Tsunami tributario

Juan Camilo Serrano Valenzuela

Abogado y asesor tributario

Con frecuencia los contribuyentes se sienten abrumados por la concentración de las fechas de vencimiento de los distintos impuestos y contribuciones en los primeros meses del año.

Entre marzo y mayo, se presentan vencimientos de los impuestos predial, de vehículos, renta para las personas jurídicas, a la riqueza, Cree, etc., lo que normalmente agobia a los contribuyentes y les genera angustias similares a las de un huracán económico.

Sin embargo, este año, particularmente, ha sido mayor la avalancha de impuestos reales, de anuncios y amenazas impositivas, lo que evidencia la fragilidad fiscal de la Nación y los entes territoriales, todo a cargo de los contribuyentes, pues, a pesar de la disminución en la credibilidad de las instituciones, se observan importantes aportes de los privados para fortalecer inversiones que corresponden a entes públicos.

Nos hemos encontrado con anuncios como la financiación del plan de expansión eléctrica y fondos de energía no convencionales, mediante incrementos tarifarios, contribuciones por estacionamientos públicos o privados, incrementos en tarifas de registro de instrumentos públicos, tasas por descongestión, etc., como mecanismos de financiación o desestímulo económico, todos incluidos en el recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo.

También se vienen anunciando sobretasas al consumo de agua, contribuciones por valorización rural por obras de infraestructura, modificación que genera gravámenes a cargo de las entidades sin ánimo de lucro, tanto las que son instrumento de evasión como las que cumplen funciones que corresponden al Estado, y lo hacen con recursos privados, incremento del IVA para la financiación de la paz, etc.

Todo lo anterior sumado al incremento de impuestos como el predial, por el reajuste y la actualización de los catastros, sin considerar un ajuste a las tarifas impositivas que compense la desproporcionada, aunque no ilegal, modificación de la base gravable.

Adicionalmente, la UGPP ha venido persiguiendo a quienes, a pesar de contar con patrimonio, no realizan actividades económicas ni prestan servicios personales, con el fin de sobrecargarlos con más contribuciones que no están obligados a realizar, bajo la amenaza de cancelar su inscripción como beneficiarios de los servicios de salud, en busca de gestión, por la angustia de perder el servicio de salud, incluso de personas mayores que no cuentan con pensión.

Y la más aberrante de todas, la amenaza del señor alcalde mayor de Bogotá de recobrar una nueva contribución de valorización para financiar las obras de la calle 94, que ya se pagó por los bogotanos, y que fue subvalorada, o se presentaron sobrecostos, o la plata se quedó enredada en el carrusel de la contratación, y todo a cargo de los contribuyentes.

Por lo que se observa, los servicios básicos que corresponden al Estado y que pagan los contribuyentes de manera directa, como la seguridad, en un país donde una de las más prósperas actividades es la prestación privada de seguridad; la educación, cuya cobertura pública es claramente insuficiente y corresponde a los particulares proveerla a su costo, y la salud, cuya calidad es precaria, a menos de que se cuente con medicina prepagada que garantice un servicio digno, no son suficientes para detener la voracidad de las autoridades económicas, cuya formación técnica no les permite ver el bosque en que se encuentra sumida la mayoría de los contribuyentes, que no dejan de ser marginales en las cifras macroeconómicas, pues están ocupadas talando los árboles del déficit fiscal.

Es un verdadero tsunami tributario lo que estamos padeciendo los contribuyentes, que cada mañana nos despertamos atemorizados por cada intervención pública de las autoridades tributarias sobre la creación o reforma de impuestos, contribuciones, tasas, restricciones y limitaciones a la utilización de espacios públicos o bienes sobre los que se han pagado y se siguen pagando impuestos, en ocasiones a tarifas o con bases gravables desproporcionadas.

Es hora de pensar en un ajuste serio e integral del sistema, que garantice estabilidad jurídica para todos, pues se anuncian reformas parciales, que lo único que aseguran es incongruencia y mayor voracidad tributaria, ya que las últimas reformas únicamente han evidenciado necesidad de recursos y no ajuste integral o coordinado del sistema.