El sector financiero en la recuperación económica

CARLOS JULIO GIRALDO BUSTAMANTE 

Director Especialización en Legislación Financiera Facultad de Derecho, Universidad de los Andes 

Durante el último año, nuestro país ha vivido una difícil coyuntura derivada principalmente de la pandemia por el covid-19, que ha exacerbado problemas estructurales a nivel social y económico que venían de tiempo atrás. Las distintas medidas de restricción adoptadas por las autoridades han puesto en una difícil situación al sector empresarial y productivo, impactando negativamente las cifras como las del desempleo, la desigualdad y el crecimiento económico, entre otras.  

En situaciones de crisis y descontento social como las que estamos viviendo, encontramos no pocas voces de distintos sectores que dirigen críticas de diversa índole hacia el sector financiero colombiano; sin embargo, muchas de ellas evidencian un desconocimiento del funcionamiento de las entidades financieras y del importante rol que juegan en el desarrollo de la economía, particularmente del papel fundamental que tendrán en la recuperación económica del país. 

En términos generales, las entidades financieras en sus distintas modalidades permiten canalizar recursos de los sectores superavitarios hacia los sectores deficitarios. Esto significa que las personas y las empresas que requieren recursos los pueden obtener de aquellas personas y empresas que tienen excedentes de liquidez.  

Esta importante función permite que las personas podamos obtener recursos para consumir bienes y servicios, y que los empresarios los obtengan para crear empresas, financiar proyectos de diversa índole y, en últimas, generar empleo y desarrollo económico. 

Aunque hemos visto en el pasado entidades que han generado situaciones de crisis, por una inadecuada gestión de su actividad y los riesgos a los que están expuestas o, incluso, en algunos casos, por comportamientos dolosos o negligentes de sus administradores, lo cierto es que han sido múltiples las respuestas de los reguladores internacionales y los gobiernos, con el objetivo de elevar cada vez más los estándares de regulación prudencial, administración de riesgos y gobierno corporativo que deben cumplir dichas entidades.  

En el caso del colombiano, ha sido muy relevante el trabajo que durante años llevan realizando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera, el Banco de la República y las demás entidades que conforman la red de seguridad financiera, quienes han asegurado que la regulación y supervisión busquen preservar la estabilidad y confianza en el sistema, así como la protección al consumidor financiero. 

Son múltiples los ejemplos de lo anterior; sin embargo, destacamos la convergencia de los requisitos de capital a los estándares de Basilea III, el aumento de la cobertura del seguro de depósito, las funciones jurisdiccionales que ejerce la Superintendencia Financiera de manera expedita y con el conocimiento técnico que se requiere y, recientemente, las medidas adoptadas durante la pandemia para apoyar a los deudores y garantizar la liquidez y solvencia del sistema. 

Sin duda hay cosas por fortalecer y mejorar, sin embargo, el debate debe realizarse de manera informada, reconociendo la importancia del sistema en el desarrollo del país, y particularmente en la recuperación económica que requerimos. En ese sentido, la discusión debería ir más allá de las cifras de los recursos que estas entidades administran –que valga la pensar resaltar son nuestros ahorros y pensiones–, o los ingresos que generan su actividad, y centrarnos en debates que generen valor, como por ejemplo garantizar que el crédito llegue a las personas y empresas que lo necesitan, continuar mejorando el gobierno corporativo y la administración de riesgos de 

las entidades e incrementar la competencia para que sigan llegando más actores que ofrezcan mejores tasas y menores costos para los consumidores, o seguir ganando la batalla de la bancarización. 

Muchos de estos temas ya están en la agenda de los reguladores y el supervisor. Por ejemplo, actualmente cursa en el Congreso una “Ley de Reforma al Mercado de Capitales y el Sistema de Pagos”, que además busca fortalecer a la Unidad de Regulación Financiera y la Superintendencia Financiera.  

Igualmente, se está habilitando el marco regulatorio para la adopción de la tecnología en los servicios financieros por parte de nuevos actores y por las entidades financieras tradicionales y se están discutiendo con la industria temas de especial interés para el consumidor como lo es el open banking, por lo que la invitación es que todos participemos como sociedad de estas discusiones, de la mano de la academia, la industria y los consumidores. 

Parece que el diálogo constructivo es el mecanismo idóneo para avanzar en el camino de la identificación de problemas, retos, desafíos y alternativas de solución en cuanto al funcionamiento del sector financiero y, en general, en los problemas que aquejan a la sociedad colombiana.  

La Especialización en Legislación Financiera que ofrece la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes es un espacio donde ese diálogo se puede hacer realidad, aprovechando para ello el análisis y estudio del sistema financiero y del mercado de capitales en los diferentes niveles que los integran. De igual manera, y haciendo uso de un enfoque multidisciplinario, se ofrece a los participantes diversas perspectivas complementarias de estos sectores, brindándoles la opción de conocer y manejar los aspectos económicos, financieros, administrativos, de innovación y los retos que el mundo globalizado les plantea.