¿La minería y el medio ambiente son compatibles?

Claudia Patricia Mora

Socia de Pinilla González & Prieto Abogados

¿Es posible que puedan concurrir en un mismo lugar el desarrollo de la actividad minera y el medio ambiente? La respuesta va más allá de la simple evidencia técnica, pues debemos lidiar con la paradoja de habitar un país rico en recursos naturales renovables y, al parecer, también con algún potencial en recursos no renovables que en muchos casos se traslapan. Esto último ha llevado a privilegiar los aspectos de política económica por encima de los ambientales, en un país donde la dependencia de la actividad extractiva es evidente y el tránsito hacia una economía verde se ve aún lejano.

En el afán de responder este interrogante, se han planteado discusiones alrededor de la necesidad de identificar las áreas excluidas de la minería, de asegurar el estricto cumplimiento de la ley ambiental en aquellas áreas “habilitadas” para la actividad y, entre otras, de dotar a las autoridades ambientales de alta capacidad e independencia técnicas, a la par de restringir su universo autónomo de interpretación normativa. Pero, ¿ello es suficiente? La respuesta es un contundente no; aún es necesario responder otros interrogantes.

En lo que respecta a las áreas excluidas, se ha dicho que no basta con señalar in genere a aquellas que cuentan con ecosistemas que prestan servicios ambientales necesarios para asegurar las posibilidades de vida en el futuro. Para ello, estas áreas deben estar previamente estudiadas y delimitadas. No se puede continuar con el prurito de apelar siempre a la aplicación del principio excepcional de precaución, como excusa para justificar el rezagado desarrollo de la investigación e información ambiental.

El ser humano

Tampoco pueden las autoridades ambientales perder de vista al ser humano como elemento del entorno natural y, en este sentido, es una obligación también medir los impactos de sus políticas y decisiones ambientales y procurar con sus pares del Gobierno la definición de medidas de mitigación y compensación, así como se las exigen a los demás sectores.

En las “otras áreas” de interés del sector extractivo, es un mandato buscar la forma en que puedan concurrir minería y medio ambiente, es decir, deben encontrar la manera de acompasar la política de gobierno que impulsa el desarrollo económico basado en la explotación de los recursos naturales no renovables, con la responsabilidad del Estado –no de un Gobierno de turno- de proteger sus recursos naturales.

¿Cómo es posible? Desde lo macro, aun cuando suene de Perogrullo, es necesario insistir –hasta que se alcance- en la construcción de una política de desarrollo de minería sostenible, así como en la implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica del sector de minería. Esta última, además, es una de las recomendaciones hechas en el documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre ambiente en Colombia.

En unas y otras áreas se requiere precisar el alcance de las figuras de protección (parques, reservas forestales, etc.) versus los instrumentos de planificación (planes de ordenamiento territorial –POT- y planes de manejo y ordenamiento de una cuenca –Pomcas-) y el efecto que los mismos tienen sobre el derecho de propiedad, anulando el libre ejercicio del mismo sin que medie compensación alguna, al amparo de la función ecológica que la propiedad comporta.

Roles y responsabilidades

También es preciso identificar los roles y las responsabilidades. ¿Hasta dónde el Estado? ¿Hasta dónde los particulares? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno para asegurar que se pueda desarrollar minería responsable? ¿De quién es la responsabilidad de los efectos de la actividad extractiva (sociales, ambientales, de correcta inversión de regalías, etc.) o de la limitación al desarrollo de dicha actividad? ¿Debe recaer exclusivamente en unos u otros?

Del lado del Estado, ¿existen políticas públicas claras y coherentes? ¿Hay incentivos o señales regulatorios para alcanzar el tan anhelado desarrollo sostenible? ¿La información que se suministra es suficiente para anticipar las decisiones frente al desarrollo de la actividad? ¿Son necesarias más leyes? ¿Cómo debería encausarse esa desplegada “iniciativa” legislativa que tensiona aún más la relación de convivencia?

¿Y cuáles son las propuestas concretas del sector privado para hacer coherente su discurso acerca de que minería y ambiente son compatibles? ¿Cómo demuestran o ponen en público conocimiento su inversión ambiental? ¿Están preparados para que se les haga seguimiento abierto y un debate público a sus gastos ambientales? ¿Cuál es el aporte y la participación del sector en ecoinnovación para reducir los impactos que su actividad genera?

El debate aún no termina y, tristemente, no se ha hecho con la misma rapidez con la que se ha avanzado en el desarrollo de la actividad minera. No puede perderse de vista que esta es una actividad que se impulsa por el precio en el mercado y, por ello, la tensión de la discusión no aporta. Ante una caída de precios en el mercado, es probable que las grandes empresas se vayan del país, dejando no solo el efecto ambiental, sino también el impacto social; mientras que los pequeños continuarán en su actividad que, no por ser de subsistencia, deja de generar un fuerte impacto. Ello urge a que se continúe en la discusión sobre los instrumentos de política y regulatorios que permitan el desarrollo de la actividad minera de forma acompasada con la protección del medio ambiente.