Un Estado tramposo

Francisco Bernate Ochoa

Coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario

Twitter: @fbernate

Seguramente usted recordará, en sus días de infancia, cuando estando en un parque se topaba con otros niños de su misma edad, quienes estaban jugando fútbol y decidían retarse a un partido. “La gaseosa al que gane, vamos a cinco goles”. Supongamos que en la mitad del juego, cuando su equipo tenía la ventaja por cuatro goles a cero, el dueño del balón -ese enigmático personaje todopoderoso-  cambiaba las reglas del juego y el cotejo ya no se jugaba a cinco, sino a 10 goles, y así sucesivamente se iba incrementando la cifra, hasta que diera suficiente con tal de no reconocerse perdedor.

La actitud de Colombia respecto de los derechos humanos es precisamente la de este niño dueño del balón, que está dispuesto a cambiar las reglas del juego y a no acatar todo aquello que no le guste. Así como ayer no aplicó la sentencia de la Corte IDH sobre la masacre de Santo Domingo o el fallo de La Haya respecto de San Andrés, ni las medidas cautelares en el caso del Alcalde de Bogotá, ahora los tratados internacionales sobre derechos humanos tampoco le sirven, y no los aplicamos, porque, simplemente, no son del gusto de la opinión pública.

Lo que acaba de suceder en este triste caso de un ataque cruel e inhumano con ácido a una mujer nos ha demostrado cuán bajo pueden caer el ser humano y un Estado que se rebajó a su mismo nivel, todo con la complacencia de un sistema penal acusatorio que desconoce los derechos humanos y en el que todo es posible. Fueron varias las agresiones a las más elementales garantías del ciudadano, y nadie que haya pasado por una facultad de Derecho, así sea un día no más, puede celebrar esta monstruosidad jurídica.

En primer lugar, sin haber sido condenado, el infractor fue presentado a la opinión pública, de una vez, como culpable, desconociendo que existe una presunción de inocencia. En segundo lugar, fue imputado como imputable y encarcelado como tal, desconociendo su posible condición de enfermo mental, imposibilitando el acceso a un tratamiento efectivo que lo proteja a él y a los demás. En tercer lugar, con tal de satisfacer los intereses de una opinión pública, igual de salvaje al agresor, con ministro de Estado a bordo pidiendo escupitajos públicos de la manera más primaria posible, se le imputó un delito que no cometió, bajo el engaño de que era más grave que aquel que realmente cometió. Esto lo hizo la Fiscalía a sabiendas de que, de mantenerse en esta tesis absurda, el infractor tendrá que ser absuelto.

Hace un tiempo, cuando se presentaron los ataques con ácido, se modificó la ley existente bajo los mismos argumentos de ahora, que las penas eran muy bajas, que era un hecho excarcelable, y entonces tuvimos el habitual incremento de las sanciones a la espera del infractor que fuese a estrenar tan justa reforma legal. Lo terrible es que cuando esto sucedió, a Colombia ese castigo le pareció poquito, esa misma ley que hace apenas un año celebraban como justa y acertada, un año después era benigna e inaplicable.

Lo de siempre, como malos perdedores, cambiando las reglas del juego hasta que se acomoden a unos intereses supuestamente populares, y dejando los derechos humanos de lado. El Derecho colombiano, los principios mínimos de toda cultura civilizada, se encuentran en su lecho de muerte. Sigamos viviendo del escándalo diario mientras nos hundimos en el subdesarrollo, sin más opción que ver cómo nuestros vecinos hace mucho tiempo entendieron que este no es el camino y han emprendido el viaje hacia la prosperidad y el desarrollo, mientras nosotros seguimos esperando el pedazo de carne que vamos a roer en el noticiero de la mañana, en medio del clamor de una multitud ignorante para la cual ya no hay sangre suficiente para calmar su sed de venganza.

Que siga la fiesta, pero cuidado, mañana al que vamos a roer puede ser usted.