Se derrumba la justicia

José Miguel de la Calle

La crisis de la justicia alcanza todos los niveles, no solo a las altas cortes. En Colombia se celebran miles de contratos estatales con las más de 9.000 entidades públicas existentes. Según el informe anual de Transparencia por Colombia (2012), el 61 % de los empresarios colombianos admite que se pagan sobornos para lograr la adjudicación de estos contratos. El monto promedio de la “mordida” es del 12,9 % del valor de cada contrato, según cálculos del ex zar anticorrupción Oscar Ortiz. El monto total de los pagos corruptos al año supera los siete billones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 2 % del PIB.

Aparte de constituir un delito contra el patrimonio y la moralidad, los sobornos destruyen por completo la libre competencia, dejando sin posibilidad real de competir a los demás licitantes, y afectando el bienestar de todos los consumidores.

A pesar del volumen de actos de corrupción, y de la cantidad de rastros y testigos que ello deja a su paso, no son muchas las ocasiones en que se denuncian los hechos ante las autoridades. En este, como en otros delitos, la tasa de víctimas que se abstiene de formular denuncia es del 72 % (encuesta de la Corporación Excelencia en la Justicia –CEJ–).

Como lo muestran las estadísticas oficiales de la Dijin, y a pesar del gran esfuerzo que hace la Policía Nacional, en promedio, el total de capturas no supera el 10 % de los casos denunciados. La mayoría de los más de 60.000 capturados al año recobra su libertad y muchos no son siquiera procesados.

Al final de cuentas, lo que importa, desde la perspectiva de justicia, es el número de casos que obtienen una sentencia, sea esta condenatoria o absolutoria, y es allí donde la situación es más deplorable. Del total de noticias criminales (1.069.000 al año), solo se producen 39.984 sentencias (datos 2012, CEJ), advirtiendo que de dicho total, solo el 3% de los casos se cierra por inexistencia del delito. En materia de corrupción, el número de sentencias es inferior a 100.

Aparte de los más graves delitos, todos los días los colombianos somos víctimas de delitos comunes que deterioran la calidad de vida y ponen en riesgo nuestra integridad personal, como robos de celulares, asaltos a residencias, hurtos de carros y motos, etc. Frente a este flagelo también brillan por su ausencia la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales.

Las denuncias no suelen pasar de un computador que solo sirve para hacer estadísticas, excepción hecha de los casos que se apalancan con encumbrados abogados penalistas que usan los medios de comunicación para dramatizar sus casos, a sabiendas de que en la Fiscalía la “política criminal” se ve altamente influida por el ruido mediático.

En ese sentido, la situación de acceso a la justicia penal se agrava para la mayoría de los colombianos, que no tiene entrada a ese tipo de “justicia mediática”, altamente eficaz.  Los pocos casos que logran una apertura formal se someten a un largo camino de vicisitudes que puede durar muchos años, después de infinidad de folios, testigos y fiscales.

Al final, lo que más mueve a la justicia penal es la apariencia de darle curso a las investigaciones, sin mayor preocupación por la justicia, la verdad o la reparación. Los mayores niveles de incidencia sobre el resultado de un proceso penal se derivan de las presiones políticas, las mafias de testigos o las maniobras de los apoderados; todo menos la protección de los derechos de las víctimas.

Cada administración de la Fiscalía es peor que la anterior. El país no cuenta con una política criminal, ni se ven señales de mejoría, a pesar del suntuoso crecimiento presupuestal que, entre otras, le dio a la Fiscalía una planta de más de 28.000 personas.

Hoy el sistema judicial es tan ineficiente que su mayor aporte es la revictimización de las víctimas y la victimización de la sociedad. ¿Para qué tanta infraestructura y tanta teoría jurídica, si al final de los más de un millón de delitos que se denuncian al año, apenas algo más del 3 % termina con sentencia y menos casos aún con reparación a las víctimas?