Son excesivos los permisos para docencia y viajes en la Rama Judicial

José Miguel De La Calle Superintendente de Industria y Comercio

El Plan Nacional de Descongestión de la Rama Judicial, creado con la Ley 1285 del 2009, ha permitido el ingreso de nuevos recursos monetarios a la rama, dando un vuelco importante a la tendencia de creciente mora judicial que venía registrando el país. Solo en el año 2011, se agregaron al presupuesto de la justicia recursos por valor de 228.000 millones de pesos, los cuales fueron usados para crear más de 7.000 cargos temporales, de los que 1.077 correspondieron a funcionarios. A la creación de cargos se han sumado otras iniciativas de importancia que han ayudado a hacer más productivos los despachos judiciales. Se destacan los esfuerzos de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en la implementación de programas intensivos de capacitación y algunos avances significativos en el campo tecnológico.

A pesar de todo, el país sigue mostrando un desempeño pobre en materia de eficiencia en la justicia, por debajo de la productividad de otros países. Según el último informe del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso de la República (2011 - 2012), existe un inventario total de procesos pendientes de decisión de 2.271.380 casos (de los cuales están activos el 65 %), un 19 % inferior al saldo del año anterior. Si se tomara la misma tasa de descongestión (una reducción de 431.000 casos al año), el país necesitaría un poco más de cinco años para ponerse al día, en el supuesto de que se sigan destinando dineros extraordinarios para ese fin.

Pero, ¿por qué nos da tanto trabajo eliminar la mora judicial, si Colombia es uno de los países del mundo con más jueces en proporción a su población (16 por cada 100.000 habitantes, incluyendo jueces de descongestión), superado en Latinoamérica únicamente por Costa Rica?

¿Cómo es posible, me pregunto, que Chile resuelva al año un número similar de asuntos (2.700.000), si cuenta tan solo con 6,5 jueces por cada 100.000 habitantes? Tal vez, parte de la respuesta está en la productividad mensual de cada funcionario judicial.

El régimen especial de la Ley 270 de 1996 permite que se otorguen comisiones a los jueces y magistrados para asistir a conferencias y seminarios. En total, podrán tomarse para este fin cinco horas a la semana. Los permisos para fines de docencia pueden ser tomados hasta por otras cinco horas por semana. A su turno, los magistrados tienen derecho a cinco días de permiso al mes y los jueces, a tres. Las comisiones de servicio, muy comunes en la Rama Judicial, les sirven a los funcionarios para viajar al exterior, y pueden llegar a significar, en promedio, dos días más de ausencia por mes, por cada funcionario.

Asumiendo que el total de ausencias no supera el 70 % del máximo posible, en total, de los 22 días hábiles que en promedio tiene el mes, un funcionario judicial típico trabajaría entre 12 y 15 días, sin descontar vacaciones ni comisiones especiales. En otras palabras, los jueces estarían trabajando entre la mitad y las dos terceras partes del tiempo hábil que se les paga.

Como es lógico, estos cálculos estadísticos solo permiten una referencia numérica sobre los resultados globales de la justicia, y con ello no se podría juzgar el desempeño de los jueces en particular. Son muchos los jueces y magistrados que he conocido en mi ejercicio profesional que son extraordinarios administradores de justicia y trabajadores entregados a su oficio profesional. Pero no por ello puedo dejar de señalar, para concluir, que si hipotéticamente todos los funcionarios judiciales eliminaran el uso de permisos y comisiones, limitándose a situaciones de necesidad crítica, y manteniendo el goce de sus vacaciones anuales, la justicia se pondría al día en un poco más de un año.

Veamos: hoy en día, sumando los jueces y demás funcionarios de descongestión, cada uno de ellos decide, en promedio, 447 casos al año. Por ende, un incremento cercano al 50 % de la producción permitiría evacuar en un año más de cuatro millones de expedientes, lo que da para cubrir todos los casos del año respectivo y el 100 % de los casos activos acumulados.