Jorge Orlando Melo www.jorgeorlandomelo.com

Colombia ha contribuido poco al desarrollo de la ciencia o la tecnología. Con algo de esfuerzo podrían identificarse unos casos notables: la válvula de Hakim, el güinche, algunos elementos del marcapasos, el café resistente a la roya.

Esto es así porque el sector productivo prefiere usar tecnología importada, cuando está ensayada y no hay que asumir los costos y riesgos de la investigación. Nuestros empresarios creen que es más barato esperar a que en otras partes mejoren la tecnología, diseñen los aparatos, descubran las drogas que curarán nuestras enfermedades. Por otra parte, las universidades, hasta hace unos cincuenta años, formaban solo profesionales, que aprendían a aplicar procedimientos desarrollados en otras partes. Desde mediados de los sesenta, sin embargo, han intentado, con ayuda del Estado, que creó en 1968 a Colciencias, convertir la investigación en parte esencial de su trabajo. Hay resultados: más profesores de tiempo completo, programas de formación de científicos y apoyo financiero para los proyectos de investigación. No obstante, si se compara a Colombia con otros países de desarrollo similar, seguimos siendo muy débiles: la parte del PIB que se gasta en investigación y desarrollo es mínima, la investigación casi no produce resultados, hay pocos inventos y descubrimientos que valga la pena registrar.

Apoyarse en el conocimiento ajeno es barato, y ayuda a explicar por qué en el último siglo hayamos podido industrializarnos y crecer algo más rápido que los países avanzados. Pero las ventajas de esta situación son pequeñas y limitadas. La investigación y la ciencia responden a las necesidades y condiciones de otros países, y no a las nuestras. La medicina se esfuerza más en curar las enfermedades de los países ricos que las nuestras. Si la malaria diera en Nueva York o París habría una cura hace décadas. Y un desarrollo menos mediocre habría requerido, como pasó en Japón o Corea, y está ocurriendo en China y la India, alcanzar niveles educativos que permitieran que el conocimiento se volviera factor importante de producción, de manera que pudiéramos pasar de copiar a producir ciencia y tecnología propias, que permitieran utilizar bien nuestros recursos.

Para dar un salto en este campo hacen falta más recursos y un sistema más exigente. Hoy muchas universidades investigan para quedar bien con Colciencias o con los sistemas de evaluación de la educación superior, y cumplen apenas con los rituales y formalismos necesarios. Hay cantidades de proyectos, pero casi nadie dice nada de los resultados, ni hay un sistema decente de información sobre la investigación que se hace en el país.

Dedicar el 10 % de las regalías a un Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación parecía responder a esta necesidad, pero todo indica que el Fondo va a funcionar de la peor manera posible. El dinero existe, pero la forma de distribuirlo, determinada por una reforma constitucional y una ley confusas e incoherentes, hará que no sirva para casi nada: los recursos se repartirán entre los departamentos según criterios sin relación con la capacidad científica o la posibilidad y necesidad de hacer investigación de calidad, y la administración del sistema la harán unos organismos de una estructura enrevesada y de composición política, en la que los poderes regionales van a tener la voz cantante. Uno puede apostar a que va a ser muy difícil gastar bien la plata, y que se convertirá en otro botín para los políticos locales, y en fuente de financiación para proyectos incontrolables y aparentadores, para mucho gasto en infraestructura, en equipos y laboratorios que no se usarán.

Como el sueño de una justicia eficaz o la reforma de la educación superior, la esperanza de que la investigación sea una de las locomotoras del desarrollo habrá que meterla al escaparate de las ilusiones perdidas.