La voluntad y la justicia

Andrea Rocha Granados

Abogada de la Universidad de los Andes e investigadora en derechos humanos

¿En qué sentido podría decirse que la justicia, la verdad y la memoria dependen de la voluntad política? El 24 de marzo del 2004, cuando se cumplían 28 años del golpe de Estado militar en la Argentina, el entonces recién electo presidente Néstor Kirchner sorprendió con dos gestos de un fuerte poder simbólico que marcarían la trayectoria del proceso de investigación y sanción de responsables por crímenes de lesa humanidad en ese país.

En primer lugar ordenó al jefe del Ejército que retirara personalmente los cuadros de Jorge Rafael Videla y de Reinaldo Bignone -dos de los presidentes de facto de la última dictadura- que todavía colgaban con todos los honores en uno de los muros del Colegio Militar. “Proceda”, le dijo Kirchner a un desconcertado general mientras decenas de fotógrafos y periodistas registraban el histórico hecho.

Luego se dirigió hacia la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde funcionó uno de los más grandes centros clandestinos de detención y tortura bajo el régimen instaurado en 1976 y, ante miles de personas, entre las que se encontraban integrantes de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes, pidió perdón por los crímenes cometidos durante la dictadura.

Kirchner pertenecía a lo que él mismo denominó “una generación diezmada” de jóvenes perseguidos, secuestrados y desaparecidos en la década del setenta durante la dictadura militar. Y él, como miembro de esa generación y como presidente de la república argentina pidió perdón públicamente. Fue el acto inaugural de una decisión política de lucha contra la impunidad que hoy, diez años después, parecería verse amenazada con el inminente cambio de gobierno.

Como se sabe, menos de 24 horas después de haber sido elegido como presidente Mauricio Macri, el diario La Nación -uno de los más importantes del país, opositor al gobierno kirchnerista- publicó una editorial en el que instaba al nuevo gobernante a dar por terminado con los juicios por crímenes de lesa humanidad, al considerarlos “actos de venganza” supuestamente ejecutados por los sobrevivientes de los setenta, hasta hace poco en el poder, y sus simpatizantes.

La respuesta del gobierno saliente y de los organismos de derechos humanos fue de un repudio generalizado. Sin embargo, hubo una reacción especialmente sorpresiva: la de los periodistas de La Nación, quienes manifestaron públicamente su rechazo a los dichos de la cuestionada editorial, pidieron la continuidad de los juicios y rechazaron los riesgosos caminos del olvido.

Las políticas de memoria en Argentina se han asociado a la voluntad del kirchnerismo. Si bien es cierto que a partir de ese gobierno comenzaron los avances más sustantivos en la materia, lo cierto es que la exigencia de verdad y justicia es muy anterior. Los resultados que hoy se perciben son consecuencia de una larga trayectoria que comenzó como resistencia, continuó como lucha y hoy es una reivindicación compartida -como lo demuestra la airada reacción de los periodistas del diario La Nación- por amplios sectores de la sociedad que desbordan a las personas directamente afectadas. 

Es probable que los juicios no continúen con el mismo ímpetu que antes, más aun teniendo en cuenta el origen, el perfil y las declaraciones públicas de Mauricio Macri. Y también es cierto que los procesos de justicia sí dependen de la voluntad política, aunque no principalmente de los presidentes de turno. Si hay algo que demuestra el caso argentino es que un movimiento de derechos humanos fuerte y movilizante, capaz de revitalizar simbólicamente su lucha, soporta tanto los vientos favorables -que también pueden jugar en contra- como los vientos huracanados que hoy le son claramente adversos.