La justicia sigue igual

Mariela Vega de Herrera Abogada especialista en Derecho Administrativo mvegadeherrera@gmail.com

Si tuviesen éxito los esfuerzos estatales encaminados a pactar acuerdos de paz con los alzados en armas, tal logro sería insuficiente para alcanzar un ambiente de concordia y una mejor convivencia. Las condiciones actuales del país exigen como presupuesto para su mejoramiento integral que los servidores públicos, en especial los encargados de impartir justicia, cumplan a cabalidad los deberes asignados por la Carta Política; mal puede existir una sociedad democrática, armónica e igualitaria sin una justicia diáfana, cumplida y eficiente, cualidades de las que ahora se carece tanto en lo funcional como en lo orgánico.

Infortunadamente la situación de nuestra justicia lejos de mejorar, empeora; con el transcurso del tiempo aumentan las demoras para resolver los procesos, algunos cercanos a cumplir veinte años de trámite, sin que se vislumbren correctivos eficaces a tamaña anomalía, incomprensible para usuarios del servicio que se sienten privados del derecho fundamental de acceso a la justicia.

La reciente campaña presidencial, contra las expectativas ciudadanas, no fue escenario propicio para la esperanza en materia de justicia: las mismas promesas de hace catorce años, tales como la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, el aumento de presupuesto para la rama, el despojo de funciones electorales, etc. De otro lado, académicos y periodistas identifican otras causas de la crisis: insisten en asuntos concernientes a la edad, al periodo y al origen de los magistrados o al sistema de sus designaciones, sin reparar en que esos factores no atañen de manera directa e inmediata al rendimiento y eficacia de los despachos judiciales, oficinas estas en las que persiste el atascamiento a pesar de los numerosos jueces y magistrados de descongestión, cuyo desempeño se quedó corto en resultados cualitativos y cuantitativos. Tal consecuencia es natural porque si los titulares de los despachos, funcionarios de carrera, doctos y experimentados, no satisfacen las exigencias de los respectivos cargos, difícilmente serán superados en rendimiento por quienes ostentan un nombramiento precario y provisional.

La inoperancia de la Rama va de la mano con la pérdida de legitimidad institucional, incrementada esta por la ocurrencia de escandalosos hechos cuya difusión por los medios redunda en detrimento del buen nombre y del respeto que deberían ser inherentes a la dignidad del juez; recientes denuncias en la Corte Constitucional sobre componendas electoreras, por supuesto ajenas a los objetivos propios del buen servicio, ya no alarman ni sorprenden. Estos procederes desdorosos, más cercanos al clientelismo politiquero que a los estrados jurídicos, socavan la confianza ciudadana en sus jueces y truecan el que debería ser su prestigio por repudio.

Tan crítico panorama judicial impone al Gobierno entrante la obligación de asumir con urgencia una política de Estado orientada a la superación de las dificultades; y de manera urgente, la adopción de medidas de choque que apunten a recuperar la confianza ciudadana. Si hay voluntad política, con apoyo de sectores académicos, gremios, representantes de jueces y organismos de control, una buena reforma a la justicia empezaría por atacar la mora con métodos sencillos que permitan, por ejemplo, revisar y fallar por grupos los procesos análogos. Mientras se logran avances en la descongestión deberían suspenderse permisos innecesarios, labores administrativas y electivas para dar paso a la primordial función de administrar justicia, actualmente relegada. Esta veda significaría para magistrados y jueces una tregua en la búsqueda de ascensos, y por tanto la permanencia en sus despachos para dedicar la totalidad de su tiempo al estudio de los expedientes.