La constituyente: propuesta válida, pero no viable en la Colombia de aquí y de ahora

Jaime Castro

Exministro y exalcalde de Bogotá

jcastro@cable.net.co

Nuestro sistema político tiene grave crisis de legitimidad. Cada día más sectores de opinión pierden confianza y credibilidad en sus instituciones y hasta en el régimen democrático que las soporta. El Fiscal General ha dicho que no menos de 56 congresistas son “rezago” de barones electorales condenados por paramilitarismo. Varios más son producto de la compra de votos y otras prácticas indebidas. Las fallas de la administración de justicia son cada vez mayores. El gobierno cohabita con las situaciones así resumidas y no hace nada para superarlas. Los partidos guardan silencio. Son meras fábricas de avales, financiadas por el Estado. Las administraciones territoriales, en su mayoría, están en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como verdaderas mafias políticas.

Se requiere por ello una gran reforma político-institucional que, en principio, debe hacerla el Congreso, pero las cámaras, hasta ahora, han fracasado como poder constituyente ordinario de la Nación y continuarán fracasando cada vez que intenten ejercer esa suprema facultad, por varias razones. En primer lugar, porque no gozan del respeto y el prestigio que tuvieron en otras épocas y que debe acompañar a quien adopte o reforme las reglas de juego que organicen la vida política, económica y social del país.

Luego, porque el Congreso ha “chamboneado” en el ejercicio del poder constituyente que le corresponde. Volvió colcha de retazos la Carta del 91 mediante la aprobación de 39 actos legislativos, la mayoría de ellos innecesarios, porque las materias que regulan bien hubieran podido tratarse con la expedición de una ley o un simple acto administrativo, a más de que de ninguno de ellos puede decirse que estructure un nuevo sistema político o una nueva forma de gobierno. Son tantos los errores cometidos por las cámaras que la Corte Constitucional, por razones de fondo o forma, ha tumbado cinco de esos actos legislativos y varios incisos, parágrafos y expresiones de otros más.

Inhabilitado el Congreso para hacer la reforma quedan dos opciones: el referendo y la constituyente. Del primero habló el Gobierno para la refrendación del acuerdo que se firme en La Habana, pero como las Farc son partidarias de la constituyente, puede ser este el instrumento que finalmente acuerden las partes. A lo anterior agréguese que el expresidente Uribe, aunque con algunas reservas, también es partidario de la constituyente. Esa coincidencia política, sin embargo, y aunque suene paradójico, en vez de sumar y facilitar su convocatoria, puede dificultar, hasta hacer imposible, el acuerdo que se requiere para reunirla: ley que debe ser aprobada por mayoría calificada, votación popular de más de 12 millones de ciudadanos que ratifiquen dicha ley y elección de los constituyentes.

Por provenir de quienes provenía, el apoyo que hace poco le dieron a la constituyente el Fiscal General y los magistrados de las altas cortes, excluida la Constitucional, hubiera podido abrirle las puertas a la reunión de un cuerpo constituyente que, por su origen y calidades de sus miembros, nos sacara del limbo institucional en que estamos. Habría llenado el vacío dejado por el Congreso y el referendo que el Gobierno dice tener reservado para los acuerdos de La Habana. Pero ocurrió todo lo contrario, porque el documento de tan altos dignatarios judiciales, en vez de haber oxigenado la idea de la constituyente, le hizo daño, pues fue fácil entender que sus puntos de vista obedecían a razones corporativas, casi que personales, en relación con un proyecto que recorta atribuciones que no debe ejercer la Rama Judicial y somete a los firmantes del documento a controles y procesos con los que no están de acuerdo. 

Lo anotado permite concluir que no tendremos pronto la gran reforma político-institucional que la Nación requiere y reclama. Mientras tanto, debemos conformarnos con las reformitas que expida el Congreso, como la que ahora, pomposamente, llama de equilibrio de poderes.