La satanización de la minería abre la puerta a mayores daños ambientales

María Paula García

Especialista en Derecho Ambiental

Socia de GHER & Asociados Abogados

mpgarcia@gherasociados.com

Twitter: @gher_asociados

La minería es una actividad tradicional en Colombia que data desde la época precolombina hasta nuestros días. Sin embargo, durante toda la existencia de esta actividad ancestral, la misma se ha asociado a violencia y conflictos sociales y, recientemente, a daños ambientales.

Hace un par de décadas esta actividad era desarrollada de manera industrial por unos pocos y de manera informal y tradicional por muchos campesinos colombianos. Sin embargo, el aumento de la seguridad y la consecuente disminución del “riesgo país” puso los ojos de los inversionistas e industriales extranjeros en la minería colombiana, lo que desató el llamado “Boom Minero” de los últimos años; tanto así, que la minería se instituyó como una de las locomotoras del desarrollo económico del país, por parte del actual Gobierno.

Este boom trajo consigo, casi de manera inmediata, una serie de discusiones ambientales, pues como cualquier industria (por ejemplo, ganadería o agricultura) tiene unos impactos considerables en los recursos naturales. Lamentablemente, estas discusiones han pasado al plano de la oposición, hasta tal punto que hoy en Colombia vemos a comunidades enteras, ONG, activistas y diversos grupos de la sociedad decir de manera radical: ¡No a la minería!

Esta postura desinformada y un tanto absurda ha generado una “satanización” de la minería, desconociendo su carácter tradicional y su importancia para el desarrollo industrial y económico de las sociedades, tal y como hoy las concebimos. Pero, lo que es aún más grave, se ha optado por la oposición a la minería en general, sin diferenciar la legal de la ilegal.

Tal oposición, aunada a los engorrosos y cambiantes trámites legales, tanto a nivel de instituciones mineras como ambientales, y a la existencia de grupos insurgentes que han encontrado en esta industria un nuevo atractivo, ha hecho que las compañías mineras, nacionales y extranjeras, que operan con títulos legalmente otorgados, se vean forzadas a suspender sus operaciones y abandonar las áreas de los títulos.

Esta situación ha sido aprovechada por los mineros ilegales, quienes han entrado a ocupar las áreas y extraer los minerales que allí se encuentran de manera descontrolada y sin cumplir los requisitos legales mínimos para adelantar esta actividad.

Lo anterior ha aumentado de manera considerable la minería ilegal en todo el territorio nacional. De acuerdo con estadísticas recientes del Censo Minero Departamental, de la minería que se desarrolla hoy en Colombia el 63 % es ilegal y se ubica en más de 200 municipios del país.

Esto genera una especial atención, pues este tipo de minería es la causante de los gigantescos daños ambientales, algunos irreversibles, y de las crisis sociales que se le atribuyen a esta industria; y como se cobija bajo la ilegalidad, se escapa del control estatal.

En esta minería, por ejemplo, se utiliza el mercurio, especialmente para oro, lo que ha ocasionado que los ríos y afluentes hídricos de gran parte del país se encuentren contaminados por esta sustancia, haciendo que su uso y consumo sean altamente peligrosos. Este elemento, en cambio, no es utilizado por la minería legal, o de hacerlo es sancionado, pues no solo se encuentra prohibido en la ley nacional, sino que es un compromiso adquirido por Colombia mediante el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, firmado en el 2013.

Otro de los daños ambientales preocupantes de la minería ilegal es el ocasionado por el uso de retroexcavadoras, dragas y minidragas, que no obstante haberse prohibido en el Plan Nacional de Desarrollo, continúan utilizándose, generando erosión de los suelos, a tal grado que los ha hecho infértiles e improductivos para actividades futuras.

Los daños a las especies de flora y fauna son igualmente incalculables, pero, por tratarse de una actividad ilegal, no realiza actividades de compensación frente a los mismos.

Así, podríamos continuar con una lista de un sinnúmero de daños ambientales ocasionados por la minería ilegal, pero de nada sirve si no nos oponemos a la misma como lo hemos hecho contra la minería legal.

Por tanto, el llamado es a informarse y no oponerse a la minería en sí y porque sí, sino a oponerse a su ilegalidad, que además de ser la causante de unos gravísimos daños ambientales y sociales, no permite el progreso de esta industria, importante por su rentabilidad económica y por su especial papel en el desarrollo del país.