La revocatoria que quieren perturbar

Jaime Castro jcastro@cable.net.co

La Constitución otorga a los ciudadanos el derecho a dar por terminado el mandato que confirieron a gobernadores y alcaldes. Dispone que a través de la revocatoria el pueblo ejerce su soberanía, participa en la vida pública y controla políticamente el ejercicio del poder. La revocatoria no deduce responsabilidades penales, disciplinarias ni fiscales de los gobernantes contra los que se intenta. Es instrumento político que da lugar a proceso político, razones por las que la Corte Constitucional ha establecido que los alcaldes y gobernadores concernidos, así como todo funcionario, no pueden hacer parte del debate, invitando a firmar y a votar, o a no hacerlo, aunque los primeros y sus subalternos tienen derecho a defender su gestión, por ejemplo, explicando sus alcances y ventajas. Defender una obra de gobierno y hacer política son cosas distintas. Lleras Restrepo, como Presidente, hizo discurso que el Procurador de la época, Mario Aramburo, consideró intervención en política. Lleras respondió que se inclinaba respetuoso ante la decisión del Procurador y que, en señal de aceptación, no volvería a aparecer en plaza pública durante la campaña.

Vale la pena recordar ese gesto republicano, porque, ahora, estamos ante la presencia de un alcalde, el de Bogotá, que por primera vez en la historia política del país, quiere cambiar la naturaleza de la revocatoria, ante el temor que le produce el resultado. Por eso nombró abogado que trata de convertir la revocatoria en litigio judicial, pidiendo que se adjunten las pruebas de que no está cumpliendo su programa de gobierno o ha creado generalizada insatisfacción, cuando esas, que son las causales de la revocatoria según la ley, son determinaciones propias de la conciencia política de cada ciudadano, que no deben explicarse ni acreditarse ante ninguna autoridad.

Otro abogado, contratista del Distrito, pide que haga parte del proceso la declaración, no conocida oficialmente, de quien aceptó ser miembro del carrusel de la contratación en Bogotá. Con otras palabras, se busca que la defensa del alcalde se apoye en testimonio presunto de confeso delincuente.

Agréguese que también pidió el doctor Petro, a través de apoderado, que la Registraduría le entregara los números de las cédulas, los nombres y las direcciones de las personas que con sus firmas piden revocarle el mandato. Inexplicablemente le fue entregada esa información reservada (“datos sensibles” la llama la Ley de Habeas Data), y el alcalde y sus amigos la pusieron en manos de cientos de personas para que la procesen y controviertan las decisiones de la Registraduría que no sean de su agrado.

El enredo y la confusión tinterillezca que se pretenden crear quieren descalificar la revocatoria y evitar que la ciudadanía decida en las urnas lo que más convenga al futuro de la ciudad.

Conviene recordar que Petro como ciudadano y congresista promovió la revocatoria de un alcalde de Bogotá y que no recibió de las autoridades capitalinas la respuesta que él da ahora a quienes están inconformes e indignados con su gestión.