Daniel Raisbeck

Las guerras libradas en Afganistán e Iraq no acabaron con el terrorismo islámico contra Occidente. Probablemente, los nuevos ataques occidentales contra Siria tampoco lograrán impedir futuros atentados de islamistas radicales contra ciudades europeas o norteamericanas.

Como escribe el periodista británico Rod Liddle, Siria no es “un agente externo y aislado” que produce terrorismo contra Occidente. Más bien es un imán que atrae a jóvenes nacidos y criados en Europa que, por distintas razones, son radicalizados en algunas de las ciudades más ricas del viejo continente.

Las fútiles incursiones militares hacen su daño sobre todo en Medio Oriente. En Occidente, sin embargo, la guerra contra el terrorismo es peligrosa, porque les brinda a políticos de toda tendencia una excusa para socavar gradualmente las libertades básicas de los ciudadanos.  

George W. Bush, un presidente conservador, introdujo la Ley Patriota, tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 en EE UU. Aprobada de manera abrumadora en el Congreso, la ley buscaba “proteger a los americanos inocentes de los planes mortales de los terroristas dedicados a destruir EE UU y (nuestro) modo de vida”. Esto se lograría con “cambios modestos e incrementales a la ley”.

Hoy sabemos que la Ley Patriota aumentó descomunalmente los poderes de vigilancia que ejercen agencias federales de seguridad. Como explica en el New York Times el profesor de Derecho Jeffrey Rosen, el FBI pudo apropiarse sin una orden judicial de correos electrónicos, historias de navegación en internet, registros de consultas en bibliotecas, o cualquier otra “cosa tangible” perteneciente a un sospechoso. Tampoco fue necesario para la agencia demostrar alguna conexión palpable del sujeto investigado con el terrorismo.

La Ley Patriota, concluye Rosen, le entregó al Estado “poderes de vigilancia extraordinarios”. Estos fueron usados “para investigar a la disidencia política u ofensas menores, mas no a terroristas”.

Según el mismo Departamento de Justicia, el FBI abusó “extensa y seriamente” de la autoridad que le otorgó la Ley Patriota. La agencia de seguridad inició numerosos casos bajo el auspicio de esta ley contra personas que no tenían “ningún vínculo claro con el terrorismo”, escribe Rosen.

Pero el gobierno de EE UU no es el único que coarta libertades con su lucha antiterrorista. Tras los ataques del pasado 13 de noviembre en París, el presidente de Francia, François Hollande, un socialista, declaró un estado de emergencia de tres meses de duración. Como explican Le Monde y France24, este les brinda poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad; les permite limitar el movimiento de las personas, declarar toques de queda y controlar a la prensa. También les otorga el poder para requisar hogares, detener sospechosos y confiscar armas legalmente poseídas, todo sin supervisión judicial.    

Hollande, sin embargo, dijo que la guerra actual contra terroristas islámicos requiere “un nuevo régimen constitucional”. El marco legal vigente, explica, “no es apropiado”. Por ende, anunció una reforma constitucional que incluirá “una herramienta adecuada” para la toma de “medidas excepcionales durante una cierta duración”. Esto se hará “sin tener que recurrir al estado de emergencia”.

El presidente agregó que esta reforma se lograría “sin comprometer el ejercicio de las libertades públicas”. Sin embargo, es evidente que Hollande pretende crear las facultades para poder eludir en cualquier momento – por medio de “medidas excepcionales” - los mecanismos legales que protegen libertades básicas por medio de la división de poderes.

Entre mayor sea la amenaza que perciben los políticos, mayor su tentación de crear burocracia. De las cenizas de los atentados del 11 de septiembre surgió el Departamento de Seguridad Nacional, el cual emplea a 17.000 funcionarios y cuenta con un presupuesto de 61.000 millones de dólares.

Por su parte, los socialistas franceses han anunciado que los recientes ataques ameritan la creación de 8.500 nuevos cargos dentro de los aparatos estatales de seguridad y justicia.

Esto no solo significa mayores costos de operación para el Estado. También significa que el poder estatal vis-à-vis el ciudadano es mayor, y este ese concentra cada día más en manos de quienes controlan el poder ejecutivo y el aparato de seguridad.

Así sea gradual, el peligro para la libertad es palpable. Como escribió el historiador y estadista inglés Lord Acton: “la libertad consiste en la división del poder. El absolutismo en su concentración”.