La educación superior en Colombia frente al aseguramiento de la calidad

Luz Elena Mira Olano

 

Decana Facultad de Derecho y Ciencias Forenses

 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

 

La formación superior en Colombia se viene desarrollando desde la Ley 30 de 1992 en tres niveles: el técnico profesional, el tecnológico y el profesional, con una gran diferencia en las competencias, en los resultados de aprendizaje y en el desarrollo investigativo, consagrados en el perfil de egreso, así como en el ejercicio profesional de las personas tituladas.

 

Para un técnico, no es indispensable analizar o cuestionar el contexto: una carrera técnica forma para ser productivos, formación que comprende el cómo hacer, mientras que la tecnológica también incluye el porqué, para qué, en dónde y cuándo se realiza una determinada actividad. Todo enmarcado con la formación de competencias, habilidades y destrezas para laborar en un área específica de los sectores productivos y de servicios.

 

Las formaciones técnica profesional y tecnológica cobran cada vez más importancia, gracias a la demanda laboral en el marco de la revolución 4.0 y a la dinámica mundial. Además, este auge se debe a la urgencia de suplir las necesidades de las organizaciones, lo que ha generado un aumento en la demanda de profesionales con conocimientos específicos en una época cada vez más técnica y globalizada. En este sentido, las organizaciones solicitan personas que se desempeñen directamente en funciones operativas, con las competencias y destrezas para solucionar problemas en el menor tiempo posible, que sean pragmáticos y eficaces, lo que realza el objeto misional de las instituciones técnicas y tecnológicas.

 

Lo anterior representa un reto para las instituciones de educación superior (IES), clasificadas según su carácter académico en instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. Lo anterior, con marcada diferencia desde la capacidad legal para desarrollar los programas académicos y por las responsabilidades financieras del Estado hacia ellas.

 

En aras de asegurar el cumplimiento del propósito, propio de cada nivel de formación y sus niveles de calidad, el Ministerio de Educación Nacional cuenta en su estructura con el Consejo Nacional de Acreditación y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, como garantes de la calidad en los programas de educación superior. A partir de la expedición del Decreto 1330 del 2019, se actualizaron los lineamientos para el desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, y así poder garantizar la calidad, el cumplimiento de sus fines, la mejor formación ética, intelectual y física de los educandos y la adecuada prestación del servicio público.

 

Formación por competencias

 

Sin embargo, las nuevas condiciones de calidad minimizan el concepto de formación por competencias y exigen demostrar unos resultados de aprendizaje que deben guardar coherencia entre los perfiles de ingreso y de egreso, que obligaría a las IES a modificar sus aspectos y desarrollo curriculares. Esto se suma a la necesidad de reevaluar el progreso de los educandos durante la formación, para lo cual se deberán tener evidencias de su aprendizaje, con relación a los propósitos establecidos inicialmente en cada programa académico, en el marco de sus respectivos perfiles. Es decir, exige nuevas estrategias pedagógicas encaminadas a demostrar una educación integral y una coherencia con las tendencias internacionales de educación superior, donde cada día cobra más importancia acreditar una competencia que un título profesional.

 

Por ello, parece extraño que los lineamientos que regulan la inspección y vigilancia de la educación superior establezcan requisitos únicos para que las instituciones demuestren desde la solicitud de programas, el cumplimiento de condiciones de calidad que orienten el desarrollo educativo hacia condiciones de equidad. Se atiende a los distintos niveles de complejidad y diversidad de las instituciones solo en cuanto a su condición de acreditadas y no, como se expuso anteriormente, según la naturaleza académica. De esta manera, se desconoce que cada institución posee unas condiciones académicas y administrativas propias que las identifican en el marco de todo el sistema y que, como tales, deberían ser tratadas. Incluso en la concepción y aplicación de las pruebas Saber T&T, como el insumo institucional para poder establecer los resultados de aprendizaje bajo los parámetros que supuestamente son equivalentes, pero que, en la práctica, difieren ostensiblemente.

