Una falla multisistémica

Francisco Bernate Ochoa

Coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario

Twitter: @fbernate

Cualquier calificativo que pueda emplearse para criticar una condena efectiva a prisión por el hurto de una chocolatina en un supermercado puede quedarse corto, a la hora de explicar semejante atrocidad. La realidad es que a nadie sorprenden los resultados tan absurdos que produce nuestra justicia penal, lo cual, a su vez, explica que nuestro sistema judicial atraviese su más profunda crisis de legitimidad, apenas superada por el grupo terrorista de las FARC en los indicadores de desprestigio entre la ciudadanía.

El sistema penal funciona, al igual que cualquier sistema, a través de unas claves mediante las cuales interpreta los fenómenos que debe procesar y produce un resultado. La criminalidad en las grandes superficies, asunto sobre el que han corrido kilómetros de tinta, es una realidad social que ha de procesarse por el sistema jurídico penal, a la espera de que este produzca unos resultados que permitan el aseguramiento de las expectativas de comportamiento a futuro entre los ciudadanos.

Pareciera que, a la hora de realizar una evaluación sobre el desempeño de la justicia penal colombiana, nadie podría sentirse conforme con ella. Falló en todas sus fases, y este es apenas el síntoma de una profunda enfermedad, misma que explica los altos niveles de violencia en nuestro país, la cultura reinante de la ilegalidad, el horrendo culto al delito.

Falló la criminalización primaria, al encontrar un legislador que entiende que todos los problemas sociales se resuelven aumentando penas y creando delitos; que desconoce que a criminalidades diferentes hay que establecer sistemas de procedimiento diferenciados; que impuso, por moda, un sistema penal que, como el acusatorio a la colombiana, no resuelve ningún problema y cada vez que aparece ante la comunidad desprestigia el ejercicio de jueces y abogados, por cuenta de su culto al espectáculo y a la simpleza. Fallaron las agencias de control, la denominada criminalización secundaria, mismas que tendrían que ocuparse de asuntos mucho más trascendentes que este.

Pero peor aún, dentro del proceso, en la tercera fase de la criminalización, fallaron todos. Un fiscal que de manera inexplicable decide llevar a un proceso penal a un ciudadano por un hecho de tan poca trascendencia; una defensa que desconoció el principio de antijuridicidad material, que defraudó su rol al permitir que un ciudadano se declarara culpable por un hecho que nuestras leyes no consideran delito, y un juez que se llevó por delante el principio constitucional de lesividad, prefiriendo dar prelación a la forma sobre el fondo, creando más problemas para una sociedad, en vez de entregar soluciones, como corresponde.

Es muy triste decirlo, pero lo que hoy enseñamos en las aulas respecto a los derechos del criminal y el concepto material de delito se quedó en letra muerta, es cosa del pasado. Que siga el show.