La paz necesita una buena justicia, señor Presidente

Omar Eduardo Gil Ordóñez

Coordinador del Área de Capacitación y Desarrollo del Instituto de Victimología de la Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga

oego69@hotmail.com

Está iniciando el segundo periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón y, entre tantos compromisos por cumplirle al país, la justicia merece un capítulo especial.

Desde el cuatrienio pasado, el gobernante de turno viene hablando de la necesaria reforma al sector justicia, pero el intento de modificación que estuvimos a punto de tener los colombianos en esta materia no pasó de ser un bochornoso espectáculo del Congreso de la República, quizás tolerado por el Ejecutivo, como dicen algunos.

Una vez más, se habla de reformar la justicia y, entonces, tenemos muy a la orden del día a las altas cortes, por aquello de la puerta giratoria y el deseo de algunos magistrados de perpetuarse en la administración de justicia, sea cual sea la rama que toque; pues parece ser que, para ciertos personajes, lo importante no es trabajar como debe ser, y sí lograr estar a como dé lugar en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia o en alguna de las dos salas, Administrativa y Disciplinaria, del Consejo Superior de la Judicatura, que por algunos, con cierta y fundada razón, se quiere eliminar.

También resulta estar de moda el tema de la Procuraduría. Su posibilidad de reelección inmediata causa molestia en quienes encontraron en el Procurador a alguien que no les permite la más mínima corrupción. No está bien visto que familiares cercanos de sus nominadores terminen en apetecidos cargos que les atraen por sus nada despreciables salarios; y ni que decir de sus electores, que, junto con otros, reclaman, y hasta arengan en contra, por la facultad que tiene el jefe del Ministerio Público para destituir funcionarios que han llegado a sus cargos por elección popular. En esto también vendrá alguna reforma.

Y hablando de la justicia, no puede faltar la Fiscalía, que, habiendo sido remozada en lo administrativo, con énfasis especial en la creación de más burocracia, según dicen propios y extraños, ahora de seguro verá venir modificaciones con la inminente reforma al Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), patrocinada por las cortes y el Fiscal General de la Nación, a quien algunos, injustamente, no dudan en calificar como el mejor jefe de debate del reelecto Presidente.

Tamaña tarea, hasta ahora no cumplida, la del poder Ejecutivo, en cabeza del economista Santos Calderón. Inmenso reto para el nuevo ministro de justicia, Yesid Reyes Alvarado, quien además de sacar adelante la reforma a la justicia, deberá atender, con medidas eficaces y contundentes, el problema carcelario, del que da cuenta un hacinamiento de más del 50 %, según reporta el Inpec, crisis que no tuvo solución con la reciente Ley 1709 del 2014; y que, entre otras tareas, también deberá liderar y diseñar el proyecto de ley estatutaria que regule el Marco Jurídico para la Paz.

Eficacia, como la que tiene la tutela, ese será el cometido del nuevo Gobierno en materia de justicia, pero, para ser eficaces, es indispensable el concurso de todos los actores, dejando definitivamente de lado intereses personales que no redundan para nada en bien del país. La eficacia es posible, cierto, pero para alcanzarla se requiere el compromiso del Ejecutivo, el compromiso de lo Judicial y el compromiso del Legislativo, quienes deberán actuar con seriedad, haciendo lo que a cada cual corresponde.

Ahora que se habla de paz, en este momento que dicen sentirse aires de reconciliación nacional, en esta irrestricta apuesta por la armonía y la equidad en el territorio nacional, no se olvide, señor Presidente, que la paz necesita una buena y verdadera justicia, muy distinta a lo que tenemos. Al respecto, el paso de los días nos dirá si esto no era más que un embeleco y una quimera más de tantas que hemos tenido en Colombia.