a lo que sucede con las empresas. La persona puede llamar a sus acreedores y renegociar sus deudas, estableciendo una propuesta y cancelando con lo que tenga, pues no puede pagar con recursos que no posee, ya que nadie está obligado a lo imposible.

 

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