La investigación constructiva: una agenda por explorar

Antonio Barreto Rozo

Director de la Maestría en Derecho, Universidad de los Andes

 

Es un cliché señalar que la seriedad de un proyecto político -como lo es el colombiano- puede ser medida tomándole la temperatura a la calidad -o a la falta de calidad- de la investigación emprendida. También parece serlo reiterar, de modo casi resignado, que Colombia padece un histórico saldo en rojo en esta materia. Al contrario de lo que el canon individualista pareciera sugerir, investigar es una delicada actividad colectiva que, como nos lo muestran los avances y conquistas de los seres orgánicos e inorgánicos, toman tiempo -mucho tiempo- para adquirir forma y un cierto grado de perdurabilidad.

 

Para empezar, una sociedad saludable es la que abre posibilidades y ventanas de investigación no solo a los mejor posicionados en términos sociales y económicos, sino a cualquiera que pudiera estar interesado en hacerlo. Es una obligación moral del país intentar pasar de la investigación de los privilegios a la investigación de las oportunidades. En mi caso, me siento privilegiado de poder hacer investigación social, pero también comprometido en que esa base de privilegio no se quede solo allí, sino que se despliegue para abrir oportunidades hacia otras agendas y hacia otras personas, particularmente las olvidadas, las invisibilizadas, las desaventajadas.

 

Más que agotar e intentar exprimir hasta su último resquicio la comprensión de un fenómeno dado -lo que en muchos escenarios se ha conocido como la comprensión total de la realidad, si tal empresa resulta posible-, la investigación actual, de modo si se quiere más austero, en su lugar parece orientarse a la búsqueda de formas posibles de ver las cosas. Como si un modo de investigar que podríamos denominar acumulativo le cediera terreno a otro que se puede acuñar como investigación constructiva. Constructiva en tanto colectiva, vale la pena enfatizar.

 

Así, problemas de investigación antes considerados como puros y asépticos en su concepción y elucubración, justamente porque se alejaban de las experiencias personales de quienes los formulaban y desarrollaban, con el paso del tiempo -y al día de hoy- se han tornado en problemas más vivos y más valiosos, en tanto más personales sean y con mayor intensidad aludan e interpelen a la frágil y siempre interrogada humanidad que nos une y que también nos separa. De nuevo, agendas de investigación constructiva como la planteada solo se obtienen con el tiempo, esto es, con esfuerzos colectivos de corto, mediano y largo aliento.

 

La experiencia colectiva y constructiva de investigar en la Facultad de Derecho de Los Andes

 

En la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, como comunidad académica que se ha construido a partir de distintas agendas de trabajo, llevamos varios años cuestionándonos sobre la mejor forma de incentivar el oficio de la investigación no solo en el cuerpo docente, sino también en los estudiantes, donde tal experiencia y forma posible de ver las cosas debería germinar. ¿Qué hace de una investigación una buena investigación jurídica? ¿Qué hace de un investigador o de una investigadora una persona calificada y competente para afrontar una agenda promisoria de investigación?

 

En primera medida debe resaltarse el carácter multifacético, interdisciplinario y transformador que debe acompañar a la investigación jurídica comprometida. Más que agotar esfuerzos para hallar la única metodología concebible, debe repararse en la combinación de las metodologías jurídicas que usualmente acompañan el estudio del campo observado. Por ejemplo, más que un dilema fatal entre lo cualitativo y lo cuantitativo, entre lo dogmático y la crítica a lo dogmático, entre la teoría y la práctica -por citar solo algunos frentes en los que, con distintos sesgos, aparecen preocupaciones similares que ven estas orillas, muchas veces innecesariamente, como alternativas incompatibles-, es posible -y acaso deseable- referir a las aproximaciones/metodologías/métodos mixtos o híbridos en el oficio de la investigación en Derecho.

 

En lugar de caer en la “guerra de paradigmas”^[1], la idea es mostrar visiones metodológicas mezcladas, concretas y aplicadas -incluso, multisituadas- en terrenos jurídicos y extrajurídicos donde la pregunta reflexiva del por qué y el cómo se investiga resulta siempre pertinente. Es ese el terreno en el que tiene lugar la investigación constructiva aquí aludida. Este esfuerzo no consiste simplemente en dominar ciertas técnicas o herramientas metodológicas -como si fueran una caja de herramientas utilizable o desechable a voluntad-, sino en crear, construir y hacer factibles horizontes de investigación que en últimas permitan la transformación de nuestras propias formas de vida, no solo como individuos sino como colectividad. En efecto, quiénes somos y qué tanto estamos dispuestos a preservar y a cambiar a lo largo de nuestras investigaciones forma parte esencial -y muy personal, para la ciudadanía y la comunidad política- de una aproximación metodológica genuinamente ética y comprometida.

