Política, medios de comunicación y libertinaje de prensa

Andrés Flórez Villegas Socio Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos aflorez@esguerrabarrera.com

En las sociedades del siglo XXI, cada vez más entregadas al consumo y  la frivolidad, se olvida que la democracia depende de dos premisas básicas y elementales. La primera es la de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. La segunda, es que para que los ciudadanos puedan participar en forma adecuada en política deben poder debatir y discutir en forma libre todos los temas con base en información objetiva.

Así las cosas, la libertad de expresión y la libertad de prensa, junto con el derecho correlativo de los ciudadanos a recibir información veraz e imparcial, son ni más ni menos que la quintaesencia del orden democrático.

Estas premisas elementales se echan de menos –y de qué forma– en la actual contienda electoral. Por cuenta de las elecciones presidenciales nos hemos dado cuenta de lo endeble que es nuestra democracia cuando los medios de comunicación y quienes los dirigen toman partido.

El bullying mediático ha sido descomunal: Todos los medios –o casi todos, para ser justos– se dedicaron a hacerle eco a las solicitudes de renuncia a sus aspiraciones a un candidato  presidencial por cuenta de un video en el que aparecía hablando con un presunto hacker. Ese candidato fue condenado por los medios de comunicación tradicionales, sin que le contaran a la gente, por ejemplo, que al primer video difundido se le habían eliminado algunos apartes, apartes que por demás eran bastante benignos para ese candidato. Cuando eso se supo ya el daño estaba hecho y era un dogma de fe que el personaje del video era una persona de la peor ralea, afectando seriamente al candidato.

Semanas después esos mismos medios guardaron un silencio cómplice frente a un video verdaderamente escandaloso: un candidato a vicepresidente visitando un barrio de aquellos que se construyeron con recursos públicos, pidiendo votos a cambio de las viviendas entregadas cuando era ministro. En el video, dicho candidato señala que les trae noticias de más regalos del Gobierno pero, que eso sí, solicita que la publicidad política de su oponente sea retirada de las casas regaladas.

El “bullying mediático” por un video y el silencio sepulcral frente al otro ponen en evidencia que los periodistas a veces parecen hinchas.

Por eso, para proteger la democracia y el equilibrio informativo, hace sentido pensar en expedir normas que garanticen que los ciudadanos reciban información veraz e imparcial. No se trata, por supuesto, de limitar o censurar el derecho a informar. De lo que se trata es de responsabilizar a quien informa de lo que diga o deje de decir.

La democracia no es completa si no se garantiza el derecho a ser informado y a reclamar contra las informaciones falsas y difamantes. Y el asunto se vuelve dramático cuando con ello se busca influir el resultado de unas elecciones. En ese caso estamos frente a una especie de golpe de Estado, solo que sutil y sinuoso.

Una ley que exija a los medios de comunicación respetar la honra y reputación de las personas, así como exigirles que verifiquen la información, su oportunidad de difusión, su contextualización y que contrasten la información antes de difundirla debería estar en el orden del día.

Una ley que exija que los titulares de la información sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias no parece que sea mucho pedir.

Una ley que prohíba el “linchamiento mediático” o la difusión de información concertada y reiterativa destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública parece apenas lógica.

Una ley que establezca que toda persona tiene la obligación de asumir las consecuencias posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en la ley, y que habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y penal parece de lo más normal.


Una ley que permita tener muchos canales de televisión abiertos, de manera que haya puntos de vista distintos y no apenas los de dos grupos económicos, no admite mayor discusión. 

Una normativa de este tipo, obviamente, no le va a gustar a los periodistas y medios de comunicación. Ya gritarán a los cuatro vientos “censura de prensa”. Pero alguien tiene que pensar en la democracia y en los intereses de los ciudadanos, no en los de los dueños de los medios de comunicación y menos en los del gobierno de turno.