Santurbán en peligro

Mariela Vega de Herrera Abogada especialista en derecho administrativo marielavega70@hotmail.com

La catástrofe ambiental manifestada en el crudo invierno asoló al país, con desastres de especial magnitud en los municipios santandereanos de Lebrija y Gramalote. El movimiento de tierra y aguas arrasó con vías y bienes producto del trabajo de los pobladores, que, en forma intempestiva, sufrieron la destrucción total de sus patrimonios, con la consiguiente necesidad de enfrentarse a una vida de mayores dificultades y penurias. Aunada a este desastre, se suma la explosión de la mina La Preciosa, en Sardinata, para aumentar el cuadro de miseria, porque no solo cuenta la muerte de los 21 mineros, dolorosa en sí misma. Sus familias desamparadas y los sobrevivientes cesantes por la clausura de la fuente de trabajo, aunque mal remunerado, son factores agravantes de la situación.

Pero más preocupante es saber que las amenazas continúan latentes para todos los colombianos, porque el cambio climático es una realidad y ni el invierno ha cesado, ni los peligros han desaparecido. Ahora el principal temor es la inminente destrucción del páramo de Santurbán a manos de empresas multinacionales, que, comenzando la exploración para explotar oro y otros metales, transgreden la ley, violentan el ecosistema, y solo son sancionadas con irrisorias multas.

Estas anomalías han generado una voz de alarma de autorizados expertos en el tema, cuya solvencia moral y científica no deja duda alguna sobre la veracidad de sus juiciosas disertaciones. Ellas ponen de presente cómo la industria minera a gran escala ingresa al territorio colombiano con el señuelo del progreso producido por la inversión extranjera y señalan los irreparables daños que sobrevendrán por la destrucción de la tierra y, en general, del medio ambiente (Guillermo Rudas Lleras, Minería, medio ambiente y cambio climático: una señal de alarma, www.razonpublica.com, ene. 16/11). “La minería por definición es una actividad insostenible, basada en la extracción de un recurso natural no renovable, que se agota”, advierte Juan Pablo Ruiz (Minería sin instituciones. El Espectador, feb. 2/11).

El embeleco minero causa mayores estragos que beneficios en el suelo donde se desarrolla, por lo que corresponde al Estado fortalecer las instituciones en la materia. No es del caso analizar cada uno de los aspectos desfavorables si se permite que la gran industria profane el páramo y su delicado ecosistema a cambio de unos cuantos empleos para los pobladores de la región. Baste saber que allí nacen los ríos proveedores de agua para los municipios del área metropolitana de Bucaramanga y para otras ciudades de Norte de Santander.

La extracción de metales preciosos necesariamente ocasiona contaminación de las aguas subterráneas con elementos químicos de alta toxicidad, como el cianuro, que se utilizará a razón de 40.000 kilos por día. Además, horadar 220 hectáreas para la extracción, a más de las otras 200 que se destinarían al tratamiento de tóxicos, constituye un verdadero atentado a la riqueza biótica del entorno (Alfredo Molano Jimeno. La fiebre del oro en Santurbán, El Espectador, dic. 23/10).

El debate entre los defensores del páramo y la posición asumida por los empresarios e industriales de la minería, que abogan por sus intereses económicos, plantea al Gobierno como problema sociojurídico decidir la estricta aplicación del Código de Minas con la lógica exclusión de toda actividad extractiva en los páramos, como debe ser (Manuel Rodríguez Becerra. Citado por Pastor Virviescas Gómez. Proyecto aurífero en el Páramo de Santurbán. “El Dedo en la llaga” del Minambiente, El Espectador, ene. 31/11) o dar  prelación al interés particular con meras expectativas, dado el trámite de licencias apresuradamente admitidas. Se trata, ni más ni menos, de resolver si prima o no el interés general encarnado en la preservación del páramo o el interés económico de grandes empresarios.

Por otra parte, está el problema de la exigua planta de personal disponible para el control de la actividad minera, según advertencia del propio Ministro de Minas, falencia que ha permitido la continua y sistemática violación de la ley, que pretende solucionarse con auditoría de firmas extranjeras, de suyo ajenas y sin sentido de pertenencia al interés nacional.

Ante esa desprotección institucional, la Procuraduría y la Contraloría cuentan con facultades y herramientas adecuadas para acudir en socorro de los colombianos y de los recursos naturales, y de paso revisar si se cumple el correcto recaudo de las sumas correspondientes al Estado por aprovechamiento minero.

La situación es compleja; pero podría ocurrir que este Gobierno, interesado en acertar y ante la dimensión del problema, intente estrategias capaces de romper la concepción de un Estado meramente regulador, para convertirse en promotor del verdadero progreso. De manera que, a más de la protección de los recursos naturales y para un desarrollo sostenible, con un modelo económico más justo, los habitantes de la zona cuenten con otras fuentes de trabajo generadoras de ingresos, para una vida digna que garantice el bienestar de la mayoría y no el enriquecimiento de unos pocos.

Por ahora, ¡cerremos filas en defensa de los páramos y del ecosistema!