 

Procesos de acreditación

 

En este mismo sentido, en cuanto a los procesos de acreditación, la naturaleza académica debería fijar de manera diferenciada los factores para lograr el reconocimiento de alta calidad, que, si bien es un proceso voluntario, tiene exigencias tácitas de obligatoriedad, pues los factores institucionales y de programa establecidos no distinguen entre los alcances propios de cada nivel de pregrado. Esta situación del aseguramiento de la calidad no solo desconoce la naturaleza de los programas y de las instituciones, sino que, además, ignora las exigencias actuales derivadas de procesos como la Revolución Industrial 4.0 y las mismas tendencias de trasformación de la calidad educativa impulsadas a nivel internacional desde la Unesco.

 

Aunado a lo anterior, las aceleradas transformaciones sociales han obligado a las instituciones técnicas y tecnológicas a convertirse en diseñadoras de currículos atractivos, para colmar las expectativas de las nuevas generaciones. Además, se ven enfrentadas a los dilemas y tensiones actuales, tratando de lograr un proceso de formación que responda de forma eficaz a las expectativas de un mundo caracterizado por cambios inesperados que dejan anquilosados procesos legislativos desarrollados durante décadas. Esto lleva a la incómoda inquietud de si se está transitando por la dirección correcta, pese a las reiteradas invitaciones y voces de júbilo respecto de la apertura a la interculturalidad, a la equidad, a la sostenibilidad, que caracterizan a la sociedad y, en ella, también a las instituciones de formación superior como ente social de primer orden.

 

No obstante, eso solo no basta. Hay que tomar las decisiones que enruten el cauce en esa dirección, dado que no es suficiente la conciencia que se tenga de ese cambio de dirección; se requiere la toma de decisiones concretas que lo hagan viable y visible, toda vez que, en materia educativa, han primado los ideales sobre la realidad. Se requiere una alta dosis de realismo para diseñar y, sobre todo, para posibilitar que esas ideas y directrices que postulan la importancia neurálgica de la educación en el contexto social se puedan aplicar de forma correcta u oportuna y, al mismo tiempo, cumplir con las exigencias nacionales que igualan a las IES en sus obligaciones académicas, administrativas y niveles de formación en el marco de estándares de calidad.

 

Competencias relevantes y específicas

 

Así, las tendencias de la educación obligan a las instituciones técnicas y tecnológicas a prepararse para formar profesionales con competencias relevantes hacia las temáticas que se desarrollan en el presente y el futuro. Por esto, es necesario lograr una armonía entre las disposiciones ministeriales, la realidad de la educación superior y los niveles de formación, de tal manera que se logre proporcionar las competencias, mentalidad y los talentos necesarios para una intervención idónea de nuestros egresados al afrontar de manera ágil el entorno laboral y social.

 

Esta tarea implica una actualización en el proceso docente, de investigación y extensión que converse adecuadamente con los lineamientos de calidad, sin desconocer la realidad y exigencias del mercado; la creatividad para resolver problemas; los retos complejos de trabajo en equipo; la inteligencia emocional y el pensamiento crítico; la innovación, el emprendimiento y las metodologías ágiles para crear nuevas estrategias de aprendizaje; la mentalidad sostenible enfocada hacia el corto, mediano y largo plazo; el manejo, el diseño y la programación en nuevas tecnologías, sin dejar de lado las habilidades blandas que caracterizan a un profesional integral.

 

En consecuencia, con este retroceso en la normativa de aseguramiento de la calidad no será posible lograr una apertura que rompa con los paradigmas que han llevado a la formación profesional al máximo nivel, desconociendo en cierta forma la gran labor que cumplen las instituciones técnicas y tecnológicas, que, a pesar de ofrecer un nivel de formación diferente al de las universidades, deben cumplir a cabalidad con las exigencias de calidad para la educación superior en Colombia.

La evolución de la educación superior será posible, cuando las autoridades de la educación en Colombia logren implementar condiciones de calidad y factores de acreditación diferenciales, acorde al nivel de formación y a los perfiles de egreso requeridos en el mercado laboral y en la generación 4.0.