¡Sí a la reforma procesal penal, pero no a esta!

José Fernando Mestre O.

Profesor Universidad Javeriana – Socio de M&P Abogados

La Ley 906, Código de Procedimiento Penal, cumple 10 años de vigencia, y no es impertinente procurar su reforma y el ajuste normativo de algunas de sus instituciones. Las radicales transformaciones que en su momento esta norma implicó –en la actividad política y procesal de la Fiscalía, en la naturaleza de la participación de las víctimas, en las implicaciones probatorias de la oralidad y de la inmediación, entre otras– hacían casi imprevisibles los problemas de aplicación práctica que se han venido experimentando, originados tanto en la redacción de las normas, como en la interpretación que se ha dado a las mismas, y especialmente en los diferentes niveles de comprensión e interiorización de los conceptos y estrategias adoptados.

Por eso, en principio, se recibe como positivo que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación hayan presentado, a mediados de abril, un proyecto de ley con dicho propósito reformador. Sin embargo, después de revisar el articulado propuesto, se observa un errado diagnóstico o una equivocada adopción de la estrategia, pues junto a puntuales y necesarios ajustes, se eliminan importantes avances y valiosas conquistas que se habían alcanzado y también se profundizan graves problemas prácticos que actualmente afectan la legitimidad del sistema penal.

Solo un par de ejemplos. En primer lugar, la propuesta de eliminación del incidente de reparación integral, además de su probable inconstitucionalidad, constituye un retroceso en relación con la participación inclusiva de las víctimas, la justicia restaurativa y, en general, la humanización del proceso penal. Si ello se suma a las demás propuestas referidas al tema de la reparación, se observa que se está abandonando el original sentido restaurativo de la política criminal, pero que no está siendo remplazado por otra tendencia política, sino por retazos desarticulados que dejan mucho que desear frente a la consistencia y seriedad de la ideología o racionalidad detrás de la reforma.

Por otra parte, la propuesta de reinstituir los beneficios por colaboración con la justicia para condenados desatiende irresponsablemente la problemática de los falsos testigos que está azotando sin clemencia a la justicia colombiana. Las rebajas e indulgencias que los delincuentes colaboradores obtienen actualmente con mecanismos como los preacuerdos y el principio de oportunidad han sido identificadas desafortunadamente como generadoras de falsos testigos, tal y como lo ha reconocido expresamente el Fiscal General y no es desconocido para el Ministro de Justicia.

En consecuencia, en momentos en que la política pública debe orientarse consistentemente a afrontar esta problemática y a procurar que instituciones valiosas y benéficas como los preacuerdos y el principio de oportunidad no se hundan en el desprestigio por el uso perverso que los falsos testigos y algunos fiscales están haciendo de ellas, no parece adecuado entregar un nuevo mecanismo a los delincuentes para agravar la situación. Por simple lógica, una persona ya condenada, sin esperanzas de defensa o absolución, estaría todavía en más disposición de mentir para obtener beneficios que un simple perseguido. Lo que hay que hacer en este momento es regular y ajustar la normatividad vigente, para racionalizarla y encauzarla a la obtención de sus beneficios legítimos y no abrir un nuevo boquete que dificulte su normalización.

Hay otras propuestas referidas a muchísimos temas, pero no hay coherencia ni aciertos contundentes. Por ejemplo, en materia de regulación del principio de oportunidad, se preservan y agravan varios problemas actuales y, a pesar de dar algunos otros pasos en la dirección correcta, finalmente se pierde una oportunidad histórica de revitalizar esta institución, que ha sido la gran decepción o la promesa incumplida del sistema penal.

En suma, al margen de puntuales, excepcionales, pequeños e insuficientes aciertos, la reforma propuesta parte de una percepción errada y tiende a propiciar un escenario incluso peor que el actual. Ahora, paradójicamente, tendremos que confiar en que nuestro diverso, indocto y apático Congreso corrija el rumbo del proyecto presentado por organismos técnicamente más competentes, de los cuales, por su idoneidad para el manejo de asuntos político-criminales, se esperaba mucho más. Corresponde entonces a la academia y a los juristas intervenir activamente en el trámite legislativo, para evitar una debacle mayor.