Unas de cal, otras de arena

Mariela Vega de Herrera Abogada especialista en Derecho Administrativo marielavega70@hotmail.com

Mirar en panorámica el acontecer nacional permite al desprevenido observador percatarse de la ocurrencia, en los últimos meses, de sucesos de diferentes características, favorables unos a la convivencia civilizada y otros, desafortunadamente, signados por la tragedia o, lo que es lo mismo, impregnados de delincuencia.

Entre los primeros, la acción de los operadores de justicia, que no obstante viejos y aún no corregidos defectos de la Rama Judicial (congestión, morosidad, lentitud), logró frenar la desinstitucionalización derivada del intento de transgredir la tradición republicana que recomienda tripartición del poder, límites y controles al mismo; avanzó en investigaciones por corrupción, lo mismo en la contratación pública que en la salud y en los subsidios al sector agrario; no se detuvo en los procesos contra la parapolítica y continúa el proceloso empeño de restaurar el imperio de la ley.

En la misma línea, el cambio de tono y de conducta desde la primera magistratura del Estado traducida en la reinserción de Colombia en el concierto latinoamericano, el restablecimiento y normalización de nuestras relaciones con Venezuela y Ecuador, el tratamiento respetuoso de las opiniones contrarias, lo mismo de los jueces que de los opositores. Benéfica también la acción del legislativo en cuanto dignificó a las víctimas del conflicto armado, creó mecanismos para la restitución de tierras y avanzó en una agenda que, de ser seguida con normativas tendentes a disminuir las tensiones sociales, a mejorar la calidad y la cobertura de la educación y a contener el alarmante desempleo, podría abrir caminos a la reconciliación nacional.

La otra cara de los sucesos la muestra, en primer lugar, la tragedia invernal con sus secuelas de dolor y de hambre para millones de compatriotas, víctimas no solo de la inclemencia del tiempo, sino también de la sumatoria de codicia y deshonestidad de funcionarios, particulares y contratistas que se coludieron para posibilitar ilícitos tratamientos de cauces, riveras y humedales, en detrimento de la naturaleza, los ecosistemas y de la misma vida humana, como lo ejemplifica el drama vial de los Santanderes, que ahora ven aisladas sus capitales, arruinadas sus economías, así como amplios segmentos de sus poblaciones sumidas en la desesperanza y el desconsuelo. Otro infortunio para el país lo constituye la arremetida de capitales extranjeros y nacionales en pos de la quimera del oro y de la explotación minera que, como lo enseña la experiencia, solo dejará contaminación, depredación y miserias en tanto las ganancias se las quedarán unos pocos privilegiados por el único mérito de haber sido favorecidos con las políticas de la “confianza inversionista”.

Estos aspectos negativos se agravan, sin duda, por la persistencia de la violencia, la contumacia de los actores armados, la permanente actividad del narcotráfico y los efectos perversos de una organización económica centrada en la exclusiva búsqueda del éxito económico, que al subordinar los bienes sociales al imperio de la acumulación del capital vulnera los derechos fundamentales, atizando así las causas de conflicto. No es casual que se dé la paradójica circunstancia de un crecimiento evidente de los indicadores económicos, una altísima inversión de capitales, constantes y crecientes balances positivos en el negocio bancario y, simultáneamente, desigualdad en ascenso, casi el 50% de la población en condiciones de pobreza, todo en medio de la piñata de títulos mineros de dudosa legalidad, de la desviada utilización de los recursos para la salud y de licencias para construcciones urbanas y carreteras donde la naturaleza había dispuesto bosques, lagunas y humedales.  

Pero no todo está perdido. El clima mejora, el invierno cede y con el prudente estilo del nuevo gobierno es posible augurar cambios positivos. El país cuenta con potencial humano capaz de superar tragedias. En esta dirección se articula, junto a los avances legislativos arriba reseñados, el “Acuerdo regional del Gran Santander por la conservación y la vida de los páramos de Santurbán y Almorzadero”, suscrito recientemente por los gobernadores Serpa y Villamizar, apoyados por las respectivas asambleas departamentales y las corporaciones autónomas regionales. A ello debería agregarse el estímulo gubernamental a formas de desarrollo que, como el turismo, amigables con la naturaleza y respetuosas del ecosistema, se conviertan en fuentes de trabajo, progreso y crecimiento en beneficio de todos. Hace falta, por supuesto, un esfuerzo legislativo que otorgue protección a esas formas alternativas de desarrollo y supere, entre otras, las evidentes falencias que en materia de minería padece el país, mediante la expedición de un código en la materia que capaz de controlar y regular dicha actividad en consonancia y armonía con los prevalentes intereses de la defensa del  ecosistema, que se confunden con los derechos de los colombianos y de las generaciones futuras.