Un comité para casos sin connotación nacional

Orlando Muñoz Neira Abogado admitido en la barra de abogados de Nueva York omunoz59@hotmail.com

Todos los organismos encargados de imponer o tramitar sanciones (penales, disciplinarias, fiscales o administrativas) cuentan con mecanismos que permiten a la cabeza o altos funcionarios de la entidad brindar información sobre los asuntos que por distintas razones generan atención de los medios de comunicación. Es la forma como la sociedad obtiene información sobre casos famosos. Por ejemplo, en varias entidades se han constituido métodos para que la información sobre los procesos que han ganado la atención de la prensa fluya adecuadamente desde la base hasta la cúpula de la organización, incluidos comités de casos de connotación nacional. Así, cuando los micrófonos de los medios circundan, como sirenas homéricas, los rostros de los jerarcas de las llamadas ías, ellos o ellas pueden revelar datos sobre el desenvolvimiento y resultados de ciertas investigaciones y juicios.

Se cuentan aquí, por supuesto, el procesamiento de altos exfuncionarios estatales implicados en escándalos de corrupción, malos manejos presupuestales, participación indebida en política, paramilitarismo y violación de derechos humanos, entre otros. Y, por lo general, las cabezas de esas entidades sancionadoras adquieren buena o mala reputación de acuerdo a la percepción que sobre el manejo de esos casos famosos tenga la llamada opinión pública. Esta resulta siendo una especie de jurado que las califica, bien o mal, según lo acertada, drástica y oportuna que haya sido esa entidad al imponer su merecido a quienes han violado la letra de la ley.

Sin querer negar la importancia que tienen los casos a los que la fama acompaña, es trascendental determinar si ellos representan en verdad a la justicia colombiana o si son siquiera una muestra típica de lo que acontece a diario en los miles de despachos del país. Mucho me temo que la respuesta a ese interrogante deba ser negativa.

Por muchas razones, los asuntos de fama ni simbolizan lo que a diario acontece en los palacios de justicia y disciplina, ni son una muestra representativa de ellos. A diferencia de sus populares hermanos, los casos del corriente no tienen víctimas que logren ser entrevistadas en la radio, ni abogados prestantes que aparezcan a cada momento en la pantalla de televisión, ni comunicados de prensa de las entidades públicas, ni mucho menos trinos en las cuentas de Twitter. Y sin embargo, de la forma en que los servidores públicos encargados de ellos resuelvan ese raudal de asuntos que la prensa ignora, depende la justicia de millones de colombianos cuya voz no tiene ni un par de segundos de atención pública.

En ese mundo ignorado, pululan los miembros de la comunidad burlados por pésimos administradores de la cosa pública, los desesperados ante la desidia de entidades estatales que no toman decisiones a tiempo, las viudas y los huérfanos de miles de hombres y mujeres ultimados por la violencia de distintos orígenes, los heridos, los niños y niñas agredidos sexualmente, la cantidad descomunal de transeúntes atacados por los criminales que en la calle embisten sin consideración alguna, la tristeza de los estafados y el miedo de los extorsionados, y claro está, los falsos acusados que aun inocentes y con las uñas tienen que lidiar con la terrible pesadumbre que el proceso implica. También para ellos sería importante que la opinión pública, y las cabezas de los organismos a quienes la Constitución y la ley han confiado el cayado de sancionar, tuvieran atención, palabras y un plan concreto que permita la solución pronta, oportuna y razonable de sus entuertos.

Me temo que esos, los procesos condenados a sobrevivir en el olvido mediático, si acaso podrán esperar a ser parte de una gruesa cifra puesta en un reporte estadístico o en un cuadro de Excel, pero qué crucial y definitivo sería para un país como Colombia que durante tantos años ha luchado por mejorar su sistema democrático, que ese acervo de asuntos tuviera en la mente de los rectores de los entes sancionadores propuestas novedosas de manejo, un plan razonable de resolución y una revisión concienzuda, constante y no meramente estadística, financiada con realismo para que el curso de esos trámites anónimos fuera gerenciado en forma expedita y descomplicada. Una tarea tal de seguro no tendrá muchos reportes de prensa, pero en el corazón de los millones de colombianos que por distintas razones tienen que lidiar con las asperezas del proceso, la gratitud no tendría límites.