Los desafíos de la academia y la justicia

El pasado 20 de mayo, se llevó a cabo el I Encuentro nacional de facultades de Derecho: desafíos de la academia y la justicia. Durante el evento, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), en asocio con los ministerios de Educación y de Justicia y del Derecho, y la participación de distintas universidades del país analizaron varios temas relacionados con el papel de los abogados, el contenido de los programas académicos y una posible reforma a la justicia en este sentido.

 

El acto académico contó con la asistencia de importantes conferencistas, como Juan Luis Mejía Arango, rector de la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología (Eafit); Omar Huertas Díaz, profesor de la Universidad Nacional; Loussia Penha Musse Lelix, docente de la Universidad de Brasilia; Francisco Bernate Ochoa, director del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario; César Augusto Brausin Arévalo, juez 17 Civil del Circuito de Bogotá; Patricia Martínez Barrios, viceministra de Educación Superior, y Piedad Amparo Zúñiga, viceministra de la Promoción de la Justicia.

 

Entre los puntos analizados en este encuentro académico, se destacaron el papel de las facultades de Derecho y de los abogados en el proceso de paz, la contribución de los consultorios jurídicos, el problema ético del abogado y la reforma a la justicia, entre otros.  

 

Formación de abogados  

El presidente de Acofade, Jesús Hernando Álvarez, manifestó que es necesario redoblar esfuerzos para hacer abogados competentes y, en ese sentido, invitó a las facultades de Derecho a replantear sus métodos de enseñanza, de manera que no existan debilidades con gran impacto en la administración de justicia.

 

Según Álvarez, la formación de docentes en las facultades de Derecho debería ser ampliada en un año, pues, al parecer, el afán por obtener un título no ha permitido dedicarle tiempo suficiente a la academia, aunado a que en algunas de ellas, inclusive, pueden formarse licenciados en Derecho en tan solo tres años.

 

En su opinión, ningún proyecto de reforma ha tocado el tema de la formación de abogados y su influencia en la actual crisis en la administración de justicia, y advirtió la importancia de sentar las bases de una política seria que desarrolle campos como la formación jurídica y la práctica judicial.

Por su parte, Pedro Octavio Munar, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, señaló que cualquier cambio resulta intrascendente, si no hay un compromiso serio con las facultades de Derecho en cuanto a la transformación hacia el saber hacer.

 

El funcionario se cuestionó sobre si se están formando los abogados que el país necesita para la oralidad, la justicia transicional o los litigios en línea.

 

Derecho y posconflicto

El viceministro de Política Criminal, Miguel Samper Strauss, planteó tres interrogantes relacionados con la formación en Derecho y el papel de los abogados en el posconflicto.

 

En primer lugar, preguntó sobre cómo se debe fortalecer la justicia desde la formación académica. En ese contexto, indicó que la aplicación de la justicia transicional es excepcional y, por ende, no pretende remplazar a la ordinaria.

 

Para Samper, si solo hay verdad, la sociedad y las víctimas lo van a entender como una justicia vacía; si solo hay reparación, se entenderá como un soborno a las víctimas, y si solo hay justicia, no puede entenderse únicamente desde el punto de vista penal.

 

En segundo lugar, indagó cómo debe ser la justicia en el marco del conflicto, al tiempo que precisó que es una apuesta arriesgada poner todo en manos de la Rama Judicial, cuando no existen mecanismos efectivos, pues se esperaría el resurgimiento del conflicto, si solo se investigan los crímenes, sin aportar un apoyo social, lo que, a la postre, desembocaría en un sentimiento de frustración.

 

Por último, preguntó hacia dónde se debe ir e indicó que el fortalecimiento de la justicia es indispensable, ya que el ganador debe ser un Estado de derecho. En este punto, señaló que es necesario que tanto instituciones educativas como entidades públicas estén blindadas.

 

La regulación adecuada a la realidad permite que, a futuro, los abogados no sean indiferentes, sino que le apuesten a la paz, como ciudadanos y actores de esta.

 

Proceso de paz

El rector de la Eafit, Juan Luis Mejía Arango, manifestó que es deber de todos los colombianos, sean abogados o no, leer historia de la violencia en Colombia.

 

Llamó la atención sobre las cifras oficiales que se manejan en las entidades públicas, según las cuales existen en el país 220.000 víctimas; de estas, 150.000 son ajenas al conflicto, es decir, no combatientes.

 

Así mismo, indicó que, según la Organización de Naciones Unidas, hay 5.000.000 de desplazados, aproximadamente, lo cual está desembocando en un problema urbano, ya que el 78 % de la población está en las ciudades. “La sociedad rebasó al Estado y la planificación ha sido poca”, señaló.

 

Para Mejía, aunque en el actual proceso de paz ya se lograron acuerdos relacionados con el sector agrario, participación política y narcotráfico, es necesario que se lleven a cabo reformas que se puedan incluir en la Constitución.

 

Hay varios factores que han influido en la actual situación del país, entre ellos, que aún se discuten temas y problemas de la década de los años ochenta y que existe una gran pérdida de confianza del ciudadano en el aparato jurisdiccional, agregó.

 

En su concepto, el papel del sector educativo es muy importante, pues puede implantar la cultura de la paz desde la forma de enseñar, con la metodología de ser, hacer y conocer. En el campo del Derecho, la enseñanza debe ser integral, de manera que los juristas se formen antes como ciudadanos que cumplen las normas, concluyó.

 

América Latina y el Caribe

Loussia Penha Musse Lelix, docente de la Universidad de Brasilia y coordinadora del proyecto tuning en América Latina, analizó los resultados de esta iniciativa en la región y resaltó que cerca del 80 % de los egresados universitarios no se ocupan en el área aprendida.

 

Este proyecto, que comenzó en Europa en el año 2000, está basado en una red de comunicaciones de aprendizaje entre académicos y estudiantes que reflexionan, debaten, elaboran instrumentos y comparten resultados, en su mayoría enfocados en la construcción de perfiles de egreso.

 

En la iniciativa participan más de 200 académicos y responsables de la educación superior, tanto de América Latina, con representación de Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Ecuador, México, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela; como de Europa, con Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irlanda e Italia.

 

Según la académica, los estudiantes son el centro de los procesos pedagógicos, por lo que no son los únicos que deben aprender, sino que el cuerpo docente también tiene la responsabilidad de desarrollar competencias y habilidades.

 

En este sentido, precisó que es muy importante despertar en el estudiante la capacidad de identificar y resolver problemas, aplicando conocimientos, explotando su creatividad y tomando decisiones justificadas.

 

En el campo del Derecho, destacó la necesidad de inculcar en los nuevos juristas la capacidad de identificar, interpretar y aplicar principios y reglas del sistema jurídico nacional e internacional; la aplicación de una metodología de investigación y la actuación ética.

 

De esta forma, I Encuentro nacional de facultades de Derecho: desafíos de la academia y la justicia sirvió como termómetro para medir la situación actual de la formación de los abogados, de cara a los nuevos desafíos para estos profesionales.