 

Reflexiones de este tipo son las que han forjado los caminos de investigación incentivados en buena medida en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, desde los programas de Doctorado y de Maestría en  Derecho, de una parte, y desde la Dirección de Investigaciones, de la otra. La Maestría en Derecho y el Doctorado fueron creados para atender varios objetivos, entre los cuales vale la pena resaltar los siguientes:

 

1. Innovar en las metodologías de la enseñanza del Derecho
2. Renovar la literatura jurídica a través de una investigación de alta calidad
3. Introducir diversidad en los marcos teóricos y metodológicos dentro de la disciplina jurídica  
4. Consolidar una carrera académica en Derecho o como profesional en la formulación de políticas públicas, la práctica del Derecho y la solución de las controversias jurídicas. 

 

El inicio de actividades del Doctorado se dio en el marco de la celebración de los cuarenta años de la Facultad de Derecho, en el segundo semestre del 2008. La Maestría en Derecho, a su turno, fue iniciada en 2005.

 

Por su parte, la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Derecho tiene a su cargo promover, apoyar, gestionar y supervisar el trabajo de investigación, consultoría e incidencia que se adelanta en la Facultad. En particular, gestiona las relaciones de la Facultad de Derecho con la  Vicerrectoría  de Investigaciones  de  la  Universidad  y  con  los financiadores de los diferentes proyectos y adelanta programas de apoyo a la investigación al interior de la Facultad. De este modo, el objetivo conjunto de la Dirección de Investigaciones, Doctorado y Maestría en Derecho es promover proyectos de  investigación en colaboración  con  redes nacionales e internacionales, públicas y privadas, a través  de  la  participación  de  los  profesores  y estudiantes de los diferentes programas de pregrado y posgrado que ofrece la Facultad.

 

Como director de la Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes quisiera terminar este breve texto aludiendo a las ventajas que, en mi consideración, promueven la investigación constructiva en nuestro entorno jurídico, aún y con la serie de obstáculos que usualmente acompañan a programas de este tipo en nuestro medio. Podría agruparlas en tres nichos: comunidad académica, apoyo académico e interdisciplinariedad. Respecto al primero, debo señalar la enorme dificultad de construir una comunidad académica –– en este caso, jurídica –– en nuestro entorno. Esta realidad, que parece ser común a la región latinoamericana, sigue impactando en los irregulares estándares de investigación usualmente presentes. Conscientes de esta difícil realidad, la Facultad de Derecho busca promover debates –– continuos y sostenidos –– entre profesores y estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Ello con la participación de personas expertas nacionales e internacionales, quienes interactúan con profesores y profesoras de planta con título de doctorado y de gran experiencia académica.

 

En relación al apoyo académico, entre otros servicios, la Maestría en Derecho cuenta con el acompañamiento de directores o tutores de investigación desde el primer momento de inscripción al programa. También hay tutorías especializadas para la investigación y escritura del propio documento de tesis –– o de los distintos productos académicos que deben elaborar a lo largo del currículo académico –– realizadas desde el Centro de Español y desde la Facultad de Educación de la Universidad.

 

Las investigaciones deben además obtener un aval ético en el que se revisan los estándares axiológicos de compromiso individual y comunitario de la investigación, la cual se espera sea compartida no solo entre los agentes que hicieron posible la investigación misma sino publicada en revistas indexadas de alto impacto o en las propias colecciones de la Facultad.

 

Finalmente, en relación a la interdisciplinariedad, debe resaltarse la opción que tienen los estudiantes de cursar materias de diferentes disciplinas presentes en la Universidad, muchas de ellas homologables entre los distintos programas académicos. Si a ello se suma la posibilidad de acceder a cursos de otras universidades nacionales y en el extranjero, queda abierto el camino para que cada estudiante arme su currículo académico según sus intereses y tenga así una experiencia propia e irrepetible.

 

Son muchos los retos y desafíos que generan una agenda de investigación constructiva. Aquí solo he mencionado algunos de ellos, resaltando ciertas ventajas que veo en el programa que dirijo: la Maestría en Derecho. No me cabe la menor duda de que otros programas similares del país y de la región latinoamericana tienen estas y otras ventajas, pero en este artículo me circunscribo a las que conozco de primera mano en el entorno de investigación que me ha rodeado a lo largo de casi veinticinco años.