La necesidad de compensar a los pueblos vecinos de Santurbán

Mariela Vega de Herrera Abogada especialista en Derecho Administrativo marielavega70@hotmail.com

Afortunadamente, por la fuerza de las circunstancias que rodearon los hechos, la Greystar desistió de la licencia para explotar a cielo abierto metales preciosos en el Páramo de Santurbán. Y hubo cierta satisfacción por tal logro para los defensores del páramo, del agua y de quienes están por el respeto del orden jurídico superior. Mas no conviene dormirse sobre los laureles, porque casi de inmediato el Gerente de la empresa manifestó a la prensa que se prepara una nueva petición de permiso para extraer metales en el mismo sitio con otros métodos, que bajo diferente denominación conducen a la destrucción del páramo, dada la imposibilidad de trasladar a otro planeta las sustancias tóxicas propias de la gran industria minera y sus efectos nocivos.

También, simultáneo al regocijo generalizado, se oyó el sentido e iracundo descontento de los habitantes de las poblaciones aledañas (Vetas, California y Suratá), que temen por  la desaparición de la actividad que les prometía mejor calidad de vida; su problema inmediato es la subsistencia, que exige ingresos diarios para cubrir necesidades a corto plazo.

Frente a ellos, con sus derechos al bienestar y al progreso, están en deuda el Estado y la sociedad. No sería justo que viviendo sobre la riqueza tengan que pasar penurias. No consulta la equidad que la integridad medio ambiental y la preservación del agua, indispensables para todos, deban asumirla con mayor rigor unas poblaciones cuyas principales fuentes de trabajo son las minas. Por eso es urgente para las autoridades en las distintas instancias idear políticas que compensen a los habitantes de la región por la pérdida de oportunidades.

El debate ambientalista, si es consecuente con sus principios, debe incluir la protección de los residentes de la región, de diferentes maneras, como lo proponen expertos en la materia; el cobro por servicios ambientales mediante una estampilla, por ejemplo. Los ministerios concernidos en el asunto, las CAR, los Santanderes, el área metropolitana, los  municipios y el Sena, en asocio con los centros educativos regionales, podrían adelantar los trámites administrativos y académicos necesarios para permitir, con estrictos controles, la minería artesanal, limpia de químicos, al estilo de algunos mineros del Chocó, actividad que por su baja intensidad y pulcritud no alcanza a perjudicar el ecosistema. La profesión de guardabosques y la reforestación como actividades certificadas acreedoras de incentivos deberían ser carreras técnicas que habiliten a los lugareños para laborar, en procura de una existencia digna. Así el acceso de los pobladores de la zona al cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales del páramo genera sentido de pertenencia y los compromete en su defensa, a la vez que releva a las autoridades en estos deberes.

La otra cara de la extracción del oro la presentan grupos armados ilegales que ya invadieron esta industria, para ocasionar, a más del desastre ambiental, mayores problemas de orden público, dados los altos rendimientos económicos que genera. Frente a estos actores ilegales de la minería, la represión armada podría arrojar resultados similares a los que han quedado de combatir a la guerrilla y a los paramilitares.  

También, porque las circunstancias del momento lo ameritan, en Colombia debe continuar el debate en defensa de los páramos y del medio ambiente para efectos pedagógicos de formar conciencia sobre la importancia que revisten para la vida misma  los recursos naturales y su buen manejo. Porque si se cumplen los pronósticos del Ideam, los páramos colombianos, principales surtidores de agua, habrán desaparecido para el año 2.050 en más del 60%, por diversas causas.

En el mismo orden, se requiere que los medios, la academia y la ciudadanía prosigan los cuestionamientos de las políticas estatales relacionadas con la minería. Se impone la  delimitación institucional con fuerza vinculante de las zonas que constituyen reservas por su importancia ambiental, como páramos, humedales, cabeceras de ríos, parques naturales, entre otras, para excluirlas de toda actividad extractiva a gran escala.   

La propuesta de este Gobierno, que apunta a la equitativa distribución del presupuesto público, a la devolución de la tierra a sus legítimos propietarios, a la disminución del desempleo y, en fin, a lograr el progreso para la mayoría de los colombianos no encuentra referente en la actividad minera, que en concepto de los expertos no crea empleo de manera significativa ni logra compensar los desastres que causa en el entorno. Así lo constata el trabajo adelantado por Mauricio Gómez para el noticiero CM&, revelador de  los estragos de la actividad minera en las poblaciones por donde pasa, dejando tierras desérticas y pobreza generalizada.