“Nuestras facultades de Derecho son como feudos que se resisten a la regulación”

La reciente publicación del libro Abogados sin reglas, escrito por Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos, ha revivido el debate sobre los problemas de la justicia y la manera como los abogados se educan y ejercen el Derecho. Maximiliano Aramburo, profesor de la Universidad Eafit y columnista de ÁMBITO JURÍDICO, entrevistó a los autores de esta obra.

 

Maximiliano A. Aramburo C.

Profesor de la Universidad EAFIT

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Por qué una investigación sociológica sobre la profesión de abogado en Colombia?

 

Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos: La profesión jurídica es uno de los temas clásicos de la sociología jurídica. Son muchos los libros fundamentales que se han escrito sobre este tema a lo largo de más de un siglo de investigaciones (Les avocats, de Lucien Karpik, y Lawyers in Society, de Richard Abel y Philip Lewis, por ejemplo). En Colombia son muy pocos los estudios que se han hecho sobre los abogados. Ni en las facultades de Derecho ni mucho menos en las de Sociología existe interés por este tema, lo cual es sorprendente, si se tiene en cuenta el peso que el Derecho tiene en la vida de los colombianos y, particularmente, en la justicia. En este libro sostenemos que los problemas de la justicia en Colombia son, en buena medida, problemas sociojurídicos estructurales, de fondo, que vienen de la profesión jurídica y que, mientras estos problemas no se resuelvan, la justicia no levantará cabeza.

  

Á. J.: Una de las variables que ustedes encuentran como problemática es el paso “automático” de la fase básica de formación del abogado al ejercicio. ¿Por qué razón?

 

M. G. V. y M. A. C.: Si una sociedad tiene, por ejemplo, administradores de empresas, antropólogos o músicos mal preparados, pues es una lástima y el Estado debería crear los incentivos para evitar que eso ocurra. Pero no es una tragedia. En algunas profesiones, en cambio, como la Medicina, la Ingeniería o el Derecho, el control es indispensable, por los costos enormes que se derivan de tener ingenieros que hacen puentes que se caen, o cirujanos que dejan morir a los enfermos en los quirófanos, o jueces que toman malas decisiones.

 

Ahora bien, el control debería venir de los mismos profesionales, que se organizan y crean normas e instancias de vigilancia. Ellos son los más interesados en excluir a los malos profesionales. En los países desarrollados existe una larguísima tradición de autocontrol en el mundo de la profesión jurídica. Ese control empieza por la obtención del título, con requisitos estrictos y homogéneos para el funcionamiento de las facultades de Derecho. Luego viene el ingreso a una de las subprofesiones (judicatura, litigio o arbitraje, notariado, docencia, función pública), cada una con requisitos propios. Para ser litigante en, digamos, Francia o Alemania, se necesita pasar por la Facultad de Derecho y después estudiar casi dos años para poder aprobar los exámenes de Estado, que son muy exigentes. Un parte esencial del autocontrol de la profesión jurídica en los países desarrollados la ejerce el colegio de abogados, a través de reglamentaciones y exámenes. En Colombia y, en general, en América Latina, esos controles no existen o son muy débiles.

 

Á. J.: En el libro hablan ustedes del “exceso de autonomía” de las facultades de Derecho y de una “democratización incontrolada” del ingreso a la profesión. ¿Los controles al ejercicio de la profesión son suficientes?

 

M. G. V. y M. A. C.: Es necesario controlar tanto la educación jurídica como el ingreso y permanencia dentro de cada subprofesión. En Colombia, el derecho a la autonomía universitaria se ha interpretado como si fuera un derecho absoluto, en detrimento de otros derechos constitucionales, como el derecho a una educación de calidad y, en lo que nos ocupa, el derecho a una justicia pronta, legítima y de buena calidad. En Europa, la universidad suele ser pública y regulada por el Estado. En Inglaterra y EE UU, la educación privada es muy importante, pero los controles son fuertes y, en todo caso, las malas facultades en general no prosperan, debido a que sus alumnos no superan los exámenes de Estado para ingresar a las subprofesiones.

 

En Colombia, en cambio, se juntan los dos males: primero, las universidades (tanto públicas como privadas) no se dejan controlar por el Estado. Y, segundo, todos los que entran a las facultades de Derecho salen graduados y todos ellos entran, casi sin filtros, al ejercicio profesional. Casi nadie se queda en el camino, porque hay muy pocos filtros de calidad que eliminen a los mediocres. Para ser juez en provisionalidad, solamente se necesitan dos años de experiencia después de obtenido el diploma. Todo esto contrasta con el caso de Alemania, por ejemplo, donde menos de la mitad de los alumnos que ingresan a la Facultad de Derecho aprueban los dos exámenes estatales y, de esos, solo los que estén dentro del 10 % de las notas más altas pueden aspirar a ser jueces.

 

Á. J.: El acceso de las mujeres a las profesiones y subprofesiones jurídicas ha cambiado radicalmente en los últimos años. ¿Por qué son minoría en las cúpulas de las distintas subprofesiones?

