La tormenta perfecta de la salud II

Andrés Flórez Villegas Socio de Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos aflorez@esguerrabarrera.com

En octubre del año pasado escribimos en este mismo espacio un artículo sobre el lamentable estado del sistema de salud colombiano. Allí señalábamos cómo las más importantes autoridades del país han realizado anuncios o tomado decisiones en materia del sistema que lo han puesto en estado terminal.

Después de ocho meses, las autoridades continúan sin tomar las decisiones que les corresponden, empeorándolo todo. Ni diagnostican los problemas de forma adecuada, ni los evalúan como debe ser, y mucho menos tienen sentido de autocrítica.

El sistema de salud no falla porque las EPS sean un desastre o porque todas sean corruptas. Afirmar o dejar entrever eso solo busca distraer la atención de los verdaderos problemas y por ende aleja las soluciones.

Para empezar, las EPS no han resultado una equivocación de la Ley 100 como muchos afirman. Gracias a ellas, el sistema de salud ha avanzado enormemente en términos de administración, cobertura y calidad. Antes de la creación de las EPS, el sistema era dominado por el Instituto de Seguros Sociales y por otras entidades del mismo estilo, la salud era de acceso restringido y la calidad dejaba mucho que desear.

¿Que las EPS tienen muchas fallas? Sin duda alguna. Pero no es porque todas sean malas o busquen un provecho indebido, sino porque el sistema que se inventaron nuestros gobernantes y jueces es ridículo. A punta de tutelas los jueces están ordenando a las EPS prestar servicios fuera del plan obligatorio de salud (POS). El Gobierno, las tutelas y la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional obligan a las EPS a prestar dichos servicios y recobrárselos al Estado a través del Fosyga.

En términos financieros las EPS tienen que prestar los servicios de salud por fuera del POS de manera inmediata (a las 48 horas de proferida la tutela, por ejemplo, so pena de desacato) pero luego deben tramitar su recobro al Estado, lo cual en el mejor de los casos toma meses. Y las cifras hablan por sí solas: un buen porcentaje no lo paga el Estado, para lo cual se arguyen razones de variopintos estilos. Llamar a los recobros un engorroso proceso burocrático palidece frente a la realidad.

Luego, no es cierto que las IPS se estén quebrando porque las EPS no les pagan. Lo cierto es que las IPS y las EPS se están quebrando porque el Estado no les paga a las segundas. Esa es la verdad, aunque las autoridades traten de distraer la atención hablando de desfalcos o de colusiones en el mercado.

Si el Estado regulara adecuadamente estos asuntos, las EPS tendrían cubiertos sus costos más una utilidad razonable. Y además tendrían como pagarle cumplidamente a las IPS. Y estas prestarían un buen servicio a los pacientes. Pero todas las fallas arrancan en la regulación del Estado y en la falta de una adecuada supervisión por parte del ente de control.

El otro problema grave es que el sistema de salud se volvió el tema favorito para que los funcionarios de las diversas ramas hagan politiquería. Bajo el argumento de que todo el mundo debe tener acceso a todos los servicios de salud que requiera, así sea sin pagar un peso, hoy tenemos un plan de beneficios que es igual para el régimen contributivo (los que pagan) que para el subsidiado (los que no pagan).

El sistema está desfinanciado y va acabar hiriendo enormemente las finanzas públicas pues le están creando incentivos perversos a la población: si se tiene el mismo plan de beneficios pagando o sin pagar, es mejor no pagar. Ya lo dijo Pambelé: ¡es mejor ser rico que pobre!

La unificación del POS empezó, en teoría, el 1° de julio de este año y obliga a todas las EPS a atender y a afiliar a las personas que vengan del régimen subsidiado de salud. Conrado Gómez, hoy exsuperintendente de Salud, explicó que “la ampliación de servicios de salud significa que más de 11 millones de personas, entre los 18 y los 59 años, afiliadas al régimen subsidiado en Colombia, van a acceder a los mismos servicios de salud que hoy tienen las personas que pertenecen al régimen contributivo”.

Muy bonitas las declaraciones, pero nefastas desde el punto de vista financiero. Para una de las EPS del sistema actualmente la UPC es de 433.000 pesos para el régimen subsidiado frente a 547.000 pesos del régimen contributivo por la prestación de los mismos servicios. ¿A quién le toca asumir la diferencia? A la EPS. Hay discusiones incluso sobre si la UPC del régimen contributivo es suficiente para cubrir los servicios que les corresponden cubrir a las EPS, luego ni hablemos de la del subsidiado. Así, ¿cómo quieren que las EPS no se quiebren o que el sistema no esté en crisis?

Al Gobierno le deberían empezar a importar menos las encuestas y más los pacientes. Para eso, bien haría en pagar lo que debe y pronto. También debería en adelante diseñar un sistema que lidie adecuadamente con el no POS y su pago en lugar de recostarse en las EPS. Y debería costear correctamente la UPC del régimen contributivo y la del subsidiado. Finalmente, el Gobierno, si quiere persistir en extender la cobertura, debería entender que ello se hace en el mejor de los casos usando los recursos del presupuesto nacional, no el patrimonio de las EPS.