Ley de Justicia y Paz: la hora de los balances

Francisco Bernate Ochoa

Coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario

Twitter: @fbernate

Se cumplen ya nueve años de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, y todo apunta a que su aplicación pronto dejará de ser una realidad, debido a que los plazos allí establecidos como máximo de pena alternativa ya se cumplen para la mayoría de quienes se desmovilizaron en el marco del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. Con esto, llega la hora de los balances, de analizar lo bueno y lo malo, así como de observar las enseñanzas que su aplicación nos dejó.

Empecemos por lo bueno. La Ley de Justicia y Paz deja una gran cantidad de información sobre lo que ocurrió en los años de violencia paramilitar; permitió, así mismo, que las víctimas tuviesen una reparación moral, al conocer la verdad de los sucesos que las afectaron, y encontrar los restos de sus seres queridos. El principal legado, sin duda, es la riqueza informativa que nos deja como país sobre lo que fueron estos años de barbarie, misma que permite dar paso al perdón y la reconciliación.

Al mirar las oportunidades de mejoramiento, hay dos aspectos medulares que llaman nuestra atención. Por un lado, fueron las dificultades en la aplicación de esta ley las que llevaron a la adopción de los criterios de prioridad y selectividad, hoy implementados por la Fiscalía General de la Nación. La Ley de Justicia y Paz nos enseñó que es imposible investigar todos los sucesos ocurridos en el marco del conflicto armado, y que hay que priorizar aquello que será materia de investigación y juzgamiento.

En segundo lugar, nos demostró -en micro-, la realidad del sistema penal colombiano, como un sistema que abandona a los condenados a su propia suerte y en el que la resocialización no es siquiera un anhelo, sino apenas un ideal inalcanzable. Ahora, cuando cientos de personas saldrán en libertad por cumplimiento anticipado de la pena, encontramos que los mismos nunca tuvieron opciones reales de resocialización, como posibilidades de capacitación, entrenamiento para la vida laboral, fomento de pequeñas y medianas empresas conformadas por personas reinsertadas, entre otras. La realidad es que durante ocho años, estas personas estuvieron simplemente retenidas, pero jamás se les preparó para el día de la libertad. Las posibilidades de reinserción serán casi nulas, y en la mayoría de los casos pronto los veremos retomando el sendero criminal.

De otro lado, hay que decirlo con vergüenza, muchos de quienes recuperaran su libertad lo harán sin haber sido condenados. En la mayoría de los casos, nos encontramos frente a personas que ya purgaron el máximo de una eventual condena que jamás se produjo, lo cual es realmente preocupante en términos de la garantía por los derechos del hombre, mismos que se desconocen una y otra vez en nuestro medio de manera irremediable.

En términos generales, creemos que los objetivos de la Ley de Justicia y Paz se cumplieron, la experiencia nos enseñó muchísimo como país, por lo que, con sus ires y venires, creemos que fue una muy buena ley para nuestro país.

Queda mucho por aprender, pero experiencias como esta nos deben demostrar que cuando ponemos todo nuestro ingenio y talento, podemos hacer leyes a la medida de nuestras necesidades, sin tener que importar normatividades foráneas, a las que se les hace la venia solo por haber sido ideadas más allá de nuestras fronteras.