La globalización y las políticas locales

Gabriel Ibarra Pardo Socio de Ibarra Abogados

Es claro que la globalización no es necesariamente sinónimo de crecimiento económico, así como tampoco los tratados de libre comercio llevan per se a la generación de exportaciones o al incremento de la oferta exportable.

Así que para que la globalización trabaje en favor de los intereses nacionales y los acuerdos de libre comercio rindan los frutos esperados es indispensable que se adopten políticas industriales y de competitividad tendientes a diversificar la oferta exportable nacional.

Y por políticas industriales entiéndase el diseño de programas dirigidos a vigorizar el sector privado, a estimular la adquisición de tecnología, a promover la investigación y el desarrollo, a fortalecer las instituciones, a fomentar las industrias nacientes y a apoyar las empresas que tengan opción de competir en el mercado internacional y en el doméstico para lo cual es importante garantizar unas condiciones de competencia exenta de distorsiones y la estabilidad en las reglas de juego.

En este contexto, en Colombia se debe trabajar de manera prioritaria en tres frentes a saber: 1. El fortalecimiento de las instituciones especialmente a nivel aduanero, que se han visto en dificultades para combatir el contrabando en todas sus modalidades, la subfacturación de mercancías y la triangulación amparada en certificados de origen carentes de veracidad. 2. Rescatar los mecanismos que sirven para la diversificación de la oferta exportable y la promoción industrial como el Plan Vallejo, las zonas francas, las comercializadoras internacionales. 3. Incrementar la planta de personal de la Subdirección de Prácticas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e introducir algunas modificaciones al procedimiento así como a las instancias de decisión en aras de facilitar una aplicación más expedita de las medidas de defensa comercial.

En cuanto al fortalecimiento de la aduana, se hace imperioso restructurar a fondo y tecnificar esta entidad, así como dotarla de los recursos humanos, técnicos e informáticos adecuados para que pueda cumplir las labores que le son inherentes. En este sentido es conveniente estudiar la posibilidad de separar la aduana de la administración de impuestos; crear instancias de alzada ante el nivel central que unifiquen los criterios en torno de las controversias que se suscitan en las aduanas regionales; y crear organismos técnicos de clasificación como la antigua Junta General de Aduanas, todo ello en procura de la aplicación e interpretación uniforme y armónica de la legislación aduanera y del arancel en todo el territorio nacional.

De otra parte, no es la aduana la entidad apropiada para administrar los mecanismos Plan Vallejo, zonas francas, comercializadoras internacionales y certificados de origen, tarea que de manera sorpresiva e inexplicable se asignó a esa autoridad y que originalmente le correspondía al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La función de la DIAN es realmente recaudar los impuestos, ejercer el control sobre el ingreso y salida de las mercancías, revisar su adecuada clasificación arancelaria y verificar la correcta valoración aduanera de las mismas, quehaceres en los que debe concentrar todos sus esfuerzos.

No se ve entonces que la DIAN sea la institución idónea para administrar mecanismos de política industrial como los enunciados, labor que además guarda contradicciones intrínsecas con su función primigenia de recaudar los impuestos y de ahí, entre otras razones, la conveniencia de asignar de nuevo esa tarea al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Otro aspecto crucial para que la apertura y los tratados comerciales trabajen en pro de los intereses nacionales es la aplicación de las medidas de defensa comercial de manera sensata pero sin dubitaciones, de tal forma que cumplan eficazmente con su función de contrarrestar las distorsiones propias del contexto internacional que se generan especialmente en excedentes de producción, subsidios y en exportaciones originarias de países en donde no imperan las fuerzas de la oferta y la demanda.

Estas distorsiones implican una seria amenaza para la industria, que se torna más vulnerable en un entorno de apertura, y pueden conllevar costos sociales inconmensurables para el país, máxime si se tiene en cuenta que en Colombia se presentan condiciones de pobreza extrema.

No en vano, economías más sólidas que la colombiana aplican estas medidas de manera decidida cuando se amerita hacerlo.

En relación con este tema, es menester revisar las instancias de decisión que determinan la adopción de medidas de defensa comercial en Colombia, de tal forma que el procedimiento pueda surtirse de una manera más expedita. También es aconsejable incrementar el personal de la Subdirección de Prácticas.

No debe olvidarse que las políticas en torno de la internacionalización de la economía tienen también una dimensión social y en este sentido es pertinente citar las reflexiones del famoso político John Gray, según el cual, “La persecución de la eficiencia económica sin tener en cuenta los costos sociales es en sí misma irracional. Alcanzar la máxima productividad a expensas de la destrucción social y de la miseria humana es un ideal anómalo y peligroso”.