Un luto de 28 años y una crisis que continúa

Francisco Bernate Ochoa

Coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario

Twitter: @fbernate

Se conmemoró el pasado 6 de noviembre un nuevo aniversario de una de las fechas más fatídicas y dolorosas en la historia de nuestro país, como lo fue la toma y retoma del Palacio de Justicia. A pesar de tantos años, las cicatrices y heridas que generó este episodio no han sanado, simplemente, por cuanto el bálsamo que permite esta sanación, y el paso del dolor al sosiego, que no es otro que la verdad, no han llegado. Los colombianos que vivimos ese episodio, aún echamos de menos muchas explicaciones sobre lo que allí sucedió, y, mientras algunos han optado por meter la cuestión debajo del tapete, otros consideramos que más vale una verdad tardía que un engaño perpetuo.

De parte de la justicia, encontramos una serie de procesos y condenas jurídicamente insostenibles en contra de los militares encargados de la retoma, pero absolutamente ninguna actuación respecto de quienes tenían el control real de la situación, desde la reducción de los esquemas de seguridad días antes del suceso, la realidad sobre los hechos de la toma y retoma, por qué se desatendieron los clamores de los magistrados para que cesara el fuego, la manera en que la atención de la opinión pública se distrajo hacia una contienda deportiva, entre otros interrogantes aún sin resolver. 

Más allá de ello, la realidad es que la crisis que hoy azota a nuestra justicia tiene en este nefasto episodio su génesis. Ese 6 de noviembre de 1985, la dignidad de la justicia se vio, como nunca jamás, violentada por el Ejecutivo, que no sabemos si ordenó, permitió o simplemente prefirió mirar a otro lado, mientras los tanques de guerra ingresaban al más sagrado recinto de la justicia. Fue este el primer acto de cooptación de la justicia por parte del poder Ejecutivo.

Posteriormente, la nefasta Constitución de 1991, que abolía la extradición de nacionales por cuya vigencia nuestros más destacados juristas entregaron sus vidas, continuaría en la toma de la justicia por parte del Poder Ejecutivo al permitir que la política permease la elección de nuestros magistrados, por la vía de la elección de quienes conforman el Consejo Superior de la Judicatura, mismos que se encargan de elegir a quienes pueden optar por someter su nombre a consideración de una de las altas cortes.

De manera inexplicable, y sin que resultare fácil encontrar un precedente para una situación similar en nuestra historia judicial, hace apenas unos días, un Ministro del Despacho descalificó abiertamente un fallo de nuestro Consejo de Estado en materia de los salarios de los altos cargos. Antes, era lugar común señalar que aun cuando no se compartiesen las decisiones de los tribunales, había que respetarlas. Ahora, sin tapujos un alto dignatario sale a los medios de comunicación, y abiertamente y sin sonrojarse dice que el Consejo de Estado se “metió un autogol”. Vergonzoso.

Esta misma Constitución, ponderada por algunos, pero cuyas falencias y defectos son la causa de muchas de nuestras dificultades actuales, igualmente logró perpetuar la impunidad de quienes detentan el poder por la vía del conocido aforismo “yo te nombro, tú me investigas”. Las causas de esta crisis de la justicia son múltiples, muchas aún por establecer, pero que nadie lo dude, que esto inició esa mañana del de noviembre de 1985.