Prohibido morir

“Ya no tenemos cementerio. El primero de enero del 2008 voy a sacá un decreto que dice: ‘prohibido morir en Baranoa’, porque no tenemos donde enterrar a los muertos”.

Hace seis años, con esta propuesta de campaña, el entonces candidato a la Alcaldía de Baranoa (Atlántico) Pedro Cantillo Araújo (q. e. p. d.) quiso llamar la atención sobre la difícil situación por la que atravesaba el cementerio de ese municipio, al que ya no le cabía un muerto más.

Como suele suceder, el tiempo pasó sin que ninguna autoridad le diera solución a la problemática. Y aunque parezca sacada de un cuento macondiano, la propuesta del político costeño fue la única salida que encontró el hoy alcalde, Roberto Celedón, para que alguien le pusiera cuidado a la crisis de más de un lustro por la que atraviesa el campo santo.

Acosado por la emergencia sanitaria que la situación de hacinamiento mortuorio podría llegar a generar, Celedón acudió a varias entidades del Gobierno, entre ellas el Departamento para la Prosperidad Social, con el fin de que le ayudaran a sacar adelante un proyecto para la construcción de un nuevo cementerio, con mayor capacidad, una morgue atendida por el Instituto de Medicina Legal, capilla, velatorio y hasta cafetería. Pero, según le contó al diario El Heraldo, la única respuesta que obtuvo el mandatario fue “que los muertos no contribuyen mucho a mejorar los índices sociales de prosperidad, solo los de mortalidad”.

Ante la negativa, y como las autoridades sanitarias lo seguían presionando para que adoptara soluciones urgentes, Celedón revivió la propuesta de Cantillo: “… como yo no obedezca, puedo ser sancionado; pero como tampoco obtengo ayuda de nadie, pues me veo obligado a prohibir que en este municipio muera más gente”, sentenció.

El anuncio, que de entrada da para morirse de la risa, logró su efecto. Varios medios de comunicación hicieron eco de la supuesta medida que tomaría el alcalde, y que condenaría a los baranoeros a vivir la vida eterna o a irse a otro pueblo para poder morir en paz.

Mientras los administrados hacían cuentas de su expectativa de vida, para calcular el tiempo que les quedaba sin tener que infringir el inminente decreto, Celedón presentó un proyecto por 4.000 millones de pesos ante la Regional Caribe del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), para que, con recursos del nuevo sistema de regalías, se cubra el traslado de los cadáveres sepultados en el actual cementerio a una nueva sede que se ubicaría en la vía que conduce a Sabanalarga.

La iniciativa, según informó el municipio de Baranoa, ya tiene el visto bueno de la Dirección de Proyectos de Regalías del Departamento Nacional de Planeación. De la aprobación del OCAD depende que los baranoeros no tengan que acudir a pócimas mágicas para evitar transgredir la norma con la que el alcalde los obligaría a vivir por los siglos de los siglos, so pena de... ¿qué pena se le puede imponer a un muerto?

(Fuentes: El Heraldo, Alcaldía de Baranoa y YouTube)