Política criminal y sostenibilidad fiscal

Francisco Bernate Ochoa

Coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario

Twitter: @fbernate

En días recientes, los colombianos nos enteramos de las dificultades que atraviesa nuestro país en materia financiera. Otra vez la olla está raspada, y no parece encontrarse fácilmente la salida para contar con los recursos que se necesitan para llevar a cabo los planes y programas del recientemente reelegido Gobierno Nacional.

Como es habitual entre nosotros, la salida más fácil es la que impera, y por ello se hizo el anuncio de aumentar los impuestos a los ciudadanos, alternativa que fue sugerida y rápidamente reversada ante su manifiesta inconveniencia. A la hora de diagnosticar las causas de esta crisis financiera, suele mencionarse el evidente desbordamiento del gasto público y la carencia de austeridad del actual Gobierno, pero también es cierto que la nefasta política criminal emprendida por nuestros legisladores ha hecho un gran aporte a esta situación, que nos afecta a todos como ciudadanos.

En efecto, cuando se expiden normas penales es evidente que las mismas tienen un impacto económico real. Cuando se crea un nuevo delito, habrá de contarse con un mayor número de funcionarios para su investigación y juzgamiento. Igualmente, los cambios en materia de procedimiento suponen la inyección de recursos para la ejecución de estas novedades, como sucedió con el paso al denominado sistema oral, que requirió la construcción de salas de audiencias e implementación de mecanismos para la grabación y conservación de lo que sucedía en estas diligencias. También, cuando se incrementan las penas o se reducen beneficios a quienes sean procesados o condenados por ciertos delitos, ello supone que deban destinarse más recursos para la construcción de cárceles o para el mantenimiento de los reclusos, sin perjuicio de que se intensifiquen las cuantías de las demandas patrimoniales al Estado por privación injusta de la libertad, en los casos en que el afectado resulte declarado inocente.

Lo anterior se corresponde con lo que podríamos llamar la política criminal explícita, que es la que aparece en las reformas legislativas a las que acceden todos los ciudadanos con la simple lectura de las novedades normativas. Pero la política criminal no se agota allí. Existe una política criminal implícita que se relaciona con las prácticas de todos quienes ponen en movimiento esas normas, como los agentes de policía, fiscales, jueces, apoderados, magistrados, entre otros. En este segundo momento de la política criminal –fase dinámica–, también encontramos una serie de sucesos con un gran impacto para las finanzas públicas, como las denominadas políticas de tolerancia cero frente a ciertos escenarios de criminalidad, en las que los procesados han de ser enviados sí o sí a prisión, o se seleccionan los procesos que llegan a conocimiento de las autoridades, para realizar un mayor despliegue investigativo en algunos, en detrimento de otros.

La realidad es que en Colombia existe una absoluta irresponsabilidad no solo frente a los derechos humanos, sino también respecto de las finanzas de todos, en el manejo de la política criminal. Seguimos creyendo que crear un delito es gratis, y que es el mejor negocio a la hora de cautivar clientela electoral. Así mismo, nuestros funcionarios no tienen problema alguno en bailar al ritmo que la calentura mediática impone, y sus agendas y prioridades no las determinan las reales necesidades del país, sino lo que está de moda en los medios de comunicación.

Creemos firmemente que el populismo punitivo es una de las principales causas de estas dificultades que atraviesa nuestra Colombia en materia de finanzas públicas, y este es un fenómeno que entre nosotros no ha sido aún diagnosticado o discutido. Proponemos que, en adelante, cualquier proyecto de ley con consecuencias penales, tales como creación de nuevos delitos, modificación de procedimientos, reducción de beneficios o aumento de penas, deba contar con un estudio previo sobre su impacto fiscal y, adicionalmente, en tanto que el discurso sobre la flagrante situación de desconocimiento de los derechos del hombre que se presenta en nuestro país definitivamente no ha calado, pretendemos que nuestros funcionarios tomen conciencia sobre la manera en que sus prácticas están afectando nuestros bolsillos, pues como decía Beccaría, al hombre le duele más una bolsa de su dinero que una de su propia sangre.