 

M. G. V. y M. A. C.: Si sobre los juristas en general se ha escrito poco, sobre las mujeres juristas se ha escrito todavía menos. En el libro hacemos una contribución inicial en este campo, pues mostramos que hoy hay casi la misma cantidad de mujeres que de hombres con tarjeta profesional, pero la mayoría de ellas se concentran en los escalones más bajos de las subprofesiones y, en promedio, reciben remuneraciones más bajas que sus colegas hombres. En otros países donde ha ocurrido algo similar (como en Canadá, EE UU y Argentina) han diagnosticado a fondo las causas de estas desigualdades de género y se han encontrado con distintas causas. Por ejemplo, los sesgos de género en los procesos de ascenso y contratación, y la falta de garantías laborales para que las mujeres encuentren un balance entre sus responsabilidades familiares y laborales. En Colombia, se han hecho solamente un par de investigaciones preliminares que han identificado problemas parecidos a estos (sobre todo, en relación con las firmas de abogados), pero el estudio sesudo de las causas de la exclusión femenina en nuestras subprofesiones es una tarea que todavía está por hacerse. 

 

Á. J.: Una conclusión desalentadora de su libro es que la profesión está modelada por el mercado. ¿Esto tiene solución?

 

M. G. V. y M. A. C.: En buena medida, la profesión jurídica en Colombia está capturada no solo por los mediocres, sino también por los intereses económicos, por el mercado. Buena parte de la responsabilidad por este hecho recae en el Estado, que ha dejado crecer la oferta educativa de manera indiscriminada (a falta de oferta de educación pública) y que no ha exigido el autocontrol de los profesionales ni ha sido efectivo en su control externo (a través de la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura). El resultado es que no solo tenemos una profesión con problemas de mediocridad y mercantilización, sino también de segregación de clases sociales: cada clase social tiende a acceder a un tipo de Facultad de Derecho y a los altos cargos del Estado tiende a llegar un tipo social de profesional.

 

Esta especie de apartheid educativo y profesional está matizado por redes de poder asociadas a algunas facultades de poca calidad que han logrado que sus egresados lleguen a las altas posiciones del Estado, sobre todo de la justicia, no por sus méritos, sino por sus conexiones. La llegada de profesionales con perfiles diversos a las cúpulas de las subprofesiones no solo no es algo malo, sino que es deseable, pero todos deberían llegar allí (cualquiera que sea su universidad de pregrado o su clase social) solamente gracias a sus capacidades personales y jurídicas, y este sería, digamos, un camino de democratización virtuosa de la profesión. Y la democratización virtuosa de la educación se consigue ampliando la educación pública y de alta calidad, y la de la profesión se consigue con procesos de selección meritocráticos y transparentes. 

 

Á. J.: El abuso de las acciones judiciales es descrito en el libro como un ejemplo de lo que denominan “la captura del Derecho por el mercado”. ¿Esa captura tiene solución?

 

M. G. V. y M. A. C.: El abuso de las acciones judiciales en Colombia es una actividad muy rentable para los litigantes, porque les sirve para cobrar más honorarios, pero además es una actividad muy provechosa para los accionantes, que a través de recursos sencillos y rápidos (como en el caso de la tutela) pueden obstruir la justicia y ralentizar los procesos administrativos. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con la infinidad de recursos que interponen los jueces provisionales que no consiguen superar el concurso de méritos de la Rama Judicial y que luego se dedican a interponer cuanta acción judicial está en sus manos (empezando por la suspensión provisional del concurso) para así prolongar su permanencia en el cargo.

 

En este tipo de casos habría que encontrar un balance delicado entre, por un lado, las garantías constitucionales y el acceso a la justicia de los ciudadanos, y el adecuado funcionamiento de las entidades públicas, por el otro. Algunos de los cambios pendientes empiezan, por ejemplo, por imponer requisitos más estrictos para poder apelar una decisión judicial o por sancionar efectivamente a los abogados que promuevan el abuso de la tutela. 

 

Á. J.: ¿Hay lugar para el optimismo en la profesión de abogado en Colombia?

 

M. G. V. y M. A. C.: Nuestras facultades de Derecho son como feudos que se resisten a la regulación, invocando la autonomía universitaria. Las de élite temen que las de bajo costo y calidad les impongan un cambio en su manera de ver el Derecho, mientras que las de bajo costo y baja calidad temen que las de élite les impongan estándares de calidad que no pueden cumplir. Los unos le temen a la democracia y los otros, a la aristocracia.

 

La solución a esta inercia paralizante está en que los involucrados cedan en beneficio del interés general. Quienes defienden la opción aristocrática deben tener en cuenta que las facultades de bajo costo y calidad son, en su mayoría, fruto de la incapacidad del Estado para ofrecer educación pública barata y de buena calidad, que sus miles de estudiantes no tuvieron otra alternativa y que el mejoramiento de la educación jurídica es indispensable para el mejoramiento del Estado en general. Quienes, del otro lado, defienden la opción democrática en las universidades de menor costo y calidad, deben saber que una imposición de las mayorías implicaría una nivelación por lo bajo, lo que sería inaceptable, dada la incidencia que la profesión tiene en la justicia y el Estado.

 

Pero no solo las facultades de Derecho son responsables de la postración en la que se encuentra la profesión. El origen de este problema está, en buen parte, en el Estado mismo. Primero, por no ser capaz de regular la profesión (desde la educación hasta el ejercicio) ni de exigir que los juristas se autorregulen. Y, segundo, por no crear las condiciones para una profesión más igualitaria a través, por ejemplo, de la ampliación de la oferta pública de educación. Pronto se pondrá en marcha el nuevo examen para ser abogado en Colombia, que podría ser uno de los primeros triunfos estatales en materia de control a la profesión y un golpe para las facultades de Derecho que se opusieron a esta ley. No creemos que estos exámenes vayan a solucionar todos los problemas de la educación y la profesión jurídica ni mucho menos, pero sí esperamos que, al menos, logren poner en cintura a las facultades de peor calidad, y eso no es poca cosa.