Freddy Ordóñez

Investigador Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA

@Freddy_Ordonez

Como es de público conocimiento, el jueves 14 de mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) suspendió las aspersiones con glifosato de los cultivos de uso ilícito, a partir del concepto presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social, ante el nuevo informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El concepto del ministerio y los estudios científicos que lo avalan no se refieren al empleo contra la coca o a una concentración determinada del herbicida, sino que dan cuenta de su toxicidad (por un principio activo) y su condición de probablemente carcinogénico en humanos, puesto que existe una asociación positiva entre exposición humana por uso agrícola del glifosato (comercializado como Roundup por la empresa estadounidense Monsanto) y el riesgo de padecer cáncer (linfoma no Hodgkin).

El movimiento campesino celebró el final de las fumigaciones con glifosato, ya que es una demanda que había elevado desde la década de los noventa, muy especialmente con la implementación del Plan Colombia. Mantener la política de fumigaciones como forma de “derrotar” los cultivos de uso ilícito, aunque absurda, es defendida por el procurador Alejandro Ordóñez (quien afirmó que a partir de la decisión “el país se hundirá en un mar de coca”) y el Ministerio de Defensa (donde se están examinando otros herbicidas para aspersión). La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha indicado cómo el desarrollo alternativo (demanda del campesinado) es una opción más efectiva que las fumigaciones: “El desarrollo alternativo en Colombia ha contribuido a la disminución sostenible de los cultivos ilícitos al otorgar opciones sostenibles de sustento que remplacen los ingresos provenientes de las economías ilícitas”[1].  

Ahora bien, no está de más señalar que en documentación oficial –como el concepto emitido por el Inderena en 1984[2] y la Resolución 005/2000 del mismo CNE– ya se había advertido de riesgos potenciales en relación con la salud humana, el medio ambiente y las actividades agropecuarias. Así las cosas, la decisión, aunque bienvenida, llegó tardíamente.

Sin embargo, los problemas socioambientales del glifosato no se limitan a su empleo para fumigar cultivos de coca. Silvia Ribeiro, en el diario mexicano La Jornada, presenta datos que dan cuenta de por qué la preocupación por el uso del herbicida debe ir más allá de su utilización para fumigar cultivos de uso ilícito, debido a que su aplicación está relacionada directamente con afectaciones a la salud humana, tales como la presencia de residuos de glifosato en orina humana y en leche materna, al igual que en el agua que se consume en escuelas brasileñas. Por su parte, el portal grastronomiaycia.com relaciona estudios sobre hallazgos de trazas de glifosato en cereales para el desayuno, miel, salsa de soya, diferentes harinas de cereal, leche de fórmula infantil e incluso en leche materna.

En Colombia, el glifosato afecta la fauna y el ambiente. Según estudios realizados por el Grupo de Investigación en Toxicología Acuática y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, en concentraciones menores de la que se usaba para fumigar coca, el herbicida puede ser letal en peces como tilapia, yamú, bocachico y cachama blanca.

No obstante, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mantuvo el uso del glifosato para fines agrícolas, desconociendo este tipo de situaciones, el riesgo potencial y la necesidad de aplicar el principio de precaución. La entidad fundamentó su decisión en que “el manejo y forma de utilización del herbicida en la producción agropecuaria no produce efectos nocivos en la salud, cuencas hídricas y sistemas ambientales”. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) celebró el anuncio. La determinación del ministerio es una muestra del poder político y económico del sector privado y de lo que es la configuración del régimen alimentario corporativo en el país.

Se debe señalar que Monsanto hace presencia en Colombia no sólo a través del glifosato: la empresa norteamericana, por intermedio de la Compañía Agrícola Colombiana SAS, ha logrado autorización del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para la importación y uso para siembra comercial de maíz y soya transgénico, destinados al consumo animal y humano. Es conocido que sus semillas modificadas son inmunes al uso del glifosato, por lo cual quien usa la semilla, usa el herbicida.

Con todo, los transgénicos de Monsanto tienen otras implicaciones: el mismo ICA multó con 500 millones de pesos a la Compañía Agrícola Colombiana por publicidad engañosa, al afirmar que una variedad de algodón transgénico comercializado lograba un control de plagas del 97 %. En otras latitudes, Monsanto también ha debido pagar, como ocurrió en EE UU, donde la multaron al conocerse que en Indonesia la multinacional, mediante sobornos, trató de derogar una legislación para someter a una investigación seria el algodón biotecnológico[3]. 

El pasado 23 de mayo, después de tomada la decisión del CNE, se celebró la Marcha mundial contra Monsanto. En Colombia hubo razones para festejar con la suspensión de las fumigaciones, pero la continuidad del herbicida en la producción agrícola –ligada a la presencia de los transgénicos de la empresa– es otra razón para manifestarse y abre la puerta a un debate que ahora se inicia en el país.