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Al Margen


Yo sí fui

11 de Febrero de 2013

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Ilustración: Diego Agudelo

 

Se dice que el sistema judicial japonés es uno de los más efectivos del mundo. De hecho, en el último Índice de Aplicación de la Ley elaborado por el Proyecto Mundial de Justicia (WJP por su sigla en inglés), ocupó un lugar destacado, entre 97 países.

 

La justicia penal, por ejemplo, obtuvo el puesto 23, y la civil, el 8º. Y hay quienes afirman que la tasa de condenas en el país nipón supera el 99 %, lo que, de entrada, descarta que las investigaciones de conductas criminales duerman el sueño de los justos y queden en la impunidad, como suele ocurrir por estos lares.

 

Pero, recientemente, una broma de pésimo gusto puso en entredicho la real efectividad del aparato judicial japonés. En junio del año pasado, un hacker publicó, en la página web de la ciudad de Yokohama, un mensaje en el que anunciaba que atacaría una escuela primaria. La investigación de las autoridades permitió dar con cuatro sospechosos. Pero algo extraño pasó: dos de ellos confesaron haber sido los autores de la amenaza.

 

Tiempo después, desde la clandestinidad, el verdadero culpable les envió un correo electrónico a un abogado y a los medios de comunicación, en el que justificaba su comportamiento, diciendo que su intención era “exponer las aberraciones de la policía y los fiscales” para poner a “cantar”, a como dé lugar, a personas inocentes.

 

La práctica, al parecer, es bastante común en Japón. De acuerdo con la corresponsal de la BBC Mariko Oi, en los últimos meses ha habido protestas por arrestos injustos en los que los procesados terminaron confesando crímenes que no cometieron, presionados por los investigadores.

 

Un caso emblemático es el de Shoji Sakurai, quien estuvo preso durante 29 años, acusado de hurto y homicidio. “Me interrogaron día y noche, pidiéndome que confesara. Tras cinco días, ya sin fuerza mental, me rendí y confesé”, le contó el exconvicto a la BBC.

 

Aunque el autor de la reciente amenaza por internet sugiere algún tipo de coacción física sobre los investigados, el propio Sakurai comenta que quienes lo interrogaron aquella vez no fueron agresivos. ¿Por qué confesó entonces? Según el artículo de Oi, dos factores culturales pueden explicar este comportamiento: la fuerte convicción de no rebelarse contra las autoridades y la especial consideración hacia la familia.

 

A Sakurai, por ejemplo, los investigadores le dijeron que su madre quería que confesara. Y según el padre de uno de los inocentes que afirmaron ser los autores de la amenaza contra la escuela primaria, ese sentimiento por la familia fue lo que movió a su hijo a “tergiversar la realidad y confesar”.

 

Por el lado de las autoridades, el inmenso valor probatorio de la confesión explica que la quieran conseguir a toda costa: “Son las reinas de la evidencia”, le comentó Jeff Kingston, profesor de la Universidad de Temple, a la corresponsal de la BBC. “Si se consigue que alguien confiese un delito, el tribunal lo encontrará culpable”, agregó.

 

Hiroshi Ichikawa, un fiscal japonés que fue retirado de su cargo por amenazar de muerte a un sospechoso durante un interrogatorio, cuenta cómo, después de indagar a un hombre durante ocho horas, consiguió que firmara una declaración: “Él no dijo ni una sola palabra de lo que estaba escrito allí (…). Mi jefe me estaba presionando para que consiguiera su confesión, pensé que no podía regresar a casa sin ella”, aseguró.

 

Artimañas de este tipo, y aún peores, no son ajenas a otros sistemas judiciales del mundo. Sin embargo, la forma en la que la “cuasi perfecta” justicia japonesa quedó en evidencia con el caso de la “ciberamenaza” encendió una alerta entre la población de ese país, que hoy crítica menos a su autor que las autoridades.

 

(Fuente: BBC Mundo)

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