La descongestión en marcha

Néstor Humberto Martínez Neira Socio de Martínez Neira Abogados Consultores

Definitivamente, la reforma a la justicia, para que sea pronta y cumplida, no está asociada exclusivamente a la reformulación constitucional de los pilares sobre los que se estructura su funcionamiento.

Es necesaria una visión integral de su problemática y, ante todo, descender al terreno de su compleja realidad, donde no cuentan de manera relevante los celos de poder, o el interés político en cooptar institucionalmente al poder judicial y otras tantas cosas. Lo que al final quiere la gente es que se facilite el acceso ciudadano a la justicia y se resuelva el problema del atraso judicial. Felizmente, en estos dos aspectos, las noticias son alentadoras.

De un lado, hay que celebrar que el Plan Nacional de Desarrollo haya propuesto una norma que busque acercar la justicia al ciudadano de a pie, en medio de una sociedad excluyente en la que son marcadas las barreras para acceder a este servicio público: costos, intermediación profesional, información, distribución geográfica de los despachos, etc. Por tal razón, la posibilidad de que el Gobierno, por conducto del naciente Ministerio de Justicia y del Derecho, contribuya a ofrecer justicia pronta a los sectores marginados en asuntos de familia, de derechos del consumidor y otras materias es una gran noticia y una gran oportunidad para hacer de las casas de justicia instituciones más eficaces en la tarea de contribuir a la solución de las causas menores, cuya indefinición termina siendo una de las fuentes de mayor conflicto social.

Por ello, parece mezquino que algunos sectores hayan pretendido impugnar esta iniciativa, para impedir que un ente gubernamental, a través de una consolidada infraestructura que puede afianzar los métodos alternativos para la solución de conflictos, más allá de la simple conciliación, acerque dichos instrumentos al ciudadano  común, en la tarea de ofrecer un mayor conjunto de posibilidades para resolver las diferencias privadas. El monopolio de la justicia es del Estado y, según la Constitución, de él también forma parte la Rama Ejecutiva. Es que, en últimas, no se trata de suplantar el poder judicial, sino de tener una mayor oferta de justicia para pobres.

Por otro lado, es evidente que el Consejo Superior de la Judicatura ha puesto en marcha un decidido plan de descongestión, para resolver el problema del atraso judicial, que se esperaba desde hace mucho tiempo. Es lamentable que una iniciativa de estas se haya pretendido llevar a cabo hace 15 años con financiamiento internacional y se haya abortado por desinterés de las autoridades. Lo cierto es que hoy se ha creado un importante número de jueces de descongestión, que habrán de contribuir necesariamente a resolver el problema del atraso y a permitir que los juzgados tradicionales se pongan al día para dar tránsito a la justicia oral, que concibió la Ley 1395. Aunque en algunos medios se ve con escepticismo la creación de los juzgados de descongestión, por su carácter fugaz, y ante todo por una presunta falta de tradición del equipo que los acompaña, lo cierto es que en el sector empresarial y en algún sector más vanguardista de la profesión, se mira el asunto con pragmatismo. Porque es imposible romperle el espinazo a la morosidad sin que se haga un borrón y cuenta nueva. De hecho, algunos empresarios que han visto trasladar sus procesos de los ancestrales juzgados a los juzgados de descongestión manifiestan que prefieren un fallo pronto que una justicia tardía. Gran reto el que tienen por delante tanto el Consejo de la Judicatura, como los nuevos juzgados de descongestión.

Pero ese propósito de modernizar la justicia y acercarla al ciudadano debería acompañarse de acciones menores que faciliten la vida en los juzgados. Para quienes  constituye una devoción el ejercicio del Derecho en la baranda misma, es evidente que con pocas medidas, de naturaleza simple, se producirían verdaderas trasformaciones. Anoto  algunas de ellas:

- Los juzgados no debieran ser los encargados de tramitar los oficios, que tanto los congestiona. La ley debería autorizar a las partes, para que, en buena fe, ellas los diligencien directamente y los impulsen ante autoridades y terceros, adjuntando copia de las providencias respectivas, por ejemplo, para citar testigos y llevar a cabo embargos o desembargos.

- Todos los juzgados deben tener tecnología informática de punta. Los computadores deben ser de última generación y prestar un eficaz servicio, con lo cual se impedirá que las audiencias se frustren o, lo peor, se “pierdan” como suele ocurrir.

- Las impresoras deben ser modernas. Las impresoras de punto que se ven en los museos de los países desarrollados son el único instrumento de trabajo de nuestros funcionarios judiciales.

- Hay que reducir a lo fundamental la actividad probatoria, obligando a las partes a ser realmente selectivos, autorizando e imponiendo, en lo posible, que ciertas pruebas se produzcan sin intervención judicial. Así podría ser con la exhibición de documentos  o con la práctica de testimonios o reduciendo el número de testigos que pueden llevarse a los procesos, para evitar esa lánguida cola de sosos testimonios que nada aportan y solo constituyen  una pérdida de tiempo para todos.

- Las providencias judiciales deben limitarse a ser lo que deben ser y prohibirse esa farragosa cita de hechos, alegatos y trascripciones de jurisprudencia, que constituye el 90% de las mismas y para cuya elaboración se entrega innecesariamente el tiempo de los sustanciadores y jueces.

En fin, son muchas las pequeñas transformaciones que pueden contribuir a mejorar el servicio judicial. Lo cierto es que parecen existir vientos favorables para que alcancemos una transformación del servicio, vieja ilusión que se ha visto aplazada por un divorcio entre la sociedad civil, la justicia y los gobiernos de turno… y tal vez porque a los reformadores poco les gusta la baranda judicial. ¡Lástima!