La encrucijada de la justicia

Ante las dimensiones catastróficas que ha adquirido la crisis de la justicia colombiana por cuenta de lo ocurrido recientemente en la Corte Constitucional, el país debe emprender sin más demora los ajustes que requiere el poder judicial en aras de recuperar su dignidad y legitimidad. La crisis, que no es reciente y que involucra a todos los niveles de la administración de justicia, pone en jaque no solo la prestación de una función esencial a cargo del Estado sino que representa una grave amenaza a la estabilidad institucional si se tiene en cuenta que en Colombia conviven un excesivo presidencialismo y un desprestigiado parlamento. La justicia era, hasta hace algunos años, bastión de equilibrio y ponderación en medio de esos dos poderes públicos, cuando no instancia de ejemplares pronunciamientos en derecho.

Despojar a las altas cortes de sus funciones electorales; eliminar el Consejo Superior de la Judicatura para dar paso a un órgano verdaderamente gerencial que garantice eficiencia y transparencia en la ejecución de una política pública para el poder judicial; elevar las exigencias y requisitos éticos y profesionales para acceder a la alta magistratura; revisar los alcances de la acción de tutela para recuperar su espíritu de mecanismo de excepción y evitar que afecte las decisiones de cierre; definir una instancia expedita y confiable para la investigación y juzgamiento de magistrados y aforados con plena garantía del debido proceso; y prohibir la llamada “puerta giratoria”, que permite el salto de una alta corte a otra, son algunos de los puntos críticos que deben resolverse sin más dilaciones.

Mientras crece el descontento ciudadano por cuenta de los viejos y nuevos escándalos, algunos magistrados parecen más preocupados por defender sus propios intereses que por salvaguardar la dignidad de la justicia. Otros, rechazan de tajo cualquier propuesta de reforma con el argumento de que se trata –a priori– de un atentado contra la autonomía de los jueces. Si tanto molesta lo que buena o equivocadamente defienden Gobierno Nacional y Congreso, es de esperar que las altas cortes también discutan propuestas serias en diálogo con los demás poderes públicos a fin de que puedan tramitarse los ajustes de fondo que el país exige. Más allá de la agitada coyuntura política, lo más conveniente a este propósito sería impulsar una Asamblea Constituyente que según lo dispuesto en el artículo 376 de la Carta Política, se ocupe exclusivamente de las reformas a la rama judicial.

El equilibrio de poderes debe entenderse no solo en función de controlar y detener el abuso de poder de una rama del poder público en desmedro de otra, sino también de facilitar su legítima interlocución en torno a intereses y preocupaciones comunes e inherentes al interés general, como lo son, por supuesto, las que atañen a una administración de justicia eficiente y confiable para el ciudadano.

*Estas notas editoriales no tendrán una periodicidad permanente; aparecerán solo cuando así lo decidan la Dirección y el Consejo Editorial de ÁMBITO JURÍDICO.