Un día de la mujer centrado en las víctimas venezolanas de trata de personas

María Cecilia Ibañez, abogada de Women’s Link Worldwide

LL.M en Estudios Avanzados en Derecho Europeo e Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Leiden, Países Bajos.

El Día Internacional de la Mujer es un día para conmemorar los logros de la lucha feminista y la reivindicación de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Pero también es el momento para recordar todo lo que queda pendiente por hacer hasta lograr un mundo equitativo y justo.

En este día, creo que es importante que centremos la mirada en la situación de las mujeres y niñas migrantes venezolanas en la región, quienes abandonan su país en busca de un futuro mejor para ellas y sus familias, pero que a menudo solo encuentran más formas de violencia y discriminación.

Desde hace años, varias organizaciones venimos alertando sobre la violencia específica que sufren las mujeres y niñas migrantes venezolanas. En su país, además de las graves violaciones de derechos humanos que enfrenta la totalidad de la población, las mujeres y adolescentes no tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que necesitan, incluyendo servicios de salud materna, acceso a métodos anticonceptivos, o a la interrupción voluntaria del embarazo.

Luego, durante los trayectos migratorios, se enfrentan a la violencia sexual, especialmente cuando no les queda más opción que ingresar a otros países a través de pasos informales, conocidos como trochas. En Colombia, la semana pasada, la Alta Consejera para los Derechos Humanos, alertó sobre las preocupantes situaciones de violencia de género y violencia sexual contra migrantes venezolanas, que conoció tras su recorrido por Norte de Santander.

En contextos como este, las redes de trata de personas, las cuales suelen enfocarse en captar a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, aprovechan para engañar a mujeres y adolescentes con falsas promesas de trabajo en Colombia. Cuando llegan al país, la promesa de trabajo se desvanece y son víctimas de distintas formas de explotación, dentro de las que la más común es la explotación sexual. Ante esta situación, las autoridades colombianas no están respondiendo adecuadamente.

Women’s Link está representando a Yolanda, una mujer venezolana víctima de trata de personas, ante la Corte Constitucional de Colombia. En el 2018, Yolanda fue engañada bajo la promesa de un trabajo como vendedora de tintos en Colombia. Una vez aquí, la red de trata la amenazó para que ejerciera la prostitución, y tanto ella como una de sus hijas, de 8 años, fueron víctimas de violencia sexual. Cuando Yolanda huyó y solicitó ayuda, las autoridades colombianas le dieron la espalda. Como consecuencia, Yolanda no pudo activar la ruta integral de protección y asistencia para la atención de víctimas de trata, por lo que no ha tenido acceso a vivienda adecuada, a servicios de salud mental y física, empleo, ni a las condiciones mínimas de subsistencia. Además, ella y su familia se han enfrentado repetidas veces a amenazas por parte de la red de trata. Aunque en agosto del 2020 la Corte Constitucional ordenó como medida provisional la activación de la ruta de trata en beneficio de Yolanda y su familia, a la fecha las autoridades no han cumplido con esta medida. 

El caso de Yolanda no es un caso aislado. Por el contrario, es un caso ilustrativo de una problemática muy común, pero sumamente invisible. A día de hoy, el informe estadístico anual del Observatorio del Delito de Trata de Personas no recoge el número de víctimas venezolanas en Colombia, pese a que las organizaciones sociales e, incluso, la Fiscalía General de la Nación han constatado su aumento desde el 2015. La trata de personas es una violación de derechos humanos y una forma de violencia de género a la que están expuestas, especialmente, las mujeres migrantes. Por eso, precisamente en días como hoy, es muy importante que lo visibilicemos.

La decisión del caso de Yolanda está ahora a cargo del magistrado Antonio Lizarazo y las magistradas Gloria Ortiz y Paola Meneses, y debería conocerse en breve. En sus manos, tienen la oportunidad de que la Corte Constitucional colombiana haga historia, al ser la primera vez que se pronuncia sobre un caso de una mujer migrante venezolana víctima de trata de personas. Sin duda, es también una oportunidad única para dictar medidas estructurales, dirigidas a mejorar la manera en que las autoridades estatales responden ante las víctimas de trata de personas, y a promover una mayor y mejor protección a las mujeres y niñas migrantes venezolanas.