Y al final, todo era un accidente

Francisco Bernate Ochoa

Coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario

Twitter: @fbernate

La Fiscalía General de la Nación, en sede de acusación, modificó la calificación del delito cometido por el joven Salamanca, para decir que, lejos del delito doloso que en su momento se le imputó, estábamos, como todos lo sabíamos desde el principio, frente a un hecho imprudente, con las agravantes del caso. En otras palabras, tanto tiempo después, y con tanto dolor causado, la Fiscalía concluyó que un accidente es eso, un accidente. Con ello, finalmente llamó a las cosas por su nombre, pero ha causado una desazón en las víctimas y los medios de comunicación por haber generado unas expectativas que, desde el principio, sabía no podía cumplir.

Esta situación pone de presente una terrible realidad y un estado de cosas contrario a los derechos humanos, que se ha presentado entre nosotros a partir de la expedición del nefasto y fracasado sistema penal acusatorio. La comunidad entiende que la única manera en que se hace justicia es cuando el presunto responsable es enviado, a la mayor brevedad posible, a la cárcel, y ojalá en las peores condiciones. La libertad mientras dura el proceso o la detención domiciliaria es vista como una prebenda y una manifestación de impunidad.

Ello obedece a una verdadera deformidad de nuestra sociedad, una más, pero lo incomprensible es que los jueces y fiscales de nuestro país no comprendan que su labor no es la de satisfacer las fauces del populismo punitivo, sino la de aplicar una normativa siempre en procura de la defensa de las libertades ciudadanas y el reconocimiento de los derechos humanos.

En aras de “cumplirle al país”, las categorías dogmáticas, que no son otra cosa que garantías sustanciales de los ciudadanos, han pasado al olvido, de manera que nuestros operadores judiciales están dispuestos a llamar asesinato intencional a lo que en realidad es un accidente; concierto para delinquir a lo que es una coautoría, y siempre están al acecho del siguiente carrusel para, primero, denunciarlo en los medios de comunicación y, posteriormente, tener que solicitar la absolución en el juicio. Vergonzoso.

Quienes creemos en la función liberal -que no libertaria- del Derecho Penal y hemos visto cómo este nos defrauda una y otra vez, siempre estamos a la espera de que en el siguiente escándalo encontremos un fiscal capaz de llamar a las cosas por su nombre y un juez capaz de no enviar a la cárcel a quien ha sido expuesto en su dignidad frente a los medios de comunicación.

Lamentablemente, seguimos esperando a que esto cambie, y sabemos, conforme a la realidad histórica, que a toda Escuela de Kiel, tarde o temprano le llega su finalismo. Esperemos que, entre tanto, no siga corriendo tanto dolor.