Los tenedores de bonos vs. Argentina

Andrés Flórez Villegas Socio de Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos aflorez@esguerrabarrera.com

Mientras se escriben estas líneas, Argentina se juega su futuro. Y todo tiene que ver con una emisión de bonos que los gobernantes de ese país se han dado mañas en incumplir. La historia es la siguiente:

En 1994 el gobierno argentino emitió bonos en los mercados internacionales con dos características importantes: La incorporación de la cláusula pari passu y la ausencia de la collective action clause (cláusula de acción colectiva). Bajo la primera cláusula, Argentina se comprometió a tratar a todos sus acreedores en igualdad de condiciones, especialmente en lo que respecta a pagos de cupones y capital de bonos.

Al no existir la segunda cláusula, si se reestructuraban los bonos, solo a los que aceptaran expresamente la reestructuración les aplicarían las nuevas condiciones. Así las cosas, bajo las condiciones en que Argentina ofreció sus bonos, al voluntariamente no incorporar la collective action clause, cualquier acreedor tenía derecho a cobrar el 100 % del bono sin importar si el 99,9 % restante de los acreedores los reestructuraban.

Pues bien, en el 2001 Argentina declaró la suspensión del pago de los bonos. El monto de capital impagado ascendía entonces a alrededor de 88.000 millones de dólares. En el 2005 y el 2010 Argentina convenció al 93 % de los tenedores de bonos de reestructurar su deuda. Estas operaciones implicaron una rebaja del capital a pagar y de los rendimientos, así como una ampliación considerable de los plazos de pago.

Entretanto, el otro 7 % de los tenedores de bonos no aceptaron la reestructuración y decidieron más bien demandar en una Corte de Nueva York el pago de toda su deuda aprovechando la ausencia de la collective action clause.


El juicio de marras se tramita ante el juez Poole Griesa, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y a Argentina le ha ido muy mal en el juicio. El juez decidió que Argentina no podía obligar a los tenedores del 7 % de los bonos a aceptar la reestructuración, pues no existía una collective action clause.

El fallo del juez Griesa ha resultado gravísimo para los intereses argentinos, pues tiene efectos para todos los tenedores de bonos, no solo para los que demandaron. Ocurre que los tenedores que habían aceptado la reestructuración en el 2005 y el 2010 incluyeron en su momento una cláusula RUFO (Right Upon Future Offers). Esta cláusula, junto con la pari passu, protege a quienes decidieron ingresar a la reestructuración de sufrir una pérdida en caso de que en el futuro se ofrezcan mejores términos de pago al 7 % que no aceptó la reestructuración.

Así las cosas, por cuenta de las cláusulas RUFO y pari passu y de la sentencia del juez Griesa, las reestructuraciones del 2005 y el 2010 quedaron en nada. Argentina sigue endeudado como en 1994 y tiene que pagar la totalidad de la emisión de bonos en los términos originales a todos los tenedores.

Argentina, en lugar de tratar de salir del laberinto judicial negociando con los tenedores de bonos, lo que ha hecho es dedicarse a insultar a los inversionistas demandantes y al juez. De no lograr un acuerdo antes de que termine el presente mes volverá a repetir uno de sus capítulos más sombríos: caerá, nuevamente, en suspensión de pagos.

Los economistas dicen que un gobierno estable es el que se puede endeudar al 6 %. Argentina se endeuda hoy por hoy a tasas de dos dígitos. Parece que se les olvidó que los inversionistas son cobardes y que sus temores valen plata vía la tasa de interés. Si Argentina no hace las paces con los mercados de valores, pagando lo que debe, no será un país viable, pues nadie le prestará dinero o lo harán a tasas ridículamente altas.

Hablando de Colombia, ojalá aprendamos de la experiencia argentina. Preocupa mucho lo que ha pasado en los últimos tiempos con varias emisiones de bonos que se han colocado para financiar proyectos estatales.

Los bonos Bogotá-Girardot y los Metrolínea, por ejemplo, han tenido problemas mayúsculos en los últimos tiempos. La Contraloría, algunos jueces aupados por el gobierno y hasta el gobierno central han tomado decisiones o consentido actuaciones que no propician el cumplimiento de lo pactado en las emisiones.

Esas actuaciones están haciendo que los inversionistas perciban con mucho temor los bonos que se están estructurando para financiar el agresivo programa de concesiones que tiene el país. Si no se corrige el rumbo, los inversionistas pueden terminar no invirtiendo o haciéndolo a cambio de tasas altísimas que incorporen los riesgos que entrañan las actuaciones de los diferentes órganos estatales.

Ojalá no nos toque aprender como a Argentina que el Estado, a todos sus niveles, tiene que honrar sus deudas, pues los mercados de valores son sensibles y tienen memoria de elefante. Y que no se olvide que siempre habrá jueces serios que pueden poner en jaque al Estado. O si no miren al juez Griesa.